En lo que se refiere a la labor de la Defensoría,  la actividad no se agota con la dictación de la sentencia condenatoria, sino que continúa con posterioridad y sólo culmina cuando la resolución que dicta el tribunal  ha sido cabalmente cumplida.

Hasta hoy, el compromiso de prestar defensa jurídica técnica a las personas  condenadas por falta, crimen o simple delito, hasta el término de su condena, ha sido un  proceso paulatino que ha ido involucrando en un principio ciudades como la Serena (2007) y la región del Bio Bío y la Región Metropolitana (2009), dentro de un plan de implementación gradual.

Por nuestra parte, como Región de Aysén, desde el 2011, se viene gestando  con recursos propios,  la implementación de  un Plan de Atención a la población condenada del penal de Coyhaique que pertenecen a la Reforma Procesal Penal, ello como una manera de hacer carne el derecho de todo condenado a tener defensa jurídica, sin esperar la implementación del programa nacional de defensa penitenciaria.

Precisamente, para abordar este ítem, es que este pasado viernes se realizó en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Coyhaique, una charla de difusión sobre derechos y obligaciones que les asisten a los internos condenados  y las posibilidades que tienen de optar a beneficios durante la ejecución de condena. En tal charla, la Defensoría, informó que durante este año se implementará en la región un plan de atención a la población condenada que tiene como propósito prestar  asesoría jurídica a las personas que se encuentran cumpliendo una condena. Los objetivos de la defensa penitenciaria ofrecida son  informar a los internos sobre sus derechos, obligaciones y posibilidades durante la ejecución de su condena; y representar legalmente a los internos en sus peticiones de beneficios y otros.

Muy por el contrario de lo que la sociedad pudiere considerar, las personas que cometen delitos y son encarceladas, no pierden su condición de persona, y es en este punto en donde me quiero detener, ya que al igual que usted o yo, las personas privadas de libertad y condenadas al cumplimiento de una pena tienen derechos:  a la educación, a la salud, a mantener el vínculo con sus familiares, y principalmente tienen derecho a defensa. El cumplimiento de estos derechos es fundamental para  la reinserción, y aún más es necesario que ellos conozcan que continúan manteniendo derecho a defensa, ya que esta difusión realizada por un abogado defensor les permitirá efectuar acciones conducentes a exigirlos o a evitar que estos derechos sean vulnerados.

El esfuerzo que realizará este año la Defensoría será en pro de entregarles  acceso a la justicia y a la defensa penal de las personas condenadas y por tanto, tendrán la posibilidad cierta de contar con un abogado defensor.

Esperamos que la representación que realice la Defensoría, pueda abarcar y dar respuesta a las demandas y necesidades de los condenados, ya que  no es posible olvidar  a las personas que están encerradas, sino que como sociedad debemos hacer lo posible para rehabilitarlas, lo que incluye mejorar su calidad de vida en la cárcel, sobre todo sabiendo en las condiciones que se encuentran las cárceles en nuestro país.

En la ocasión, la defensora penal, explicó paso a paso cuáles son los beneficios intrapenitenciarios que los condenados pueden optar en la etapa final de sus penas, y que están regulados por normas internacionales y chilenas, permitiéndoles el espacio a mantener lazos familiares, el acceso a capacitación, estudios y trabajo, beneficios e instrumentos que forman parte importante de las actividades de reinserción social.

Paralelamente,  la defensora, mantuvo un diálogo fluido y ameno con los internos, pudiendo   responder sus dudas e inquietudes en torno a su situación penal. En casos más complejos, se comprometió a responder de manera personalizada a sus requerimientos, razón por la cual, muchos de ellos se anotaron en un listado solicitando entrevistas.

Defensa penitenciaria

De igual forma, Ximena Gutiérrez les informó que durante este año se implementará en la región un plan de atención a la población condenada que pertenecen a la Reforma Procesal Penal,  y tendrá como propósito prestar  asesoría jurídica a las personas que se encuentran cumpliendo una condena.

Esta medida responde a una obligación legal de la Defensoría Penal Pública que establece el Código Procesal Penal, el que indica que la labor del defensor continúa con posterioridad a la dictación de la sentencia definitiva, y sólo culmina cuando ésta ha sido cabalmente cumplida.

En este sentido, el Defensor Regional, Juan Carlos Rebolledo, mencionó que en materia de defensa penitenciara, el derecho a asesoría jurídica debe seguir ejerciéndose por los detenidos, “ya que les permite acceder a beneficios y contribuye a la supervigilancia en el cumplimiento de sus derechos humanos”. 

Finalmente, en torno a la representación legal de los internos en sus peticiones, mencionó que no es posible olvidar en el encierro a las personas,” sino que como sociedad debemos hacer lo posible para rehabilitarlas, lo que incluye mejorar su calidad de vida en la cárcel, sobre todo sabiendo en las condiciones que se encuentran las cárceles en nuestro país” expresó.

Rebolledo detalló que de las 34 personas detenidas por las protestas,  21 fueron detenidas en Puerto Aysén y 13 en la comuna de Coyhaique, entre hombres, mujeres y menores de edad, quienes en su mayoría fueron detenidos por desórdenes en la vía pública y por lanzar piedras. No obstante, en Puerto Aysén,  un detenido fue formalizado por  infracción a la ley de armas y uno por porte de una bomba molotov.

En Coyhaique, en tanto, dos personas –entre ellos un menor de edad- fueron formalizadas por maltrato de obra a Carabineros.

El defensor regional destacó el trabajo desplegado por los defensores, señalando que ellos se han constituido en los cuarteles policiales y se han entrevistado con todos los detenidos, aun cuando posteriormente algunos de ellos hayan sido representados por un abogado particular.

Puerto Aysén

La defensora local jefe de esa comuna, Ruth Vallejos, señaló que desde que comenzaron las manifestaciones, 16 personas han sido formalizadas por los delitos de desórdenes públicos, y a dos de ellos además se les formalizó por el delito de porte de artefacto explosivo incendiario y por infracción a la ley de armas.  No obstante, destacó que del total de formalizados por efecto de las protestas, la Defensoría ha representado a ocho detenidos, entre ellos tres mujeres y dos hombres por el delito de desórdenes públicos, declarándose ilegal la detención de tres personas.

De los demás formalizados, la abogada Vallejos, informó que los  detenidos han sido defendidos por un abogado particular contratado por el Sindicato de Pescadores.

Coyhaique

En tanto, en la comuna de Coyhaique, se han formalizado 13 personas, dos por el delito de desórdenes públicos, nueve por el delito falta (arrojar piedras u objetos contundentes a la vía pública) y dos jóvenes detenidos por maltrato de obra a Carabineros.

En relación a las detenciones, el defensor licitado, Marcelo Panichine, manifestó que el pasado viernes 17 representó a tres jóvenes que fueron formalizados por lanzar piedras y, en el caso de dos de los detenidos, se agregó el delito de maltrato de obra a Carabineros.

De acuerdo a lo expuesto en la audiencia por el fiscal José Moris Ferrando, los imputados R.A.R.V. y G. E.V. S. de 20 años y B. I. S. C. de 19 años, fueron detenidos por Carabineros cerca de las 01.00 de la madrugada del mismo día en las inmediaciones de una barricada dispuesta en calle Ogana de Coyhaique, mientras arrojaban piedras al personal policial.

En tanto, de los dos formalizados el día domingo, según lo señalado por el defensor licitado, “los jóvenes, entre ellos un menor de edad, habrían sido identificados por uno de los Carabineros entre una turba de 25 personas”.  Al cierre de la audiencia de formalización, el menor de edad quedó en libertad con las cautelares de firma quincenal, arraigo regional y con la prohibición de acercarse a la víctima. El plazo para el término de la investigación para ambos jóvenes es de 60 días.

El hecho de que el juez hubiera preferido los servicios de la Defensoría Penal Pública fue destacado por el diario La Estrella de Arica, el cual colocó la audiencia de formalización como su titular principal.

En la audiencia, la defensa fue asumida por el Jefe de Estudios Regional, Víctor Providel, quien solicitó el sobreseimiento “porque consideramos que los hechos por los cuales lo formalizó el Ministerio Público no son constitutivos de delito”. Por su parte, el Juez Mauricio Pontino no acogió tal petición y fijó 60 días de investigación.

El dato más aclaratorio de este informe señala que desde el año 2006 a la fecha, ha aumentado en un 113,8% el total de imputados que han sido sometidos a la medida cautelar de prisión preventiva y que al término de la investigación y posterior juicio oral en su contra se logra establecer su inocencia, no logrando reparación alguna con posterioridad.  De esta cifra 113,8% el informe revela que de 275 imputados enjuiciados el 2006 se ha aumentado a la cifra de 588 personas dejadas en libertad el año 2011.

También el informe detalló un aumento de 15,1 % en el total de causas atendidas el año pasado a nivel nacional, las que sumaron 369 mil 950 causas de inculpados, lo que implica 48 mil 616 causas más que en 2010.

Otro antecedente preocupante por su componente social, se relaciona con el sostenido aumento que muestran las cifras en delitos relacionados con Violencia Intrafamiliar, ya que desde el 2006 a la fecha, ha aumentado desde un 6,2 por ciento a 35 por ciento el año pasado.

Desde una mirada local, podemos señalar que estos antecedentes,  si bien reflejan la existencia de un alto número de detenciones que han terminado en libertad, nos demuestra asimismo, que la Defensoría Penal Pública ha estado realizando un trabajo acucioso y efectivo en la representación de personas detenidas e imputadas, garantizando a todos los ciudadanos el derecho a contar con asistencia técnica-jurídica acorde a la nueva ley procesal penal.

Cabe destacar que el informe entregado por la Defensoría está muy relacionado con la cantidad de movilizaciones sociales ocurridas el año pasado, en donde se indica que las imputaciones por el delito de desórdenes públicos aumentaron un 62,6 % en este período. Igualmente como un hecho inusual, la región de Aysén, tuvo un considerable aumento en el número de detenciones por este mismo delito, llegando a concretarse durante el 2011 cerca de 93 detenciones, un importante acontecimiento en comparación a años anteriores, como el 2010 que se registraron 16, el 2009 11 detenciones y el 2006, 5.
 
En cuanto al ingreso de causas relacionadas con el delito de Violencia Intrafamiliar (VIF), en la región de Aysén, se puede ver una disminución con respecto al año 2011, de un 4% lo que corresponde a 95 causas menos comparado con aquellos ingresos registrados por el mismo delito al año 2010.

Finalmente, señalar que de la cantidad de delitos ingresados el 2010 en el país, en los delitos de mayor connotación social se aprecian bajas constantes desde 2007, de modo que los robos disminuyen 3,3 por ciento y los robos no violentos caen 1,8 por ciento respecto del año anterior. Esto del total de causas ingresadas en todas las Defensorías Penales Públicas del país.

Esta dependencia, ¿ha entorpecido el desempeño de la defensa penal que debe prestarse por la institución a todos quienes sean imputados  y no cuenten con un abogado particular? Podemos afirmar que su independencia en el ejercicio de la función de defensa ha sido ampliamente respetada. ¿Se ha coartado la expresión de opiniones institucionales sobre el funcionamiento del sistema penal?  Los gobiernos han sido prudentes y casi  no se han producido intromisiones de una magnitud relevante. La única que recuerdo tuvo lugar el año 2006. El entonces Ministro de Justicia reprendió al Defensor Nacional de la época por la publicación de datos sobre el hacinamiento en las cárceles y el efecto que podrían tener algunas iniciativas legislativas en la materia. 

Sin embargo existen problemas y dificultades que  derivan de la inserción institucional y que no dependen de la voluntad de la autoridad política. El Estado se ha comprometido a garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos que establece la Convención Americana de Derechos Humanos. Esto incluye la posibilidad de recurrir a instancias internacionales, un derecho cuyo ejercicio real para quienes han sido representados por defensores penales públicos requiere una institucionalidad adecuada  y recursos. Mal que mal el demandado en esos casos es el Estado.

Es necesario, que el imputado esté asistido por un defensor en situación de competir con el Ministerio Público. Esta igualdad de armas debe darse en el ejercicio de la defensa como expresión del principio de inviolabilidad del defensor. Su vigencia plena sólo podría estar garantizada para el defensor penal público en una institución autónoma. No basta que el respeto de esta autonomía dependa de la buena voluntad de la autoridad política. No hay que olvidar que muchas veces la defensa penal pública litiga contra órganos o servicios de gobierno como el Ministerio del Interior o autoridades regionales o provinciales.

De ahí la importancia de que el Senado, aprobara en general  y por amplia mayoría el proyecto de reforma constitucional destinado a consagrar en la Constitución  el carácter autónomo de la Defensoría. La iniciativa de la senadora Soledad Alvear establece que “existirá una Defensoría Penal Pública, autónoma y con personalidad jurídica, encargada de proporcionar defensa penal a los imputados o acusados que crezcan de abogado, en la forma prevista por la ley”. Confiemos en que tan auspicioso inicio conduzca a buen puerto y podamos contar con una Defensoría independiente que cumpla su misión garantizando el derecho de defensa a todos los habitantes de la República.

De esta manera, el Tribunal de Alzada dejó sin efecto la resolución adoptada por el Séptimo Juzgado de Garantía, el que había decretado el arresto domiciliario en audiencia realizada el lunes 13 de febrero.

Luego de escuchar la apelación presentada por el fiscal regional sur, Raúl Guzmán, y los descargos del defensor Carlos Mora, los jueces determinaron que se mantenían las condiciones, que el 13 de noviembre pasado, durante la audiencia de formalización, determinaron que Luciano Pitronello debía estar en prisión preventiva mientras durara su proceso.

Tras la audiencia, Carlos Mora calificó de “lamentable” la determinación del tribunal, y reiteró que nunca ha estado en la mente de su defendido la posibilidad de escapar o rehuir un juicio oral.

“Es lamentable para efectos de que Luciano se encontraba en su domicilio, tenía mejores posibilidades de lograr una más adecuada rehabilitación para lograr llegar al juicio de la forma más conveniente posible", precisó.

Luego de la audiencia, el defensor fue hasta la casa de Pitronello para informarle sobre la decisión de la Corte, y trasladarlo personalmente hasta el Séptimo Juzgado de Garantía para que se diera efecto a la decisión judicial.

Si bien los fiscales del Ministerio Público, José Morales y Luis Inostroza, solicitaban la prohibición de salir del país y la firma quincenal del imputado, el juez  del 2º Juzgado de Garantía de Santiago, Paulo Orozco, amplió la obligación de firmar a sólo una vez al mes, y dejó la posibilidad de que Dinamarca pida sustituir la medida cautelar de arraigo nacional  por la de fijar una fianza de retorno, para asegurar su comparecencia ante la justicia.

Ello, luego que en la audiencia el abogado Moraga enfatizó que Iván Dinamarca se desempeña actualmente como ejecutivo de una empresa financiera en Colombia, país donde fue anteriormente gerente general de productos financieros de la filial de La Polar, y que por el sólo hecho de habérsele involucrado sin tener mayores responsabilidades en el caso de las repactaciones unilaterales realizadas por la multitienda, “está profesionalmente liquidado en Chile”.

En su defensa, el abogado Jorge Moraga, argumentó que su representado nunca supo sobre la “normalización” que la compañía realizó con sus clientes morosos, que él ingresó en 2007 a la empresa después de 17 años de trabajar en las tiendas Ripley, que fue expresamente contratado para asumir la gerencia a cargo de la internacionalización de La Polar, y que sólo durante seis meses, desde fines de 2008 a junio de 2009, asesoró a sus ejecutivos para implementar un sistema computacional de cobranza automática de la cartera de deudores con más de 18 meses de morosidad, desconociendo si dicha renegociación era unilateral o no.

En la misma audiencia, la Fiscalía Centro Norte reformalizó al ex presidente y ex gerente general de La Polar, Pablo Alcalde, el ex gerente de Productos Financieros, Julián Moreno, a la ex gerenta de Administración, María Isabel Farah, al ex gerente corporativo de finanzas, Santiago Grage, y al ex gerente general, Nicolás Ramírez, por infracción a la Ley de Bancos, acusados de infringir el artículo 160 de la Ley General de Bancos, que castiga la obtención de créditos utilizando información falsa, uno de los cinco delitos que presentó la Fiscalía en diciembre.

Durante el encuentro, Fuentealba señaló que “esta charla se enmarca  dentro de  los lineamientos de la Defensoría Nacional en orden a orientar y apoyar a los condenados en las etapas posteriores a la sentencia y que busca difundir aquellas normas relativas a diversos beneficios, sus requisitos y procedimientos de obtención”.
En la oportunidad se informó a los internos que la Defensoría Regional participa -desde 2011- en las sesiones de la Comisión de Libertad Condicional con la finalidad de apoyar el proceso de algunos solicitantes, acompañando informes y exponiendo los argumentos en pro de los condenados.

Al finalizar la charla se contestó las consultas de los internos tomando  nota de algunos casos, de manera de realizar posteriormente un seguimiento personalizado.

El joven de 23 años resultó con heridas graves tras intentar colocar un artefacto explosivo en una sucursal bancaria, ubicada en Vicuña Mackenna, la madrugada del 1 de junio del año pasado. Producto de la detonación, perdió su mano derecha y algunos dedos de la izquierda.

Luego de la audiencia de esta tarde, el abogado jefe de la Defensoría Regional Metropolitana Norte, Carlos  Mora, se mostró satisfecho por la decisión del tribunal ya que se consideró el hecho de que su defendido se presentó voluntariamente y nunca tuvo la intención de rehuir a la justicia, pese a que cuenta con doble nacionalidad (chilena e italiana) desde los años ’90.

El profesional señaló que al estar en su domicilio el joven Pitronello tendrá una mejor atención a sus heridas y trabajar en su rehabilitación física, ya que el área de Salud de la cárcel Santiago Uno, donde se encontraba desde el 22 de noviembre último por disposición del 8º Juzgado de Garantía, no presentaba las mejores condiciones.

En tanto, el fiscal Raúl Guzmán estimó que el vuelco en este caso se da sólo en cuanto a la medida cautelar y no respecto de los delitos que se le imputan. Indicó que solicitó los audios de la audiencia para luego resolver sobre la posibilidad de apelar, ya que a su juicio aún persiste el peligro de fuga.

El cierre de la investigación en este caso fue decretado el pasado 10 de febrero y se estima que el juicio oral podría iniciarse a fines del mes de abril. Hasta entonces, el imputado deberá permanecer en el domicilio materno con un régimen de cuatro controles diurnos y cuatro nocturnos, a cargo de la unidad policial del sector.

La concurrencia, conformada por hombres y mujeres, chilenos y extranjeros, escuchó la exposición apoyada por una proyección digital en el Gimnasio Techado del complejo penitenciario. Los temas versaron respecto a los permisos de salida, libertad condicional, rebaja de condena y también sobre las obligaciones que tiene todo interno.

Providel también explicó el proyecto institucional en orden a extender el sistema de Defensa Penitenciaria, especificando que eso es lo que explicaba la difusión especial de los derechos de los condenados. Los asistentes, por su parte, consultaron principalmente por la aplicación de estos conceptos en el caso de los extranjeros; a la discrecionalidad en el otorgamiento de algunos beneficios y a la presencia efectiva de la Defensoría en el ámbito del cumplimiento de penas.

“Fue un diálogo muy abierto, franco, que a uno lo deja contento porque capta que hay problemas importantes que se pueden resolver”, indicó a manera de conclusión Víctor Providel. El abogado agregó que las inquietudes y consultas de los internos subrayan “la necesidad de contar con defensores especializados en esta etapa de la justicia penal”.

Esta es la primera charla de difusión de derechos a internos condenados que se realiza en el recinto penal de la Región de Arica y Parinacota este año, en cumplimiento del programa dispuesto por la Defensoría Nacional.

En el caso de uno de ellos se dio por cumplida su condena pues pasó 300 días en prisión preventiva, mientras que su pena sólo llegó a los 200 días. Es la experiencia de R.A.A.V, que cumplió 100 días de exceso en el penal de Alto Hospicio, según confirmó Bárbara Chandía, quien, junto a David Alvarez y Osvaldo Rosas conformaron el equipo de defensores penales públicos que actuó en este juicio. Aparte de ellos, un abogado particular tuvo a cargo a dos de los acusados.

Del grupo, dos mujeres fueron penalizadas en la categoría mayor. R.C.A. con 5 años y un día de prisión que deberá cumplir de manera efectiva, mientras que R.V.C. estará con libertad vigilada durante 4 años.

Otras seis personas deberán cumplir con penas efectivas que van desde los 541 días a los tres años y un día, periodo del cual deberán descontar los 300 días que estuvieron encarcelados preventivamente, entre el primero de abril del 2011 y al 8 de febrero de este año, fecha de la lectura de la sentencia.

De los otros cinco condenados a 541 días de presidio, dos deberán cumplir reclusión nocturna y a tres se les otorgó el beneficio de remisión condicional de la pena.

Para la defensora pública Bárbara Chandía, “fue importante que el tribunal acogiera los argumentos que clarificaban que en este caso la mayoría de los imputados no tuvo participación en un delito mayor como el que castiga el artículo 3 de la Ley de Drogas. Contrariamente a la acusación sostenida, el panorama era de transgresiones más bien por el manejo de pequeñas cantidades de droga, hasta de manera no habitual”.

La abogada especificó que para varias personas pidieron absolución por estimar que no habían cometido delito, pero en ese punto los jueces estimaron otra cosa a pesar de los alegatos.

Este juicio se hizo cargo de un conjunto de detenidos en un publicitado operativo policial realizado el primero de abril del año pasado en la población “Jorge Inostroza”. En esa oportunidad la prensa informó que se aprehendió a 14 involucrados en tráfico de drogas, incautándose también armas y municiones, elementos que no se mostraron en el juicio oral realizado el primero de febrero.

Tal operativo fue la conclusión de un año de investigación en que utilizó agentes encubiertos, grabaciones de videos y audio, fotografías, vigilancia y seguimientos.

El oficial dio a conocer, que previo a su destinación a Calama, trabajó en Arica y Parinacota donde logró reunirse periódicamente con los defensores locales, experiencia que desea repetir en la capital minera de Chile, Calama.

El defensor local jefe, Iván Centellas Contreras, señaló las funciones que a diario cumplen en la zona los abogados defensores que prestan servicio en los tribunales de justicia, destacando lo esencial del primer contacto que se debe realizar con los privados de libertad y al efecto le exhibió la nueva ficha de primera entrevista, ahondando en el acento que se coloca en el aspecto étnico de las personas dada la relevancia que en esta zona fronteriza tiene el alto ingreso de migrantes.

En una hora se trataron varios temas de operatividad de ambas instituciones, quedando fijada una reunión de trabajo formal para el próximo jueves 15 de febrero.

El caso afectó a un transportista boliviano, quien fue acusado de transgredir la Ley de Drogas en una causa en que se fijaron 70 días de investigación. El magistrado atendió los argumentos del defensor público Sergio Vilca -especializado en defensa penal indígena-, quien aseveró en audiencia que portar las hojas de esa planta no es delito, a la luz de la Ley Indígena y del Convenio 169 de la OIT.

Hasta ahora, lo habitual era que para todos los casos de hallazgo de hojas de coca se dictaminaran al menos obligaciones de arraigo y firma mensual, como ha ocurrido con otros tres casos previos registrados en los últimos meses en Arica.

Sin embargo, en la audiencia de hoy el magistrado precisó que si bien desde un punto de vista objetivo la ley es explícita al nombrar a las hojas de coca entre las sustancias cuyo transporte se penaliza, la función jurisdiccional lo obliga a no sujetarse “a la pura mecánica de las normas”, por lo que consideró que no había mérito para sujetar al imputado a medidas cautelares. 

Más aún, el juez Gonzalo Díaz agregó: “Como dato anecdótico, recordemos que cuando se inauguró la reforma procesal penal, estando presente el Presidente de la República, el presidente de la Corte Suprema, el ministro de Justicia, el Fiscal Nacional, el Defensor Nacional y todos los que seguíamos, uno de los ofrecimientos que se hizo fue justamente hojas de coca, y no resultó mayor escándalo, todo lo contrario. Más bien, en el contexto pareció razonable que ese ofrecimiento se hubiera hecho como agradecimiento a la Madre Tierra”.

EL DEFENSOR
Consultado sobre este pronunciamiento, Sergio Vilca la consideró “del todo ajustada a derecho, ya que se condice con el hecho de que el propio Estado de Chile reconoce las prácticas culturales de los pueblos originarios. En el mundo andino la hoja de coca tiene un uso ritual, es algo que debe conocerse y reconocerse, especialmente en estas fechas, que coinciden con la celebración de los carnavales en toda esta zona”.

El abogado remarcó, además, que en la audiencia de hoy se dio origen a una investigación para aclarar definitivamente el caso y que la posición de la defensa es que en este caso no hay delito alguno. Por lo mismo, Villca se opuso a que se dictaran medidas cautelares contra su cliente, porque la legislación chilena reconoce el legítimo derecho que tiene cada persona para ejercer sus prácticas culturales ancestrales.

El imputado, O.B. M.Q. , de nacionalidad boliviana, tiene 27 años y conducía un camión que ingresó a Chile por el Complejo Chungará con una carga de soya. Entre esa mercadería se encontró un saco con 8 kilos de hojas de coca, además de papa chuño (desecada), maíz y envases de un tipo de alcohol etílico que se usa en los rituales de carnavales en los pueblos andinos de Chile y otros países del Cono Sur.

Después de cinco días de juicio, el veredicto de los jueces Rolando del Río, Sergio Vásquez y Marcos Soto determinó que no existían pruebas suficientes para concluir que Irma Andrade fuera la autora del parricidio de su conviviente, José del Carmen Fernández Mora (64), hecho ocurrido el 23 de octubre de 2010 en la localidad de Villa Ñirehuao, comuna de Coyhaique.

Según la versión de la Fiscalía, el día de los hechos la mujer, su pareja y algunos amigos se encontraban compartiendo alcohol hasta que, de pronto, la víctima “discutió y se trenzó a golpes con ella y con José Luciano Nagüelquín Pérez, tomando ambos un cuchillo cada uno, atacando en diferentes partes del estómago y tórax” a Fernández Mora.

De acuerdo con el mismo relato de hechos, el occiso recibió cinco heridas corto punzantes, desplomándose en el sector de la cocina de la casa. “A raíz de las acciones desplegadas por los acusados y la inacción de la conviviente de la víctima, don José del Carmen Fernández Mora falleció a causa de una herida corto punzante penetrante toráxica complicada que le causó un hemotórax, herida que de acuerdo al Servicio Médico Legal de Coyhaique presentaba posibilidades de sobrevida”, concluyó la Fiscalía.

ARGUMENTOS DE LA DEFENSA
Al comentar las pruebas presentadas por la Fiscalía, la abogada Ximena Gutiérrez (foto interior) -defensora penal pública de la imputada- explicó que durante el juicio, “los testigos dieron muchas declaraciones, y éstas eran contradictorias con la participación de la señora Irma, y desde el punto de vista de la defensa no eran compatibles con la características de la personalidad de mi representada”.

Agregó que “existen características físicas y sicológicas que dan cuenta que doña Irma no pudo tener participación en los hechos”, como que al momento de la muerte de su pareja ella se encontraba “en un estado de crisis y  microsicosis que derivó en su comportamiento”.

Por lo mismo, la defensora consideró “satisfactorio” conseguir la absolución de su clienta, quien siempre sostuvo su inocencia en los hechos. “Creo que el trabajo serio de la Defensoría, acompañando desde el inicio del procedimiento a la acusada, dio como resultado la absolución del juicio”, explicó.

El otro imputado en la causa, José Luciano Nagüelquín, fue encontrado culpable durante el mismo juicio oral y condenado a la pena de seis años de presidio mayor en su grado mínimo.

La actividad, organizada por la Seremi de Justicia la mencionada asociación y el facilitador Luis Quiniyao , se realizó en la sede de Rakiduantum y contempló una charla de cosmovisión mapuche, un taller específico sobre esta ley y el Convenio 169 de la OIT, además de una exposición sobre defensa penal indígena, que estuvo a cargo del jefe de Estudios de la DPP regional.

El Seremi de Justicia relevó la importancia de realizar acciones de información y diálogo como éstas, pues si bien los integrantes de la asociación indígena “se encuentran muy empoderados sobre el tema, consideramos que era importante poner énfasis en algunos aspectos de esta ley”.

Víctor Oyarzún agregó que el objetivo del Gobierno en esta materia es favorecer la vinculación y la promoción de los derechos indígenas en la Región de Aysén, por la vía de entregar “herramientas muy concretas”, que permitan aprovechar en plenitud todos los beneficios de esta ley.

“El taller también nos permitió entablar un diálogo muy fecundo con cada uno de los miembros para establecer nuevas líneas de acción, generando -de paso- una relación de trabajo permanente con esta agrupación, además de vincularnos con otras organizaciones indígenas”, concluyó la autoridad regional.

DEFENSA INDÍGENA EN LA DPP
En su charla sobre defensa penal indígena, Enrique Velásquez explicó que a partir de 2011 la DPP ha sido pionera en instalar una academia de especialización en la materia para los defensores penales públicos, en convenio con la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, programa que hace efectiva la ratificación del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la OIT. Capacitación que ha sido impartida por  la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

“A nivel país, la Defensoría Penal Pública ha capacitado a un importante número de defensores en derecho penal indígena. En nuestra región tenemos a dos acreditados: Fernando Acuña, defensor local de Puerto Cisnes, y Alejandro Preminger, defensor local de Chile Chico”, destacó.

Al relevar la importancia de esta especialización, el jefe regional de Estudios destacó que no basta con conocer sobre derecho penal para defender a una persona, porque “hay muchas causas que involucran a personas de pueblos originarios, y además del delito hay temas de cosmovisión, de costumbres y tradiciones que se deben considerar”.

Quise empezar la columna de esta semana con el primer inciso de nuestra Carta Fundamental. Frase sencilla, pero muy relevante a la hora de extraer consecuencias de ella.  Por algo el constituyente empezó tan importante texto con ella.
 
Tan importante es, que marca con particular claridad el estado natural de las personas: son libres. Es por ello que cada vez que el Estado necesita restringir tal libertad, debe hacerlo de manera temporal, excepcional y legal. Es decir, nada justifica que el Estado concertadamente y de manera irreflexiva conculque de alguna forma nuestra libertad.

Es esto lo que a veces -y particularmente en verano- olvidamos, ya que cada vez son más frecuentes, y por ello supuestamente validados, los famosos planes “Estrella”, “Verano Seguro”, “Arenas Doradas” y un largo etcétera, que llevan adelante nuestras policías en toda la longitud de nuestro litoral.

Tales planes, sin temor a equivocarme, están al filo de la legalidad, toda vez que parten del supuesto equivocado, cual es que con el afán de tener unas vacaciones más seguras, las policías pueden restringir la libertad tanto de lugareños como de veraneantes sin ningún control, olvidando lo que en toda temporada y clima es exigible, cual es la legalidad de cualquier restricción de nuestra libertad.

Es que por mucho que el clima lo amerite, no se puede siquiera pedir la cédula de identidad en la calle a persona alguna (menos simplemente detenerla), sin tener al menos indicios de que tal persona cometió o va a cometer un ilícito o puede dar datos acerca de la comisión de uno.

Lo anterior no se parece en nada a lo que vemos que sucede, sobre todo por las noches en las ciudades balneario del país, ya que se procede a controlar, sin cortapisa alguna, a grupos masivos de gente, sin siquiera haber existido una llamada de auxilio de los vecinos. Y, lo que es más grave, de acuerdo con un plan, ideado y organizado de antemano por los altos mandos de las policías.

Me podrán decir que “el fin justifica los medios”, pero yo retrucaría con otra frase célebre: “los pueblos que entregan su libertad con el fin de conseguir más seguridad, lo más probable es que pierdan las dos”.

Por José Luis Craig Meneses,
Defensor Regional del Maule.

La actividad que es organizada por la Defensoría Regional de Valparaíso, cuenta con el patrocinio de la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar,  se efectuará el sábado 10 de marzo, a las 19 horas, en el Teatro Municipal de la ciudad jardín.

Al concierto que estará a cargo de Orquesta Marga Marga que dirige el maestro Luis José Recart Echenique, asistirán funcionarios, defensores penales locales y licitados, directivos de la institución, autoridades, jueces y fiscales, entre otros.

Al hacer extensiva esta invitación a  todos los funcionarios, el Defensor Regional de Valparaíso, Eduardo Morales, sostuvo que “este año queremos que el aniversario de nuestra institución se transforme en una fecha significativa”. 
 
Orquesta Marga Marga

La Orquesta que fue fundada en marzo de 2010 bajo el alero del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, como una agrupación de excelencia, tiene como objetivo difundir y promover la música de arte universal y nacional en diversos contextos culturales, educacionales y sociales del país, abarcando un repertorio que traspasa los estilos barroco, clásico, romántico, impresionista, expresionista, contemporáneo y popular latinoamericano.

Está integrada por destacados maestros chilenos y extranjeros, galardonados en diversos concursos nacionales e internacionales, con una dilatada trayectoria como docentes en diversas instituciones musicales.

La estructura de la orquesta cuenta con  tres violines primeros, tres violines segundos, dos violas, dos cellos y dos contrabajos.

En 2011 fue galardonada con la “Medalla de la Música” otorgada por el Consejo Chileno de la Música que a su vez es integrante del Consejo Internacional de la Música, y en octubre de 2011 contó con la participación del Director Brasilero Andi Pereira como director invitado en la temporada 2011.

Luis Jose Recart Echenique

Estudio violín y viola en el conservatorio de Bellas Artes, Viña del Mar, en el Conservatorio de la Universidad de Costa Rica, en el  Conservatorio Tchaikovsky de Rusia, en el Conservatorio Rimsky-Korsakov, St. Peterburgia.
 
Ha realizado cursos de doctorado en el conservatorio Rimsky-Korsakov, con especialidad de intérprete superior de viola, artista de música de cámara y profesor de viola.

De 1987 a 1992 estudió dirección orquestal en el conservatorio Rimsky-Korsakov, Sankt Peterburg, Rusia.

Ha sido Miembro estable de orquestas sinfónicas, como: Orquesta Sinfónica de Costa Rica; Orquesta Sinfónica de St. Peterburg, Rusia; Orquesta de Cámara de St. Peterburg, Rusia; Orquesta del Teatro Municipal de Chile; Orquesta de Cámara de Chile; Orquesta Do norte, Guimaraes, Portugal (solista); Orquesta Clásica de la Universidad de Santiago, Chile;  y Orquesta Sinfónica de Chile.

Ha sido director titular de la Orquesta Juvenil de Viña del Mar, director titular y fundador de la Orquesta Moderna de Santiago; Director Titular y fundador de la Orquesta de la Universidad Mayor; director invitado en la Orquesta Sinfónica de la Universidad de La Serena; director invitado de la orquesta Sinfónica de Antofagasta.

La iniciativa surgió durante la visita que Schubert realizó a las internas el pasado 24 de enero, oportunidad en que las propias internas solicitaron el aporte, que se materializó rápidamente con recursos propios del principal directivo institucional y de los funcionarios de la Defensoría Regional de Antofagasta. 

La donación fue entregada a las internas por el Defensor Local Jefe, Mario Fuentealba, durante una pequeña ceremonia en la que también participaron Aylen Torrejón Henriquez, representante de las internas, el capitán de Gendarmería Jaime Pérez López y Valentina Acuña, profesional de la Unidad de Apoyo a la Gestión de Defensa de la DPP regional.

“Confiábamos en que el Defensor Nacional cumpliría con su promesa de ayudarnos a mejorar las condiciones del centro y agradecemos a la Defensoría de Antofagasta por su apoyo”, comentó Aylen Torrejón al recibir los esperados galones.

El alto tribunal anuló el fallo original y dispuso una sentencia de reemplazo, que absolvió definitivamente a María Gallardo Carvajal, estipulando que hubo “una errónea aplicación del derecho” y que nadie puede ser condenado si el tribunal no se convence de que el acusado o acusada tuvo participación culpable en un delito.

Gallardo Carvajal, propietaria de un taxibús que en junio de 2007 volcó en la avenida Chipana de Iquique, había sido encontrada culpable de negligencia por el Tribunal de Garantía de Iquique, que la condenó a 150 días de reclusión con pena remitida.

La condena ahora anulada fue pronunciada en diciembre pasado en contra del conductor y la propietaria del vehículo de pasajeros, en referencia al accidente ocurrido hace más de cuatro años. En esa oportunidad 11 personas resultaron con lesiones debido a una falla mecánica, a partir de lo cual el tribunal adjudicó culpabilidad al conductor y también a la propietaria del vehículo, por su responsabilidad en la mantención del móvil, ya que a juicio del sentenciador ella había descuidado tal obligación.

“La Corte Suprema estimó que los hechos acreditados ante el tribunal no configuraban un actuar negligente de parte de mi representada ni ninguna otra conducta infractora, ya que la máquina tenía la revisión técnica al día”, remarcó el defensor Zenteno, quien defendió a la mujer en el juicio oral y luego preparó el recurso de nulidad ahora acogido por el máximo tribunal de justicia del país.

En este caso judicial se mantuvo la condena contra el otro imputado en el caso, quien conducía el taxibús, a causa de las lesiones diversas que sufrieron los pasajeros.

Ambos programas consisten en un aumento de la dotación de funcionarios, la realización de actividades educativas de prevención del delito y masivos controles de identidad y registros de pertenencias. De hecho, cada bus que ingresa al balneario es controlado por policías mediante operativos en los que incluso ingresan perros a las máquinas, para que revisen tanto al equipaje como a los pasajeros a bordo.

“Esa situación nos parece abusiva y que va en contra de los derechos ciudadanos, pues los controles de identidad se deben realizar –según lo indica el artículo 85 del Código Procesal Penal– bajo cuatro condiciones: la presunción de que la persona cometió un delito o que lo va a cometer; la presunción de que el sujeto puede aportar información sobre alguna causa y la presunción de que existe alguna orden judicial pendiente contra él”, explicó Alberto Ortega, Defensor Regional de O’Higgins, durante una entrevista en radio Isla FM de Pichilemu.

El abogado agregó que “cualquier otra solicitud de documento es ilegal y, por lo tanto, el requerido puede negarse.

Para el Defensor Regional, la Defensoría no sólo está para prestar un servicio y velar por un juicio justo de las personas imputadas por crímenes, delitos o faltas ante la justicia penal, sino que “nuestra labor es también resguardar los derechos ciudadanos, los que en estos operativos de seguridad se ven vulnerados”.

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En esta causa ocho de los imputados estuvieron 55 días en prisión preventiva, por lo que se declararon aliviados con esta salida alternativa.

En las numerosas audiencias realizadas, González siempre subrayó que estas personas fueron en realidad víctimas de otros cuatro ciudadanos paquistaníes, quienes organizaron el viaje a Chile cobrándoles por las visas que les permitirían ingresar al país.

De hecho, el defensor explicó que esas cuatro personas fueron las que falsificaron las visas y engañaron a sus defendidos, y por esa razón el tribunal las condenó hace dos meses en un procedimiento abreviado, luego de lo cual fueron deportados a Paquistán por orden del Ministerio del Interior.

Sin embargo, respecto de este grupo de 16 imputados, el fiscal Rodrigo Garrido aceptó darles un trato mucho más benigno, como lo muestra esta suspensión condicional del procedimiento por el plazo de un año, con las siguientes condiciones: fijar domicilio, comunicando cualquier cambio y una firma mensual ante la PDI de Iquique o Santiago según el domicilio de cada uno.

PROBLEMA HUMANITARIO
Los imputados beneficiados con este procedimiento fueron Usman Muhammad; Ali Behlum Sajjad; Tayyab Zulfiqar Muhammad; Adnam Akram; Ali Faryad; Ahmed Behlum Umair; Afzaal Hussain; Kashif Rehman; Fahad Khursheed; Saad Khursheed;  Faisal Khursheed; Abdul Ghaffar; Waseem Sawar; Shad Amanat Ali; Waseem Shahzad y Mian Anees.

Al concluir la audiencia, a cargo del magistrado Fernando Guzmán, Renato González declaró que “nuestra posición siempre fue que estos imputados en realidad son víctimas de su necesidad de buscar una vida mejor y que fueron prácticamente estafados por otro grupo de personas que en Pakistán se organizó para tramitar estas visas falsas. El éxito de la defensa es todavía muy relativo.  Lo que pretendemos es buscar la manera para que estas personas se puedan quedar en Chile, ya que existe todo un problema humanitario de por medio”, concluyó.

La comunidad estuvo representada por su longko, Domingo Gineo; su werkén, Francisco Painevilo; por el machi Fidel Tranamil y por ambas mujeres, más sus hijos y otros parientes. Por el INDH asistió el abogado Luis Torres, mientras que por la DPM concurrieron su jefa, la abogada María del Rosario Salamanca, y el defensor público Jaime López.

El objetivo del encuentro fue revisar detalles previos a la presentación de un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Temuco, diligencia que se cumplió posteriormente.

El escrito fue interpuesto a favor de S.Ll.P., de 13 años; J.Ll.P., de 9 años, y A.Q.P., de dos años y seis meses, además de otros niños, niñas y adolescentes de la misma comunidad, situada en el sector de Rofue, en Padre Las Casas.

Los niños individualizados son hijos de Guillermina Painevilo y hermanos menores de Jessica Guzman Painevilo, a quienes se busca proteger junto al resto de los niños niñas y adolescentes de la comunidad, en cuanto hecho como los ocurridos los afectan a todos por igual.

DETENCIÓN ILEGAL
En un control de detención efectuado el pasado 11 de enero, el Tribunal de Garantía de Temuco declaró ilegal la detención de Guillermina y Jessica, ocurrida el día anterior, cuando efectivos de Fuerzas Especiales de Carabineros ingresaron a su propiedad y las detuvieron mientras ambas intentaban averiguar el motivo de la presencia policial en su terreno.

En esa ocasión, la defensa pública de ambas fue asumida por la jefa de la Defensoría Penal Mapuche, María del Rosario Salamanca, y por la jefa de la Unidad de Estudios de la Defensoría Regional, Sandra Haro,  quienes lograron exhibir un video que dio cuenta de la detención y el maltrato de Carabineros hacia ambas comuneras.

En su fallo, el juez de Garantía, Federico Gutiérrez Salazar, ordenó oficiar a la Novena Zona Policial de Carabineros -a cargo del general Iván Bezmalinovic-, con el objetivo de que la autoridad policial dispusiera “la observancia de los procedimientos y en general la concordancia de los mismos al Código Procesal Penal, al Código Penal y a la Constitución Política del Estado, toda vez que de lo observado fluye que se vulneraron garantías mínimas establecidas por nuestro legislador a favor de los ciudadanos”.

De allí que –dada nuestra función- daremos una mirada preocupada principalmente de las labores desplegadas en materia de seguridad pública.

En primera instancia, quiero señalar que toda iniciativa que genere oportunidades de educación, conectividad, esparcimiento y trabajo siempre será muy significativa y contributiva para la sociedad en su conjunto, y esto cobra una especial relevancia en materia de seguridad pública, pues son estas acciones las que contribuyen decididamente a la disminución de la actividad delictual.

La comisión de delitos contra la propiedad y las personas tiene mucho que ver con las carencias económicas que pueda tener un individuo. Por tanto, un buen empleo o una buena formación educacional, que le permitan optar a un buen trabajo remunerado, puede suplir el interés de los sujetos para obtener ciertas cosas por un vía ilegítima.

En temas educacionales se han logrado concretar importantes avances que van en favor de la formación de nuestros jóvenes, como es la instalación de una sede universitaria en Coyhaique -que permitirá entregar educación de bachillerato-, la instalación del liceo de excelencia Altos del Mackay en Coyhaique o la aprobación de la Beca Patagonia, con más de 485 beneficiarios/as-

Por último, una noticia que es necesario visualizar desde ahora y en perspectiva para lo que será el Coyhaique de 10 ó 12 años más, relativa al logro del 100 por ciento de cobertura en educación pre-escolar, que brindará beneficios a escolares desde muy temprana edad, permitiéndoles tener acceso a un sistema de educación primario de calidad, con la incorporación de una alimentación sana, razonable, duradera y permanente.

Hitos que, sin lugar a dudas, nos ayudan en un largo plazo a orientar el destino  de nuestros niños y adolescentes, alejándolos del camino de la delincuencia por uno de mayor movilidad social.

En conectividad, resaltar la cobertura total en telefonía celular o acceso a internet en la región. Logro que de alguna forma contribuye a la comunicación entre los ciudadanos y los servicios, incorporando estas localidades a la socialización de la cultura y la información.

Un ejemplo claro de este gran aporte lo constituyen las solicitudes policiales, pues ahora cualquier persona que se encuentre en una zona alejada de la región puede solicitar apoyo a Carabineros con una sola llamada, dejando atrás aquellos años en que los nudos ciegos de territorios, permitieron la ocultación de delitos debido a la incapacidad de la gente de poder recurrir a los cuarteles policiales en caso de una situación grave de afectación de las personas y a la propiedad.

Referente a otro de los compromisos adoptados en el Plan Aysén -y que va en directa relación con los objetivos que busca nuestra institución-, resalto la importante inversión realizada por el Gobierno Regional en las comunas, proveniente del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).

Especialmente, destaco el aporte del 2 por ciento de cultura y deporte, que han permitido ejecutar obras que, entre otros beneficios, entregan esparcimiento a toda la comunidad y en algunos aspectos también han favorecido personal y directamente a personas privadas de libertad.

Sin ir más lejos, gracias a un convenio entre el Consejo de la Cultura, la Defensoría Regional y Gendarmería se realizaron durante 2011 dos talleres, uno de teatro ejecutado en el Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de Coyhaique, y el otro de guitarra, orientado a adolescentes del Centro de Internación Provisoria y Centro de Régimen Cerrado (CIP-CRC) de Coyhaique.

Haciendo eco de la frase “ninguna sociedad en ninguna parte del mundo erradica la existencia del fenómeno delictual, puesto que el delito es consustancial al hombre”,  ésta debiera darnos luces de que sí es posible -mediante la toma de ciertas decisiones- poder disminuirlo.

Nosotros siempre hemos invocado que las políticas sociales deben estar orientadas a la prevención, de modo tal que el sujeto no se vea envuelto en un escenario de comisión del delito.  ¿Cómo?, se preguntarán ustedes…

Con educación, espacios de esparcimiento, con un trabajo acorde a sus necesidades y lugares de recreación que no lo hagan refugiarse en el alcohol ni en la necesidad de robar para satisfacer necesidades básicas.

Y… para aquellos que lamentablemente han cometido delitos, se requieren potentes programas de rehabilitación y reinserción, tanto respecto de jóvenes como de adultos, que ataquen aquellos aspectos deficitarios que los llevan a cometer delitos.

La auditoría externa es una de las modalidades para el control de la calidad del servicio y del desempeño de los defensores penales públicos. Establecida en la Ley N° 19.718, tiene por objeto controlar la calidad de la atención prestada y la observancia de los estándares de defensa penal pública.

Así, hoy -viernes 3 de febrero- se da inicio al proceso de licitación pública para la contratación de la empresa que ejecutará el primero de estos contratos, denominado “Auditoría externa sobre la calidad de la atención prestada por la Defensoría Penal Pública año 2012” y por un monto de 150 millones de pesos.

En esta ocasión, la Defensoría externalizará la medición de la calidad de la atención prestada en la sala de audiencias de los tribunales, en los centros de detención y de cumplimiento penitenciario, en las oficinas de atención de público y en los reclamos por prestación de defensa, abordando el nivel de calidad del servicio de defensa penal pública que ofrece la institución mediante la evaluación de nivel de la satisfacción de sus usuarios.

La licitación para la contratación de esta auditoría externa tendrá su reunión informativa a las 15:30 horas del próximo jueves 9 de febrero, en el auditorio de la Defensoría Nacional, ubicado en Alameda 1449, Torre 1, Edificio Santiago Downtown, piso 8°, oficina 801, Santiago.

Las dos auditorías externas restantes efectuarán la convocatoria a participar en sus respectivas  licitaciones públicas durante febrero de este año. La primera auditoría se enfocará en los contratos de defensa externalizados y en la verificación en terreno del cumplimiento de los proyectos de defensa postulados por los distintos prestadores externos, para lo cual cuenta con un monto disponible de 41 millones de pesos.

La segunda se centrará en la evaluación del desempeño de los prestadores institucionales y externalizados en relación con los estándares de defensa vigentes, con un monto disponible de 180 millones de pesos.

Actividad	Fecha
Publicación del llamado	Viernes 3 de febrero de 2012
Reunión informativa	Jueves 9 de febrero de 2012, 15:30 hrs
Inicio de consultas	Lunes 6 de febrero de 2012
Final de consultas	Martes 14 de febrero de 2012, 15:30 hrs
Publicación de respuestas y aclaraciones	Martes 21 de febrero 2012, 19 hrs
Cierre recepción ofertas	Lunes 5 de marzo de 2012, 15:30 hrs
Acto de apertura técnico económica	Lunes 5 de marzo de 2012, 15:31 hrs
Fecha estimada de adjudicación	Miércoles 4 de abril de 2012
Fecha estimada suscripción del contrato	Viernes 4 de mayo de 2012

Tras la apelación verbal presentada el mismo día martes por la fiscalía y por la abogada querellante, la respectiva audiencia se efectuó en la mañana de ayer y después de un debate arduo, pero ostensiblemente más breve por orden del tribunal, los magistrados resolvieron por dos votos contra uno dejar sin efecto la decisión de la jueza de garantía y por lo tanto mantuvieron la prisión preventiva que afecta a la imputada.

Los votos contrarios al fallo previo fueron de los ministros Juan Manuel Muñoz (presidente) y Adelita Ravanal, mientras que el voto a favor de confirmarlo fue de la magistrada Jéssica González.

Los antecedentes

Luego de que completara más de dos meses en prisión preventiva, la defensa pública de Inés Fuentes solicitó por segunda vez la revocación de esa medida cautelar. El pasado martes, la defensora licitada Jacqueline Stubing expuso ante el 13° Juzgado de Garantía un nuevo antecedente: el peritaje tanatológico del doctor Luis Ravanal, que desvirtúa técnicamente el informe emitido previamente por el Servicio Médico Legal (SML).

Según el experto, todos los indicios -entre ellos la trayectoria y profundidad de los cortes sufridos en las piernas por la víctima- y hasta el sentido común indican que la muerte de Lizana se produjo en el marco en el marco de una riña, durante la cual su mujer se defendió con un cuchillo que tomó de la cocina para responder a las agresiones de la víctima.

Ravanal agregó que es de común conocimiento que si se desea matar a alguien con un arma cortante hay que atacar zonas como el tórax, el abdomen o el cuello. Al contrario, agregó, la gente sabe que cortes en las piernas –como ocurrió en este caso- no deberían provocar la muerte.

Con este antecedente, más el hecho de que la imputada no sabe leer ni escribir, la abogada Stubing explicó que resulta absurdo pensar que pueda tener conocimientos acabados de anatomía como para haber infringido intencionadamente una herida mortal, con lo cual la defensora refutó la tesis de la fiscalía, según la cual Inés Fuentes actuó con dolo de matar.

Sin dolo por omisión

En la segunda parte de su alegato, Jacqueline Stubing refutó la tesis de dolo por omisión de la fiscalía, ya que varios integrantes de la familia dueña de la propiedad donde la pareja arrendaba una mediagua están dispuestos a declarar que apenas la víctima salió caminando de su casa herido en las piernas y cayó inconsciente, su mujer salió tras él desesperada y pidió a los vecinos que llamaran a una ambulancia.

Stubing agregó que esas personas están dispuestas a confirmar que eran frecuentes las escenas de violencia a lo menos verbal de parte de Luis Fernando Lizana cada vez que llegaba ebrio a su hogar.

De hecho, aclaró que si bien la imputada nunca hizo una denuncia formal de estas agresiones -hecho subrayado reiteradamente por la fiscalía-, eso responde que los dos niños de 3 y 5 años que integraban el grupo familiar eran hijos de él, y ella no quería separarse de los menores, pues la reconocen como su madre. No obstante, la defensora confirmó que sí existe una denuncia de maltrato en contra del padre, aunque por agresiones a su hijo mayor.

Finalmente, la profesional exhibió un informe presentencial favorable para la imputada, algo “poco habitual” -subrayó-, ya que normalmente esos documentos emitidos por Gendarmería son negativos.

Sustitución de cautelar

En su alegato, la Fiscalía insistió en que Inés Fuentes apuñaló a su pareja en las piernas mientras éste estaba en el suelo y que después no le prestó asistencia. A este respecto, Jacqueline Stubing representó al tribunal que el Ministerio Público no ha realizado ninguna de las diligencias solicitadas por la defensa, entre ellas interrogar a los numerosos testigos que viven en la casa contigua a la del sitio del suceso, quienes son favorables a la imputada.

Con todos estos antecedentes, la jueza Valeria Vega resolvió revocar la prisión preventiva, especialmente porque resulta poco plausible que exista un dolo de matar ejecutando cortes en las piernas de una persona, según explicó.

Tras la apelación de la Fiscalía y de la abogada querellante -quien representa a un hijo del occiso- y del fallo contrario de la Corte de Apelaciones, la abogada Stubing explicó que intentará obtener pronto el resultado de las pericias que ha solicitado al Ministerio Público, y que espera volver a pedir la revocación de la prisión preventiva dentro de un par de semanas.

Con estas palabras, el Defensor Regional de Tarapacá, Arturo Zegarra,  destacó los alcances que tendrá un convenio firmado con el Registro Civil para conseguir documentos gratuitos directamente desde el portal de esa institución en internet.

“Acá la idea es que el usuario tenga una respuesta inmediata y a eso nos estamos comprometiendo todos los servicios que estamos en esta coordinación”, agregó Zegarra, quien junto a los representantes regionales de otras cinco reparticiones públicas suscribió el convenio -de tres páginas-, en que se establece que tales entidades facilitarán a los usuarios el material y equipos necesarios para obtener certificados gratuitos que emite el Registro Civil a través de su plataforma web.

Con estos compromisos se podrán solucionar rápidamente los requerimientos de certificación oficial propios de varias gestiones en los servicios del sector justicia. Así lo remarcó el Seremi de esa cartera en Tarapacá, Renzo Trisotti, quien también participó en la oficialización del mencionado convenio.

Los servicios públicos que suscribieron el acuerdo son el Registro Civil, la Defensoría Regional de Tarapacá, la Corporación de Asistencia Judicial, Gendarmería de Chile, el Servicio Médico Legal y la oficina regional del Servicio Nacional de Menores (Sename).

Dicho concepto ha sido reflotado una vez más en las últimas semanas, como parte de la cobertura en los medios de prensa nacional, desde el llamado “Caso La Polar” hasta el triple homicidio de Curacaví, pasando por otros casos que involucran a personajes públicos, políticos o figuras de la televisión.

Se debe recordar que el Código Procesal Penal establece en su artículo 4, con toda claridad, lo siguiente: “…Presunción de inocencia del imputado. Ninguna persona será considerada culpable ni tratada como tal en tanto no fuere condenada por una sentencia firme…”. En consecuencia, la calidad de inocente de una persona no se pierde ante la detención por la policía, ni por la formalización de la investigación efectuada por los fiscales del Ministerio Público.

La vulneración, olvido o desconocimiento -voluntario o no- de este principio atenta contra la dignidad de las personas que enfrentan una imputación penal. Esto se materializa con daños irreparables cuando las personas imputadas y finalmente absueltas, quedan etiquetados como “el abusador de” o “el asesino de…”, ya que así han sido denominados durante el tiempo que dura el proceso y son indicados como tales por la comunidad.

Si el caso es de connotación pública, el daño se multiplica. Esta situación se agrava al constatar que la mayor parte de las personas imputadas por el sistema de persecución penal son de extracción humilde, de sectores populares, quienes carecen de una tribuna que les permita ser escuchados y exigir el respeto de sus derechos.

La Defensoría Penal Pública tiene asignada como tarea, dentro de su vocación institucional, exigir el respeto por las garantías y derechos de todas las personas, dentro de los cuales la presunción de inocencia ocupa un lugar de preferencia, ya sea que deba aplicarse a la persona más humilde del país o a importantes figuras de la política o de los negocios.

Esperamos que en este año 2012 podamos progresar en el respeto de la presunción de inocencia, principio de la máxima relevancia para la construcción de una sociedad más justa.

Por Claudio Pavlic,
Defensor Regional Metropolitano Sur.

Con estas palabras, el Defensor Regional (S) de Atacama, Raúl Palma Olivares, explicó el vínculo que debe existir entre la institución y sus usuarios, durante un diálogo participativo con jóvenes internos del Centro de Internación Provisoria y Centro de Régimen Cerrado (CIP-CRC) de la comuna de Paipote, recinto que reúne casi a la totalidad de los adolescentes privados de libertad en la Región de Atacama.
Junto con el defensor penal juvenil de Copiapó, Luis Gonzalez Ortiz, Palma buscó establecer una comunicación directa con este grupo de menores internos, razón por la cual atendieron en grupos segregados según sexo y condición penal a todos los jóvenes recluidos en el centro, detectando inquietudes y reclamos que servirán para mejorar el desempeño de las funciones de la Defensoría Regional.

“En la región se cuenta con la presencia de un defensor penal juvenil especializado, que atiende todas las causas de Copiapó, aunque hay que recalcar que todos nuestros defensores que atienden sus causas están capacitados para atenderlos de manera profesional”, recalcó Palma Olivares.

En este contexto, cabe destacar que todos los intervinientes en los procesos penales que involucran a adolescentes -jueces de garantía, de juicio oral en lo penal, fiscales y defensores- deben estar capacitados y conocer los estudios vinculados a la ocurrencia de estas infracciones, la Convención de los Derechos del Niño, las características y especificidades de la etapa adolescente y el sistema de ejecución de sanciones establecido por la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (LRPA).

Los jóvenes rápidamente entraron en confianza y dieron a conocer sus dudas, inquietudes y reclamos, no sólo sobre sus respectivas causas, sino también sobre los planes de intervención y el funcionamiento del sistema, dando también las gracias por la muestra de preocupación que la actividad significó para ellos.

Los defensores comentaron también la misión institucional -en especial con usuarios prioritarios como son los adolescentes privados de libertad-, los derechos de los jóvenes infractores, las etapas del proceso penal, el procedimiento para efectuar reclamos o solicitudes de cambio de defensores y las obligaciones que tienen los abogados de la DPP.

Palma y González tomaron nota de cada comentario y pregunta realizada durante la jornada, las que serán analizadas y procesadas para luego ser respondidas directamente a los adolescentes o bien derivadas a las autoridades regionales pertinentes, cuando tengan que ver con el sistema que los acoge.

Ley penal juvenil

La Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (LRPA) se puso en marcha en junio de 2007, pensada como un sistema penal especial para los adolescentes y aplicado a todas las personas mayores de 14 y menores de 18 años de edad.

Se basa en el principio de responsabilidad, según el cual el adolescente es un sujeto al que se le puede exigir una responsabilidad especial, adecuada a su carácter de sujeto en desarrollo. Aparte de responsabilizarlos penalmente por los delitos que cometan, el fin de las sanciones que se les apliquen será su rehabilitación y reinserción social.

Esto ultimo se logra a través de programas especiales, para lo cual se cuenta con al menos un centro de reclusión juvenil por región, para el cumplimiento de las sanciones privativas de libertad. Estos recintos, que poseen  régimen cerrado y/o semi cerrado, son administrados por el Servicio Nacional de Menores (Sename), mientras que la custodia y vigilancia perimetral está a cargo de Gendarmería de Chile.

En estos recintos los adolescentes tienen acceso a programas de reinserción como talleres, educación y deporte, entre otros. Se posibilita también la sustitución de la internación, cuando ésta resulte más favorable para la integración social del infractor.

Pero esta vez “La Quenita” está transformada. Luce un vestido de velos multicolores y un hermoso y suave maquillaje destaca sus rasgos, mientras pestañas postizas regalan intensidad a su mirada. “Es que hoy me siento mina”, dice, mientras ríe coqueta junto a las compañeras con las que prepara la presentación de cierre del taller de danza en el que participó.

Ese es, precisamente, el sentido del proyecto “Mujeres danzan por la reinserción”. No se trata sólo de una iniciativa de recreación o acondicionamiento físico, pues el objetivo más importante es que las internas del los centros de reclusión de Santa Cruz y de Rancagua se reencuentren con su femineidad y contribuyan a su autoestima.

“Es que cuando una está aquí, sola, ni se arregla. Con suerte cuando vienen a visitarla”, explica otra de las mujeres del CPF de Rancagua, quien disfrutó los cinco meses que duró el taller de danza, incluidos los atuendos e implementos que les otorgó el proyecto a ella y sus compañeras.

“Mi marido es el más feliz. Ahora, para cuando nos toque venusterio (encuentro íntimo con su pareja en la cárcel) le voy a hacer la media performance”, terminó confesando la misma mujer, riendo a carcajadas.

Danza árabe

Para Dianne Aranda, una de las bailarinas monitoras de la iniciativa, “la danza árabe era la disciplina ideal para atender a este grupo de novatas bailarinas, pues sus movimientos suaves permitían que todas pudieran practicarla, sin importar su edad o condición física. Además, es un baile que les enseña a aceptar su cuerpo, mostrarlo y sentirse coquetas y bellas nuevamente”.

Dianne agrega que en un comienzo todas las internas partieron muy tímidas, pero conforme fue pasando el tiempo, confeccionaron su propio vestuario, se maquillaron paa quedar cada vez más lindas e incluso le pedían discos con música árabe grabada para bailar durante los días en que no había taller.

Presentaciones

Esta semana fueron las presentaciones de término del taller, que fue financiado gracias al dos por ciento de cultura del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). Cada una de las participantes pasó por el escenario luciendo hermosa, reencantándose con su cuerpo y demostrando una técnica ganada con meses de clases y prácticas.

En la ceremonia de cierre, el Defensor Regional, Alberto Ortega Jirón, explicó que “se trata de un proyecto de aquellos que denominamos ‘ancla’. Esto es, iniciativas que pretenden mejorar la auto percepción y la salud sicológica de los internos e internas, preparándolos para otras tareas más complejas como son la educativa y la preparación para el trabajo”.

Según Ortega, las internas miran este proyecto como un regalo que les entretiene y les ayuda a sentirse personas nuevamente. “Nosotros lo vemos como un paso más en la intrincada ruta de la rehabilitación. Tampoco podemos soslayar que somos portadores  de los profundos agradecimientos de las instituciones involucradas y de las personas condenadas por estos proyectos respaldados por el intendente regional y por el CORE, como una estrategia de oportunidades con miras a desafiar y combatir el fenómeno de la delincuencia en nuestra región”.

A este respecto hay que considerar la diferencia que existe entre desempeñarse en estado de ebriedad, a diferencia de lo que constituye que a propósito de dicho manejo se cause daños, lesiones o incluso la muerte, porque en los casos en que efectivamente se produce un daño concreto, las penas actuales parecen muy benévolas para dichos conductores.

Sin embargo, para el denominado manejo en estado de ebriedad y/o bajo la influencia del alcohol siempre hay que considerar que la simple condena en cárcel no va a reducir necesariamente dichos altos índices que se registran en nuestro país.

Por ello, es importante también trabajar con el concepto de penas alternativas, pero eficaces, destinadas por ejemplo a seguir un tratamiento contra el alcoholismo o a efectuar trabajo comunitario. Todas aquellas sanciones destinadas a responsabilizar al conductor que tomó su auto y manejó aunque había consumido alcohol, a pesar de que no se sentía en estado de ebriedad.

La idea es crear un hábito que se cumpla. Esto es, si bebe no maneje. Para ello, además, es importante, tal como se ha desarrollado, generar políticas preventivas, pues a diferencia de lo que se puede pensar, el mero aumento de sanciones no tiene una relación directa en la disminución de dichas conductas.

Por ello, un buen punto de partida es trabajar en aquellos casos donde no se producen daños ni lesiones y evidenciar que muchas veces detrás de un simple manejo bajo los efectos del alcohol se esconde un problema de dependencia no necesariamente reconocido.  

Por Loreto Flores Tapia,
jefa de Estudios Defensoría Regional de Antofagasta.

El documento refleja también una fuerte alza de 15,1 por ciento en el número de causas atendidas, tras una pequeña baja en las cifras del año pasado. Así, la institución atendió 369 mil 950 causas de imputados, lo que implica un aumento de 48 mil 616 causas más que en 2010.

Los mayores saltos, en todo caso, ocurren en los delitos de lesiones, faltas y cuasidelitos (que reflejan imputaciones por delitos menores), mientras que en varios de los delitos de mayor connotación social se aprecian bajas constantes desde 2007, de modo que los robos disminuyen 3,3 por ciento y los robos no violentos caen 1,8 por ciento respecto del año anterior.

Violencia intrafamiliar

Otro antecedente preocupante se relaciona con el sostenido crecimiento que muestran las cifras de delitos relacionados con Violencia Intrafamiliar (VIF) desde 2006 a la fecha, pasando de 6,2 por ciento el primer año a 35 por ciento el año pasado. En detalle, las mujeres imputadas por esta causa pasaron de 3 mil 878 ingresos en 2010 a 4 mil 537 en 2011, mientras que los hombres bajaron de 32 mil 950 a 32 mil 340.

Otro dato relevante, probablemente relacionado con la gran cantidad de movilizaciones sociales ocurridas el año pasado, indica que las imputaciones por el delito de desórdenes públicos aumentaron 62,6 por ciento en el período.

Consultado sobre estos resultados, el Defensor Nacional, Georgy Schubert, se mostró especialmente preocupado por el sostenido aumento en el encarcelamiento de personas inocentes, lo cual demuestra -dijo- “una fuerte presión social sobre el sistema de justicia penal para que todo se resuelva con más cárcel, y también la falta de una respuesta del propio sistema respecto de cómo reparar o indemnizar a estas personas injustamente criminalizadas”.

La causa fue vista el pasado viernes 27 en el tribunal de alzada, luego de la apelación verbal interpuesta por el fiscal del órgano persecutor, solicitando nuevamente la prisión preventiva para la imputada.

En su alegato ante los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago, el defensor penal público Crhistian Basualto (foto) expuso que “los hechos corresponden a una dinámica de agresiones permanentes en el tiempo y relacionadas con violencia de género”.

En su alegato ante los ministros, el abogado insistió en la inconsistencia del informe de constatación de lesiones emitido por el Servicio de Salud, “toda vez que el tribunal de garantía y los intervinientes presentes en la audiencia pudieron percatarse de la existencia de hematomas en distintos puntos del cuerpo de la imputada”.

Durante la audiencia de formalización -realizada el pasado miércoles 25 de enero en el 14° Juzgado de Garantía de Santiago-, el defensor penal público explicó que la acción de Daniela Fernández se produjo en el marco de una discusión con su pareja, Miguel Meléndez Báez, en la que ella estaba siendo atacada. En vista de la superioridad del hombre, la mujer no tuvo otra opción que defenderse, usando para ello un cuchillo que se encontraba en la cocina.

El argumento fue acogido por la jueza del 14° Juzgado de Garantía, Soledad Orellana, quien resolvió rechazar la medida de prisión preventiva solicitada por la Fiscalía y acoger la de arresto domiciliario total. El período de investigación quedó fijado en 90 días.

Con estas palabras graficó Claudio Gálvez Giordano, el Defensor Regional de Arica y Parinacota, lo medular del pronunciamiento del máximo tribunal del país respecto del recurso de protección que los defensores penales públicos habían presentado a favor de L.A.P.A., quien había sido sacado del hospital para ser enviado a cumplir prisión preventiva por el juez de garantía Mauricio Pontino.

Gálvez realizó estas precisiones durante una extensa entrevista concedida a Radio Cappíssima de Arica -en el 104.9 del dial de frecuencia modulada-, en cuyos estudios fue entrevistado por el periodista Toribio Vergara en el espacio “Ojo de Aguila, que se transmite al mediodía.

El profesional de la prensa lo interrogó largamente respecto de la naturaleza de este caso, llevado primero en el tribunal de garantía, luego en la Corte de Apelaciones y finalmente en la Corte Suprema, donde se acogió por primera y definitiva vez la postura de los defensores públicos.

El joven -de 19 años- cumplía un régimen semicerrado en el centro Arica del Sename, entidad que pidió su internación en Siquiatría del Hospital Juan Noé, desde donde fue sacado por orden del Tribunal de Garantía para llevarlo a la cárcel, luego de que se le revocara el beneficio de firma mensual en una imputación por amenazas.

Claudio Gálvez explicó que tras el dictamen de la Corte Suprema, L.A.P.A fue retornado al recinto del Sename, atendiéndose a la prioridad que tienen las medidas de reinserción que contempla la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (LRPA) y que el joven cumplía. Se espera que allí se le diagnostique su actual situación de salud para reiniciar los tratamientos interrumpidos.

Este insólito y preocupante caso quedó al descubierto en una audiencia realizada en el Juzgado de Garantía de Puerto Montt, luego de que el imputado, identificado como Javier Calabacero Páez (30), fuera trasladado desde Antofagasta hasta la capital de la Región de Los Lagos. 

Según la denuncia, en diciembre de 2011 Javier Calabacero fue detenido y formalizado, quedando en libertad mientras se llevaba a cabo la investigación del robo. Como no habría asistido a las audiencias a las que fue citado, el Juzgado de Garantía de Puerto Montt despachó una orden de detención en su contra. La aprehensión fue llevada a cabo en enero de este año por la policía, la cual lo ubicó en Antofagasta, donde registraba domicilio.

El 15 de enero pasado, se ordenó en esa ciudad su prisión preventiva y se dispuso su traslado hasta Puerto Montt para ser reformalizado en la causa por la que era investigado.

Nunca en Puerto Montt

Fue en esta audiencia en la que Calabacero le contó al defensor penal público Ricardo Oliva que él no había cometido el delito que se le imputaba, que jamás había estado en Puerto Montt y que trabajaba hace años en faenas mineras en Antofagasta. Ante ello, el defensor solicitó al juez de garantía Luis Olivares que se comprobara si la identidad de él correspondía a la del imputado de la causa.

Este antecedente fue rápidamente chequeado y corroborado: el nombre y el Rut correspondían, eran los mismos que se habían registrado en la primera audiencia realizada en Puerto Montt y en la que se efectuó en Antofagasta. Al escuchar esto, el detenido agregó que en 2010 extravió su cédula de identidad y no realizó los trámites para bloquearla. 

El defensor solicitó entonces escuchar los audios de las dos primeras audiencias, para compararlas y saber si eran las mismas personas las que estuvieron como imputados. “Por la simple escucha de ellas se pudo establecer que no se trataba de las mismas personas”, explicó el defensor.

Frente al evidente error, el juez de garantía dejó sin efecto la audiencia y ordenó la libertad inmediata del detenido. El fiscal Mauricio Flores, en tanto, determinó citar a declarar a Calabacero para aclarar la existencia de un posible delito de usurpación de identidad, del cual habría sido víctima.

Ricardo Oliva agregó que lo sorprendente de este caso es que “no fueron prolijos al identificar al imputado. En primera instancia detuvieron y formalizaron a una persona cuya identidad no correspondía a la cédula que portaba, afectando directamente a un inocente, quien debió pasar nueve días en prisión y a quien se le imputaron hechos graves, causándole un evidente e irreparable daño”.

Y es en este proceso donde la labor del defensor penal cobra importancia, puesto que la Defensoría Penal Pública es el organismo encargado de velar por el respeto de los derechos de las personas imputadas -más allá de las condiciones sociales, económicas,  culturales y religiosas- y, por ende, también tiene la misión de prestar defensa de la más alta calidad profesional a toda persona que carezca de un abogado por cualquier causa.

De igual forma, quiero hacer hincapié en uno de los propósitos que busca esta garantía, que es evitar los juicios condenatorios anticipados en contra de él o los inculpados por un delito, sin considerar detenidamente las pruebas de los hechos y la carga de los mismos.

Esta aseveración no es más que una invitación a ser razonables a la hora de entregar un juicio de valor, reproche o condena en contra de una persona y su entorno, por el sólo hecho de que otro individuo le acuse de un delito que no ha sido demostrado ni investigado aún. Situación que en ocasiones también se ve empeorada con la publicación y difusión de las identidades y rostros de personas que podrían estar siendo acusadas injustamente.

Por ende, este escenario debe ser sobrellevado con sumo cuidado y respeto, tomando en consideración que desde 2002 -fecha de la puesta en marcha de la reforma procesal penal en la Undécima Región- son muchas las personas que, además de ser imputadas de la comisión de uno o más delitos y que en muchos casos han sufrido la privación de libertad por tiempos más o menos prolongados, han terminado sus juicios absueltas de toda responsabilidad. Ello nos demuestra que de alguna manera se ha cumplido con unos de los propósitos de esta reforma, que es una justicia más justa, más rápida y más eficiente.

Finalmente, sólo me queda señalar que al término de un proceso judicial, conforme a la ley y a las pruebas presentadas en audiencia por el Ministerio Público -como ente acusador y perseguidor-, quien decide la culpabilidad o inocencia del acusado es el Poder Judicial, a través de los jueces orales y de garantía, y no los defensores penales públicos.

Por Juan Carlos Rebolledo Pereira,
Defensor Regional de Aysén.

En el acto de inauguración, efectuado esta mañana, los asistentes fueron testigos de la primera conexión a través de esta tecnología -única en regiones-, a través del diálogo sostenido entre un menor imputado por una causa de Ovalle y su defensor penal juvenil, Marco Yurín. El abogado orientó al joven sobre la estrategia adecuada para su caso y respecto de la declaración que éste debe presentar en el próximo juicio oral, que se realizará durante la primera semana de febrero.

El proyecto fue presentado en 2011 por el Defensor Regional, Alejandro Viada, y obtuvo financiamiento de la agencia suiza “International Bridges to Justice”, organización que colabora con instituciones preocupadas de la atención a personas de escasos recursos, permitiendo la compra de computadores, cámara webcam, audífonos y micrófono, elementos que fueron instalados en este centro de internación juvenil.

Así, el Director Regional de Sename, Cristian Valencia, y el Defensor Regional firmaron un protocolo de acuerdo para asegurar el éxito de esta iniciativa, durante una ceremonia en la que estuvieron presentes el Defensor Nacional, Georgy Schubert, el Director Nacional del Sename, Rolando Melo, junto a autoridades regionales  y representantes parlamentarios.

Schubert valoró que este proyecto permita a los defensores una comunicación y nexo más fluido con los jóvenes internos, aunque aclaró que “en todo caso, este sistema de videoconferencia no reemplaza la vista quincenal que deben realizar los abogados, sino que constituye una ayuda al trabajo diario que realizan”.
 
Cita con autoridades

En su primera visita a la Cuarta Región desde que asumió el cargo, en agosto de 2011, el Defensor Nacional sostuvo importantes encuentros con el senador Gonzalo Uriarte (UDI); con el intendente regional, Sergio Gahona; con el presidente de la Corte de Apelaciones, Raúl Beltrami, y con el Seremi de Justicia, Gregorio Rodriguez.

A ellos les comentó el interés de todos quienes trabajan en la Defensoría de que la institución obtenga un estatus de autonomía y también les explicó los principales lineamientos que dará a su gestión, con especial énfasis en los imputados y condenados que requieren defensa especializada, es decir aquellos que tienen problemas de salud mental, los inmigrantes (principalmente de la zona norte del país) y los grupos que ya reciben apoyo jurídico especializado: jóvenes, etnias indígenas y condenados.
 
Funcionarios

Durante la tarde, el Defensor Nacional se reunió con los defensores institucionales y licitados de la Región de Coquimbo, con quienes analizó los aspectos fundamentales de su quehacer profesional en la zona. Schubert destacó el alto nivel de cumplimiento de los estándares de defensa y agradeció el empeño de los abogados que se desempeñan en la representación de imputados y condenados.

Previamente, a su llegada a La Serena la tarde del martes, el Defensor Nacional se reunió con los defensores y funcionarios de la Defensoría Regional, con quienes intercambió opiniones respecto del quehacer institucional, contexto en que aclaró dudas y planteó nuevos desafíos, ligados a la mejora del clima laboral y la capacitación de todos quienes se desempeñan en la institución.

La segunda sala del máximo tribunal del país dictaminó dejar sin efecto el fallo de primera instancia contra el joven imputado, “por lo deberá dictarse inmediata orden de libertad en su favor”, según expresa la resolución que acogió un recurso de amparo interpuesto por los defensores penales públicos Patricia Lefever y Víctor Providel.

Al conocer la noticia, el Defensor Regional de Arica y Parinacota, Claudio Gálvez Giordano, destacó que la Corte Suprema clarificara a través de este fallo los alcances de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (LRPA), acogiendo así la postura de los defensores públicos y haciendo justicia.

“En todo momento señalamos en el tribunal de garantía y en la corte de apelaciones que debían respetarse los derechos de nuestro defendido, quien se encontraba cumpliendo medidas dictadas en el interés superior del adolescente y buscando su reinserción. Por eso resultaba claramente perjudicial y atentatorio sacarlo del hospital para enviarlo a la cárcel”, explicó Gálvez.

Fundamentos del fallo

El pronunciamiento de la Corte Suprema especifica que “ha de entenderse que por tratarse de un adolescente infractor,  las obligaciones relacionadas con la remisión condicional de la pena dispuestas en su calidad de adulto no pueden ser exigidas del modo que se ha hecho, porque se atentaría contra la posibilidad de lograr los objetivos de la sanción anteriormente impuesta”.

L.A.P.A., de 19 años, cumplía con el régimen semicerrado en el centro Arica del Sename, entidad que pidió su internación en la Unidad de Siquiatría del hospital ariqueño. Desde allí fue sacado para llevarlo a la cárcel luego de que se le revocara el beneficio de firma mensual, en el contexto de una imputación por amenazas en que fue formalizado recientemente, ya en calidad de adulto.

El joven debía pernoctar cada noche en el Centro Arica, en cumplimiento de las dos condenas previas como adolescente, a lo cual concurría con regularidad, pero sufría desestabilizaciones que motivaron su envío al hospital. Por esa razón no acudió a Gendarmería para iniciar la firma mensual que le impuso el nuevo caso en su contra, esta vez por amenazas.

Orden del juez

El caso tuvo notoriedad hace un par de semanas, pues L.A.P.A. debió ser llevado en ambulancia, acompañado de dos enfermeros, a una audiencia de revocación de beneficios citada por el juez Mauricio Pontino, quien había ordenado que la policía lo sacara del hospital para llevarlo al tribunal.

Los defensores públicos explicaron en la oportunidad que el joven estaba cumpliendo medidas dictadas por el Seremi de Salud y el Sename, por lo que aún no empezaba a acudir a Gendarmería para la firma mensual decretada en la imputación por amenazas.

Víctor Providel, jefe de Estudios de la Defensoría Regional, advirtió que la interrupción del proceso que el menor cumplía en Sename “no sólo vulneraba tal derecho en este caso específico, sino que echaba por la borda toda la inspiración que fundó la nueva legislación penal dirigida a los jóvenes, que busca darles la oportunidad de rehacer su vida”.

El pronunciamiento unánime de la Segunda Sala fue suscrito por los ministros Milton Juica, Hugo Dolmestch, Juan Araya, Carlos Künsemüller y Haroldo Brito.

Los aspirantes efectuaron la visita junto a la directora regional de Gendarmería, coronel Soraya Bilbao, quien destacó el apoyo y la sinergia que debe existir entre estos dos servicios.

“Es necesario conocer y comprender el trabajo de todos los servicios del sector justicia, pues en esa relación está la riqueza del entendimiento y del apoyo que nos podemos brindar de manera interinstitucional. Tal como dice el Defensor Regional, en las cárceles a veces somos antagonistas, pero también hemos sido aliados, realizando en conjunto actividades de rehabilitación social que favorecen nuestro trabajo y la calidad de vida de los usuarios”, comentó la oficial.

Alberto Ortega recalcó el tema del respeto del derecho de las personas internas en las cárceles de la región, recordando a los futuros oficiales penitenciarios que las personas presas sólo han sido privadas de libertad por orden de un tribunal, pero no han perdido sus derechos como seres humanos.

Por lo mismo, les hizo un llamado a cuidar el trato con las personas, a tener criterio y a ser buenos ejemplos para sus subalternos.

Sin cuestionar lo resuelto por los tribunales, de todos los casos que ha conocido la Defensoría Penal Pública, el más desafiante afecta a la pastora aymara Gabriela Blas, de 28 años. La mujer cumple una condena a 12 años de presidio como autora del delito de abandono de un menor con resultado de muerte.

El 23 de julio de 2007 y tras conducir a un rebaño de alpacas y llamas por terrenos de la estancia Caicone -cerca de la frontera con Perú-, la mujer notó que dos animales se habían distanciado del resto. Como lo dicta la ancestral costumbre de las mujeres de su pueblo, dejó a su hijo Domingo Eloy, de 3 años 11 meses, sentado sobre su manto y corrió a buscarlos. Casi una hora después, cuando volvió, Domingo no estaba. Lo buscó y al día siguiente fue hasta el retén de la localidad de Coronel Alcérreca y denunció su desaparición.

Allí comenzó una pesadilla que primero la mantuvo detenida por casi una semana, para luego ser acusada como autora del abandono de su hijo, cuyo cuerpo sin vida apareció en diciembre de 2008 en la zona altiplánica de Palcopampa.

Gabriela cumple hoy su condena en el penal de alta seguridad de Acha, sin que los esfuerzos de la Defensoría sirvieran para que el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal considerara en su decisión los criterios de interculturalidad que el Estado chileno incorporó al dar validez legal al Convenio 169 de la OIT. Es más, uno de los considerandos del fallo en su contra consideró el extravío del niño como un acto intencional y, por lo tanto, culpable.

El Convenio establece que “las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia”, mientras que el artículo 10 agrega que cuando se impongan sanciones a personas de estos pueblos “deberán tener en cuenta sus características económicas sociales y culturales” y que “deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento”.

Aplicar el Convenio 169 no es una facultad voluntaria que la ley otorgue a las instituciones o personas, sino que es un imperativo jurídico que debe acatarse y utilizarse como cualquier otra norma, aún más si ésta tiene rango constitucional.
Otras lecciones se refieren a los elementos interculturales que no fueron reconocidos, como su condición de mujer aymara, la condición de ‘actividad tradicional’ del pastoreo que efectuaba cuando se perdió su hijo, o los efectos de la “aculturación” que sufrió al enfrentar al poderoso poder persecutor del Estado desde su propia condición de indígena, entre otros aspectos.

Gabriela es hoy un símbolo del largo camino que todavía necesita recorrer nuestro país para integrar y hacer efectivos los derechos que protegen a nuestras etnias.

Desde la contingencia nacional se hace necesario abordar a nivel local, ciertos temas que están en el debate nacional y que producen cierto conflicto en la sociedad, tal es el caso de la invocación de la ley antiterrorista a comunidades Mapuches. Siempre desde la mirada de la Defensoría, institución inspirada en el más profundo respeto a los derechos de las personas.

 La ley antiterrorista, es una legislación especial, que establece procedimientos especiales para quienes se le imputan conductas calificadas como terroristas;  esto es cometer delito con la finalidad de producir temor en la población o en una parte de ella, que se realice mediante artificios explosivos o incendiarios u otros que pudieren ocasionar grandes estragos; o que el delito sea cometido para arrancar resoluciones de la autoridad o imponerle exigencias.

De las causales mencionadas, planteo la visión del Defensor Nacional, Georgy Schubert, quien en una presentación del informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), manifestó que “existe la necesidad de modificar la Ley Antiterrorista, especialmente porque se ha aplicado de una manera inadecuada a la situación del pueblo Mapuche”. Esto debido a que los hechos delictivos que se presume están sucediendo en la Araucanía, son  en este caso reivindicaciones de tierras y no cumplen los estándares para hablar de actos terroristas, ya que a mí parecer estamos hablando de una manifestación exagerada o no de la población que se opone a actividades  que considera negativas para su entorno. Y estos delitos de por sí son hechos que pueden ser abordados desde la legislación chilena.

Siempre he destacado, y lo reitero en esta ocasión, que para una mejor política criminal, es necesario construir una buena política social, y esto pasa por comprender de mejor manera los procesos y dinámicas sociales que conllevan los conflictos con las comunidades originarias, por conocer sus carencias y elaborar políticas sociales inclusivas que den respuesta a sus necesidades y especiales características.

En este mismo contexto, quiero mencionar que la Defensoría ha estado realizando una gran labor de defensa en la Región de la Araucanía, en especial en el caso de detención de dos mujeres mapuches, a quienes se les imputó el delito de maltrato de obra a Carabineros y posteriormente el Juez de Garantía -después de ver la grabación de los hechos-  declaró ilegal la detención.

Esta defensa penal se logra gracias a que la Defensoría constantemente está especializando a sus defensores, en defensa penal indígena, en materia de responsabilidad penal adolescente, en defensa penitenciaria y defensa con enfoque de género, de forma tal de poder brindar una asesoría jurídica de alta calidad.

Como antecedente, cabe señalar que la Defensoría cuenta con un Modelo de defensa penal especializada Mapuche - creado en el año 2001 - en el marco del Convenio 169 de la OIT, suscrito por nuestro país.

Finalmente, agregar que parte de los desafíos para este año 2012, está el de seguir mejorando la calidad de la prestación que otorgamos a  nuestros usuarios. Particularmente y en el tema que nos convoca que es defensa indígena, destaco, que durante el 2011, nuestros defensores recibieron capacitación en esta materia,  como forma de incorporar en sus labores los aspectos culturales, las prácticas ancestrales en la resolución de conflictos y la cosmovisión de los pueblos originarios en la materialización de la defensa en un eventual juicio.

En su primera visita oficial a la Segunda Región, Schubert sostuvo también reuniones con el presidente de la Corte de Apelaciones, Dinko Franulic, y con el Intendente Regional, Alvaro Fernández Slater, con quienes dialogó sobre el avance del sistema de enjuiciamiento criminal en Antofagasta.

Con ellos abordó también materias como la especialización de la defensa, en especial en la atención a los grupos más vulnerables como las mujeres, los menores y los condenados, a través de la defensa penitenciaria, y anunció que la institución abordará nuevas áreas de trabajo relacionadas con los discapacitados mentales, tanto imputados como condenados.

Visita a la cárcel

La actividad más extensa que realizó Schubert en Antofagasta fue un encuentro con las internas del Centro Penitenciario Femenino, con quienes sostuvo un diálogo participativo tras recorrer las instalaciones del recinto. Unas 50 imputadas expusieron al Defensor Nacional sus inquietudes en relación a problemas de infraestructura y a sus largas horas de encierro cotidiano.

Al respecto, Georgy Schubert destacó que muchas veces en los penales femeninos se ven realidades que no son priorizadas por tratarse de una población más reducida y las urgencias están puestas en los grupos mayoritarios de privados de libertad. No obstante, destacó que se está avanzando en muchas materias y que hay voluntad para seguir mejorando las condiciones intrapenitenciarias en los penales de todo el país.

Durante el recorrido por las instalaciones, Schubert conoció también algunas historias de vida, especialmente en los talleres de capacitación y en el pabellón de las mujeres que permanecen con sus hijos. Allí sostuvo breves diálogos con las mujeres que han encontrado una nueva forma de vida a partir de la capacitación que han recibido al interior del penal.

Funcionarios

Una vez cumplidas las actividades protocolares y tras una reunión con la Seremi del ramo, Lorena Romero, Georgy Schubert se reunió con los funcionarios de la Defensoría Regional, con quienes intercambió opiniones respecto del quehacer institucional. En este contexto, aclaró dudas y planteó nuevos desafíos, ligados a la mejora constante de clima laboral y la capacitación de todos quienes se desempeñan en la institución.

Por último, durante la tarde el Defensor Nacional se reunió con los defensores, tanto institucionales como licitados, con quienes analizó los aspectos fundamentales de su quehacer profesional en la región. Schubert destacó el alto nivel de cumplimiento de los estándares de defensa y agradeció el empeño de los abogados que se desempeñan en la representación de imputados y condenados.

En la ocasión, el Defensor Local Jefe de Copiapó, Eugenio Navarro, y la asistente social Yasna Contreras atendieron a 20 mujeres privadas de libertad y a una decena de hombres, entre imputados y condenados, quienes dieron a conocer sus inquietudes, entre las que destacaron consultas sobre sus causas y sobre el funcionamiento del sistema penal, entre otras.
Además de aclarar las dudas de los internos, ambos profesionales dieron a conocer la misión institucional de la DPP, los derechos de los imputados, la labor cotidiana de los defensores, las etapas de una causa penal, el procedimiento para efectuar reclamos y solicitudes de cambio de defensores y las obligaciones de los abogados, entre otros temas.

Las plazas de justicia intrapenitenciarias buscan establecer una comunicación directa entre la Defensoría y sus usuarios, para detectar inquietudes, reclamos y otras informaciones que sirvan para mejorar el desempeño de sus funciones.
Por lo mismo, Navarro y Contreras tomaron nota de cada comentario, reclamo o pregunta realizada durante la jornada, las que serán analizadas y respondidas directamente a los internos.

El hecho ocurrió la madrugada del 15 de agosto de 2011, cuando Ramírez supuestamente entró a la vivienda por una de las ventanas, en contra de la voluntad de su dueña, a recuperar los lazos y aperos que se había ganado en un bingo y que estaban en manos de su amigo, nieto de la denunciante.

En la audiencia, realizada el pasado viernes 20 de enero, y luego de escuchar el testimonio de la víctima y de la denunciante, el Tribunal -integrado por los jueces Rolando del Río, Sergio Vásquez y Marcos Soto- decidió absolver al imputado, por no haberse acreditado que actuara sin respetar la voluntad de quien tenía las especies en su poder.

Por lo tanto, se recalificó el delito a violación de morada, debido a que sí se pudo acreditar que el Ramírez entró a la vivienda por una de las ventanas.

Sin intención

La defensa pública del acusado estuvo  a cargo del abogado Fernando Acuña, defensor local de Puerto Cisnes, quien se mostró conforme por el resultado del juicio -lo mismo que el acusado-, por cuanto “se comprobó que no había intención de robar, sino que el acusado habría entrado sin permiso de la dueña a recuperar unas especies que le pertenecían y, por lo tanto, se aplicó una sanción que es muchísimo menor a la de robo en lugar habitado, que es lo que buscaba la Fiscalía”, señaló.

Acuña explicó que como Mauricio Ramírez cuenta con la atenuante de irreprochable conducta anterior, “en el peor de los casos puede ser condenado a una sanción de 541 días de reclusión menor en su grado mínimo y aspiramos a que la sanción sea de 61 días, porque él lleva mucho tiempo privado de libertad, o que se dé por cumplida la pena”, aclaró.

La lectura de sentencia se realizará a las 13 horas del próximo miércoles 25 de enero, en el mismo tribunal en Coyhaique.

Afortunadamente, esos problemas se han ido superando con el tiempo y con trabajo, pero sigue existiendo un déficit de espacios físicos que, por ejemplo, pudieran ser destinados al trabajo de los defensores públicos en sus vistas a la cárcel. Se trata de espacios sumamente necesarios, más aún cuando en la zona comenzó a operar en noviembre pasado el programa de defensa penitenciaria que impulsa la DPP.

Teniendo en cuenta esta realidad, la Defensoría Regional del Biobío decidió instalar un contenedor habilitado adecuadamente, lo que permitió sumar cuatro oficinas a las dos ya existentes en este recinto penal (foto exterior).

“Así, el trabajo que realizan tanto los defensores en sus visitas al centro, como la labor que realiza el equipo de defensa penitenciaria se verá mejorado, en lo relacionado a la privacidad necesaria y la dignidad en el trato y atención a las personas privadas de libertad y que son nuestros usuarios”, como lo señaló el Defensor Regional (S) Osvaldo Pizarro (foto interior), quien visitó las nuevas dependencias junto con el alcaide (S) del centro penitenciario.

ESPACIOS EQUIPADOS
Las nuevas oficinas ya están disponibles, equipadas con un escritorio, un par de sillas, iluminación y una toma de energía eléctrica. Mientras, las otras dos oficinas ya existentes, que se encuentran junto a las nuevas, serán mejoradas para que los seis espacios disponibles para los defensores públicos queden en iguales condiciones.

En el Centro de Cumplimiento Penitenciario de El Manzano hay actualmente mil 800 internos, aproximadamente.

La primera actividad se realizó en la sala multitaller de la cárcel de San Antonio y consistió en un encuentro con doce internas que están en prisión preventiva en ese recinto. Durante el diálogo, se les dio a conocer las etapas del proceso penal, el rol del defensor penal público y el sistema de atención a usuarios, con la finalidad de que puedan ejercer sus derechos de manera informada.

Morales aseguró que al igual que años anteriores, “estaremos en contacto con la comunidad. Nos interesa que se sepa cuál es el rol de la Defensoría Penal Pública, porque somos una institución que representa el equilibrio en la administración de justicia y velamos por que se respeten las garantías y derechos de todas las personas”. 

Durante la visita, el Defensor Regional se reunió con el alcaide de la cárcel de San Antonio, coronel Oscar Sanhueza Olivares. “Le planteé como tema central las condiciones en que los abogados defensores entrevistan a las personas en prisión preventiva en la cárcel”, explicó más tarde.

Al término de la reunión, Morales concurrió a la cuenta pública del Gobernador Provincial de San Antonio, Mauricio Araneda Atenas.

En determinados casos, lo anterior podría gatillar sicosis de aparición precoz, como conductas suicidas, violencia y depresión sobre todo en primerizos, producto del impacto afectivo al estar separado de su entorno familiar.

El menor en internación provisoria está sumergido en un entorno persecutorio, donde los actores institucionales del sistema no son de confianza para este adolescente (trabajadores sociales, sicólogos, educadores, gendarmes, funcionarios judiciales, etc.), lo que acrecienta la desconfianza en quienes buscan reinsertar socialmente a dichos adolescentes.

Lamentablemente, en nuestro país no se cuenta con un estudio técnico que permita aseverar que a mayor cantidad de adolescentes infractores de ley en internación provisoria se logrará una menor cantidad de delitos. Pero sí se cuenta con estudios que concluyen que aquellos países que han utilizado desmedidamente la prisión preventiva no han reducido los índices de criminalidad e incluso han multiplicado sus problemas.

Ahora, de acuerdo con estadísticas de la Defensoría Regional de Antofagasta del año 2010-2011, del 100 por ciento de los casos que han derivado en internación provisoria en el ex Surgam, en promedio solo el 1,8 por ciento ha quedado cumpliendo una pena privativa y el 98,2 por ciento restante ha quedado sujeto a medidas y/o condenas en libertad, lo cual nos lleva a analizar de la efectividad del uso de dicha medida cautelar.

En resumen, ante las desventajas y efectos negativos de la prisión preventiva en menores y adultos, parece no ser ésta la solución recomendable para disminuir los índices de criminalidad, ya que al contrario, genera prisionización, contagio criminológico y etiqueta o estigma en los menores. Por ello, los centros de internación provisoria no son la solución más optima posible hacia la que apuntan los países en vías de desarrollo (Carranza, et. al. El control social sobre niños, niñas y adolescentes en América Latina, San Salvador, 1995).

Por Golda Barrientos Belone,
sicóloga Defensoría Regional de Antofagasta.

Consultada luego por los medios de comunicación locales, Fríes comentó que su visita a la Defensoría tuvo como objetivo recabar información y ver las posibilidades de colaboración entre ambas instituciones, para efectos de que el INDH pueda asumir líneas de acción judicial.

“La reunión buscó fortalecer los vínculos de colaboración en materia de defensa, donde el Instituto tiene un campo de acción que puede complementar lo que tan valiosamente hace la Defensoría acá en la región”, explicó.

La Defensora Regional complementó lo anterior y aseguró que ambas instituciones y misiones institucionales tienen que ver con la protección de los derechos de las personas, por lo que sí existen muchas instancias de colaboración recíprocas.

“La Defensoría Penal Pública está permanentemente preocupada, sobre todo en muchos casos de niños y niñas mapuches que se han visto afectados por procedimientos policiales donde efectivamente se están viendo vulnerados sus derechos”, agregó.

COMUNIDAD DE ROFUE
Precisamente en relación con la temática anterior, profesionales de la Defensoría Penal Mapuche efectuaron una visita a la comunidad mapuche de Rofue, en Metrenco, donde dos comuneras fueron detenidas de forma ilegal la semana pasada. El objetivo fue reunirse allí con los líderes tradicionales de la comunidad y con los profesionales del INDH encabezados por Lorena Fríes (foto).

Luego de la presentación protocolar, cada uno de los participantes tuvo la oportunidad de expresar el motivo de su visita, contexto en que María del Rosario Salamanca recordó la misión institucional de la Defensoría y la importancia de una defensa oportuna, tal como ocurrió el pasado jueves 12 de enero, cuando recibió un llamado comunicándole la detención de Guillermina Painevilu y de su hija Jessica, a partir de lo cual se dirigió inmediatamente a la comisaría de Padre Las Casas, para asumir su defensa.

La abogada agradeció la confianza de los comuneros y explicó que en el cumplimiento de sus funciones ha recibido varios reclamos de comunidades respecto de la excesiva violencia de Carabineros en los operativos que realizan en su interior.

“No sé si los hechos de violencia han aumentado cuantitativamente, pero sí creo que se han visibilizado más. De hecho, el video exhibido en la audiencia de control de detención de ambas comuneras, que mostró el momento preciso de su detención, fue absolutamente importante para el tribunal, porque se pudo ver una situación concreta del hecho y contrastarlo con lo que decía el parte policial. Por eso se logró que se declarara ilegal la detención”, explicó.

“Como Defensoría garantizamos que cualquier persona imputada de delitos, sea mapuche o no, va a tener un defensor público capacitado y especializado y que actuará con completa autonomía, sea cual sea la imputación penal, sea por Ley Antiterrorista o no”, aseguró Schubert.

El directivo explicó que el trabajo de los defensores públicos tiene un carácter jurídico técnico y se ejerce a nivel de tribunales, razón por la que a la institución no le corresponde participar en el debate político que se ha generado respecto de la seguridad pública y el respeto a las garantías de las personas en esa zona del país.

“Estamos preocupados, sin duda, porque se deben respetar los derechos y garantías de todos los ciudadanos y en el caso de las comunidades mapuches esto es particularmente sensible, pero no queremos opinar ni intervenir en el debate político (…) En los casos en que hemos detectado vulneración de garantías, hemos interpuesto amparos preventivos o las alegaciones que correspondan. De hecho, en el video que se vio en el caso de las dos detenidas de Metrenco, fue la Defensoría la que hizo la alegación ante tribunales”, señaló Georgy Schubert.

El Defensor Nacional aclaró que se ha reforzado el trabajo que realiza la Defensoría Penal Mapuche -dependiente de la Defensoría Regional de La Araucanía-, de manera que sus tres abogados y dos facilitadores interculturales “logren dar cobertura al 75 por ciento de las causas penales indígenas y se mantengan visitando las comunidades, para generar más y mejores vínculos con ellas y estar al tanto de lo que pasa”.

“Nuestro compromiso es con la persona imputada y en eso el defensor público es completamente autónomo para representar los derechos de los imputados. No veo contradicción. Si una persona es imputada, nosotros la vamos a defender con autonomía técnica, que está garantizada por la ley de la Defensoría y es nuestra misión y compromiso”, concluyó.

Durante el control de detención, efectuado ayer, el abogado Nelson Cid, defensor penal público de los imputados, se sumó a la solicitud del fiscal de la causa -Manuel Zara-, en cuanto a ampliar por 48 horas el período de detención de estas tres personas y participar en el intertanto de una diligencia de declaración que comprobaría la verdadera participación de los detenidos en el delito que se les imputará.

Según el defensor Cid, se espera “comprobar, tras la diligencia investigativa, que al menos dos de los detenidos no estaban en el lugar de los hechos, y por tanto no participaron del delito de robo con violencia ni en las lesiones en contra del carabinero Quidel Painen”.

Los detenidos fueron detenidos por efectivos del OS-9 de Carabineros en la comuna de La Pintana, ocasión en que según la policía uniformada se incautaron dos autos con encargo por robo, placas de identificación policial falsas y verdaderas, además de una vaina, que será periciada balísticamente para determinar si corresponde con los impactos de bala recibidos por el carabinero Erick Quidel.

LOS HECHOS
Según la información recopilada, el robo ocurrió durante la madrugada del lunes, cuando tres carabineros de franco se encontraban en la comuna de Puente Alto y fueron intimidados por una banda de tres sujetos que, haciéndose pasar por policías, arremetieron a balazos y sustrajeron un automóvil.

Producto del ataque, el carabinero Erick Quidel Painen quedó herido de gravedad con tres impactos de bala y permanece hasta ahora en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital de Carabineros.

El defensor penal público Raúl Gil González, quien asumió la defensa de Paredes, explicó que la resolución judicial se  fundamenta en que el acusador pretendía postergar la realización del juicio oral simplificado sin invocar razones que pudieran ser consideradas como excusa válida, como lo sancionó finalmente el magistrado.

Tras la negativa del juez a la postergación, el querellante renunció al patrocinio, por entender que no se encontraba preparado para continuar adelante con el juicio, ante lo cual la defensa sostuvo la tesis del abandono de la acción privada y pidió que se decretara el sobreseimiento definitivo de la causa. Tal pretensión fue acogida íntegramente por el juez de garantía.

Este caso comenzó en 2009, luego de que Vargas -electo en diciembre de ese año- estimara haber sido víctima de injurias y calumnias tras los dichos de Paredes a una radioemisora local. La sentencia que sobreseyó al querellado fue dictada por el juez Juan Araya, en una audiencia efectuada según la programación ordinaria.

La defensora pública explicó que “nuevos antecedentes en la investigación, tales como la declaración de la propia víctima, la declaración del único testigo presencial, más el informe de la SIP y los peritajes planimétrico y fotográfico de Carabineros, permiten argumentar que el imputado no tuvo la participación que le atribuye el fiscal en la formalización y en la acusación presentada en su contra por un robo con violencia ocurrido el 8 de octubre del año pasado”.

“A Villarroel Ayuza se le acusa como autor directo del delito de robo con violencia. Sin embargo, dichos  antecedentes no son de la  entidad suficiente como para concluir que efectivamente hay participación directa en el hecho”, agregó la defensora.

“El juez Alvarez, a la luz de tales antecedentes, concluyó que la prisión preventiva no resulta indispensable para asegurar los fines del procedimiento”, concluyó Gustava Aguilar.

El hecho causó impacto en la prensa y generó revuelo público. Los policías incautaron documentos, ingresaron al domicilio del edil y retiraron las memorias de los computadores de todas las oficinas, lo que incluso inmovilizó el trabajo municipal por un par de días.

El asunto llegó a tribunales, donde el edil pidió que se le informara por qué se le investigaba, solicitando la audiencia respectiva en el Juzgado de Garantía de Talcahuano. Sin embargo, el Ministerio Público señaló que había declarado secretos todos los antecedentes de esa investigación, amparándose en las facultades que normas como la Ley de Drogas, la Ley Antiterrorista y la Ley de Lavado de Activos le entrega para la pesquisa de determinados delitos.

La duda quedó sembrada y nada pudieron hacer los eventuales imputados, salvo esperar que pasara el tiempo. Eso, hasta que un par de días antes que se terminara 2011 la Fiscalía solicitó día y hora para formalizar a nueve personas y requirió autorización del juzgado de garantía del puerto para mantener el secreto de la investigación por 30 días más.

CARGOS, AUDIENCIA Y RECHAZO
Con esto, el panorama debía comenzar a aclararse, pero no será así, porque la audiencia de formalización se realizará cuando la investigación aún esté bajo reserva. Por ello, y ante el hecho de que no todas las personas requeridas tenían abogados de confianza, la Defensoría Penal Pública presentó dos reposiciones ante el tribunal, ingresando formalmente así a este caso.

La primera reposición buscaba corregir defectos en la solicitud que informaba la formalización. Es decir, que se cumpliera con los requisitos del artículo 231 del Código Procesal Penal, lo que podía tener el efecto práctico de  ‘trasladar’ la fecha de la audiencia un par de semanas. La segunda, en tanto, buscaba dejar sin efecto el secreto de la investigación para ocho de los nueve imputados, porque sólo al alcalde se le imputa el delito de lavado de dinero.

Sin embargo, tras la audiencia realizada el pasado lunes 16, y pese a los esfuerzos de la Defensoría Regional del Biobío -que finalmente representará a cuatros funcionarios municipales-, el Juzgado de Garantía de Talcahuano rechazó las reposiciones, dejando en muy mal pie a todos los imputados, quienes deberán enfrentar la audiencia del 27 de enero próximo sin saber cuáles son los antecedentes que la Fiscalía posee en su contra, lo que atenta contra las posibilidades de preparar una defensa en igualdad de armas.

Esta situación, que fue recogida por los medios de comunicación de la zona, abre una interrogante sobre qué ocurrirá, por ejemplo, con la petición eventual de medidas cautelares. De todos modos, la Defensoría Regional ya trabaja en la preparación de la audiencia, que de seguro volverá a concentrar el interés mediático y jurídico en la zona.

El proyecto, que busca dotar a la Defensoría de una autonomía reconocida constitucionalmente, volverá ahora a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, donde deberán discutirse las modificaciones específicas que requerirá la orgánica institucional de la Defensoría.

Una vez finalizado ese debate, la Comisión evacuará otro informe, el que nuevamente deberá ser discutido y votado por la sala. Una vez aprobado, el proyecto pasaría a su segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados.

APROBACIÓN UNÁNIME
En agosto del año pasado, esa comisión de senadores ya había aprobado por unanimidad esta idea de legislar en torno al proyecto presentado en 2006 por la senadora Soledad Alvear (DC). Básicamente, la iniciativa plantea que la autonomía de la DPP -hoy concebida como una institución descentralizada y sometida a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Justicia- quede establecida en la Constitución, mediante la incorporación en la Carta Fundamental de un artículo que así lo sancione.

El objetivo central del proyecto es que la Defensoría Penal Pública tenga autonomía, tal como sucede con el Ministerio Público, pues ambas instituciones son intervinientes contradictorios en el actual sistema procesal penal.

Por lo mismo, el Defensor Nacional, Georgy Schubert, se mostró muy satisfecho con el resultado de la votación de hoy, dijo confiar en el avance futuro de la iniciativa y opinó que “la autonomía ha sido un objetivo permanente para la Defensoría, a partir de la necesidad de que exista un equilibrio en la independencia y en las herramientas con las que cuentan los dos principales actores del sistema de justicia penal en el país”.

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Senador	Sí	No	Abstención	Pareo
Allende B., Isabel	X
Alvear V., Soledad	X
Bianchi C., Carlos	X
Cantero O., Carlos	X
Chahuán C., Francisco	X
Coloma C., Juan Antonio		X
Escalona M., Camilo	X
Espina O., Alberto	X
Frei R., Eduardo	X
García-Huidobro S., Alejandro		X
Gómez U., José Antonio	X
Horvat K., Antonio	X
Lagos W., Ricardo	X
Larraín F., Hernán	X
Letelier M., Juan Pablo	X
Muñoz A., Pedro	X
Navarro B., Alejandro	X
Novoa V., Jovino		X
Orpis B., Jaime	X
Pérez S., Lily	X
Pérez V., Víctor		X
Pizarro S., Jorge	X
Prokurica P., Baldo		X
Quintana L., Jaime	X
Rincón G., Ximena	X
Rossi C., Fulvio	X
Sabag C., Hosaín	X
Tuma Z., Eugenio	X
Uriarte H., Gonzalo		X
Von Baer J., Ena		X
Walker P., Ignacio	X
Walker P., Patricio	X
Zaldívar L., Andrés	X

La audiencia se llevó a cabo esta mañana en el Juzgado de Letras y Garantía de Futaleufú, donde tras escuchar los argumentos del defensor penal público Norman Santibáñez (foto exterior), la jueza Connie Fuentealba determinó que la imputada quedara en libertad, pero sujeta a medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional (prohibición de salir del país), mientras se desarrolla la investigación de los hechos, cuyo plazo fue fijado en 60 días.

Según Norman Santibáñez, “la acción desplegada por la imputada no es típicamente matadora. Tampoco existe relación causal entre la muerte y la actividad desplegada por la imputada. A nuestro juicio, el deceso se habría provocado a raíz del estado de ebriedad de la víctima y, eventualmente, por la falta de auxilio de otra persona, quien habría presenciado la muerte”.

El abogado agregó que, tal como se hace con todos los imputados, en este caso la Defensoría Regional de Los Lagos prestará todos los medios para brindar a la imputada una defensa de calidad, tal como lo señala la ley, y lograr demostrar la inocencia de la joven.

FERIA COSTUMBRISTA
Los hechos ocurrieron el domingo, cerca de las 17 horas, mientras la joven -oriunda de Villa Alemana- visitaba junto a una tía (en cuya casa pasaba sus vacaciones) una feria costumbrista que se realizaba junto al lago Espolón.

En dicho lugar Pedro Alderete comenzó a bromear con ella y la mojó, lanzándole agua con una manguera. Luego él la empujó al agua desde la orilla del lago. Ella se puso de pie e hizo lo mismo y salió corriendo. Minutos más tarde, cuando regresó a ver a Alderete, le dijeron que no había salido del agua y que al parecer se había hundido en el lago.

De acuerdo con antecedentes de la investigación, la causa de muerte del joven -domiciliado en Futaleufú- sería asfixia por inmersión y por ahora no se hallaron lesiones que expliquen por qué no logró salir de las aguas. Sólo el relato de testigos da cuenta de que la víctima estaba en estado de ebriedad, aunque aún hay peritajes pendientes que podrían comprobarlo científicamente. 

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del 3 de septiembre de 2011 en calle Gastón Adasme, cuando los jóvenes fueron detenidos por Carabineros en un sector en donde se había cometido el hurto de una máquina soldadora. Aunque posteriormente la investigación siguió adelante, ellos nunca estuvieron sometidos a medidas cautelares, porque desde el inicio de la causa su defensa pública planteó la ausencia de participación de los imputados.

Después de dos días de escuchar los testimonios de testigos, el tribunal -integrado por los jueces Rolando del Río,  Sergio Vásquez y Marcos Soto- dictó su veredicto, absolviendo de todo cargo y acusación a S.G.A.Q. y M.A.B.B.

La defensa pública de ambos jóvenes estuvo a cargo de la abogada Ximena Gutiérrez, quien explicó que según lo indicado por un testigo presencial del hecho, al momento de perpetrar el delito los autores vestían de manera distinta a la de los imputados. “Mis representados tienen  características particulares, que no fueron reconocidas y tampoco fueron encontrados con especie alguna en su poder” dijo.

La lectura de la sentencia completa de esta causa se efectuará a las 13 horas del próximo viernes 20 de enero, en el mismo tribunal en Coyhaique.

“Esta es la audiencia más insólita a la que me ha tocado asistir”, dijo Gálvez al abandonar la sala, luego de que la jueza Pizarro declarara abandonada la defensa que él debía ejercer en una jornada de preparación de juicio oral.

El caso comenzó la mañana del jueves en el Tribunal de Garantía de Arica y tras siete recesos, debería culminar el próximo miércoles 18 de enero. Lo que parecía un caso corriente de preparación de juicio oral terminó en una controversia, cuando el defensor público Ricardo Sanzana solicitó plazo para conversar con su defendido, a raíz de una sorpresiva oferta de procedimiento abreviado.

La jueza no lo concedió y, como Sanzana argumentó la imposibilidad de salvaguardar las garantías del imputado, Pizarro declaró abandonada la defensa y nominó a otro. En la tarde llegó el Defensor Local Jefe de Arica, Raúl Gil, quien retomó los argumentos anteriores y también fue relevado por la magistrada, quien llamó entonces al jefe regional de Estudios, Víctor Providel, quien dijo que “en ejercicio de la defensa de mis representados es que pido el plazo prudente para preparar mi participación”. La dinámica se repitió y entonces vino el turno del Defensor Regional.

RECUSACIÓN
Claudio Gálvez pidió copia de los audios y anunció que recusará a la magistrada, por manifestar prejuicios sobre la actuación de los defensores penales públicos y atribuirles maniobras de complot. Al ser conminado a proseguir con la preparación del juicio oral, Gálvez reiteró la idea de proteger los derechos de los imputados para insistir en una ampliación del plazo para estudiar la carpeta fiscal del caso, pero Sara Pizarro declaró también abandonada su defensa.

La jueza nombró entonces de oficio a un abogado particular en calidad “de turno”, quien a su vez pidió a los defendidos aceptar su patrocinio. Como éstos se lo negaron, solicitó un plazo razonable de cinco días para conocer el expediente, que finalmente quedó fijado en cuatro días.

“Se trata de hacer valer el respeto a los derechos básicos de todo imputado, por quienes  abogamos en su plena dignidad como personas. Hemos tratado que la magistrado entienda que no se puede defender a nadie con sólo estudiar por media hora o un poco más el expediente de un caso, sin poder entrevistar a los imputados, ponderar las pruebas. Ella se ha empecinado en salvar las formas por sobre los temas de fondo en justicia penal”, explicó el Defensor Regional de Arica y Parinacota.

Bórquez señaló en su recurso que los sentenciadores habrían incurrido en la causal de nulidad al realizar una errónea valoración de la prueba rendida durante el juicio oral.

En su considerando 9, el fallo de la corte señala que “los jueces del tribunal oral vulneraron los conocimientos científicamente afianzados al valorar la prueba, pues de los antecedentes que da cuenta la sentencia se puede apreciar que con el informe de lesiones, que da cuenta de un delito de lesiones graves, y declaraciones de los médicos, que informaron como peritos en la causa, no se puede concluir que éstas hayan sido de tal gravedad que solamente con el auxilio de la asistencia médica se logró impedir el fallecimiento de la víctima, requisito que exige el delito por el que se acusa y su etapa de ejecución, toda vez que de este informe y lo expuesto por los peritos se puede concluir que estas lesiones pudieron llegar a ser letales siempre que concurrieran ciertas circunstancias que no existieron al momento de la ejecución y, respecto del ahorcamiento, si bien se constató señales de la tentativa de su ejecución, tampoco concurre esta circunstancia de haberse evitado por dicho auxilio médico, se señala que el imputado detuvo su actuar porque ella ‘se hizo la muerta’, lo que posteriormente desmintió ante el tribunal”. 

Consultado sobre el futuro del caso, el defensor Bórquez explicó que ahora corresponde que se fije en fecha próxima un nuevo juicio oral, ante un nuevo trío de jueces.

La resolución, dictada hoy por el magistrado Luis Olivares, acogió los argumentos del abogado jefe de la Unidad de Estudios de la Defensoría Regional de Los Lagos, Jonathan Ramírez (foto), a favor de 10 apoderados y dirigentes vecinales que fueron imputados como autores de injurias y calumnias con publicidad en contra de la directora del colegio, Eliana Chávez Hernández, luego de que éstos realizaran una protesta en las afueras del establecimiento -ubicado en Villa Los Poetas- solicitando mejoras educacionales.

El caso se dio a conocer el 6 de junio de 2011, cuando un grupo de apoderados del colegio manifestó su descontento con la gestión realizada por la directora, aludiendo problemas de infraestructura, malos tratos a los alumnos y cobros indebidos de dinero.

Tras esta protesta, a la cual se sumaron dirigentes sociales, la directora presentó una querella por injurias y calumnias graves con publicidad a través de su abogada, Orietta Llauca. 

La acción penal privada pretendía condenar a 10 de los apoderados y dirigentes vecinales que habían participado en la manifestación, debido a que habrían insultado y denigrado públicamente a Eliana Chávez, además de atribuirle la comisión de delitos. 

RAZONES DE LA INOCENCIA
Esto siempre fue negado por los imputados, quienes declararon su inocencia y no aceptaron acuerdos que pretendían acabar con el proceso si se disculpaban públicamente.

Jonathan Ramírez explicó que “los apoderados siempre sostuvieron que no habían cometido el delito y que sólo estaban luchando por el derecho a tener una educación de calidad para sus hijos”.
  
Esto fue ratificado por una de las voceras de los apoderados movilizados, Elisabeth Ibacache, quien explicó que “desde un principio sabíamos que esta querella no iba a llegar a ningún lado, ya que todos los reclamos que hicimos eran por el bien de los niños y no tenían ninguna otra intención”.

Otro de los acusados de esta causa, el presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, Ronny Torres, agregó que “esto demuestra que cualquiera puede acusar a otro de injurias y calumnias. Nosotros sólo buscamos que se atendieran los reclamos de los apoderados, orientados a mejorar la infraestructura del colegio y a corregir graves irregularidades que detectamos. Ahora, después de este sobreseimiento, sólo me queda agradecer el compromiso y el profesionalismo del abogado de la Defensoría Penal Pública, quien siempre nos dijo que estuviéramos calmados y que pronto todo se iba a aclarar”.

La iniciativa responde a una invitación hecha por los responsables de la sede La Serena del Instituto Profesional de Chile, quienes a través del proyecto “IP Chile en acción, una respuesta a la comunidad” buscan informar y educar a la opinión pública sobre temas como maltrato y abuso infantil, defensa penitenciaria, justicia penal, asistencia Legal gratuita, trámites del Registro Civil por internet y medidas alternativas al cumplimiento de la pena, entre otros.

El proyecto durará tres meses e incluye programas de radio de 30 minutos -en los que participarán representantes de todas las instituciones-, además de cápsulas radiales que fueron grabadas por Daniel San Martín, periodista de la Defensoría Regional de Coquimbo.

LEY PENAL ADOLESCENTE
Durante el primer programa, el Defensor Regional, Alejandro Viada; el seremi de Justicia, Gregorio Rodriguez, y Víctor Donoso, abogado de Sename, informaron y evaluaron la aplicación de la ley penal juvenil. Los tres coincidieron en que esta norma ha sido positiva al favorecer la reinserción de los jóvenes, pero reconocieron también que falta mejorar la aplicación de los programas de rehabilitación.

Viada explicó que la Defensoría Penal cumple la misión de asistir tanto a adultos como adolescentes que cometan un delito. “Incluso un joven, desde el momento en que es detenido, no puede declarar ante el fiscal o la policía si no está presente el abogado defensor”, resaltó. Agregó que los menores tienen derecho a una defensa completamente gratuita.

Durante el encuentro se les dieron a conocer los beneficios intrapenitenciarios a los que pueden optar, que incluyen permisos de salida diaria, rebaja de condena y salida dominical, entre otros, además de recomendaciones sobre cómo acceder a cada uno de ellos. También conocieron en qué consiste la libertad condicional y los requisitos para adquirirla, lo mismo que el beneficio de reducción de condena.

Raúl Palma explicó a los presentes que “esta actividad busca establecer una comunicación directa entre la Defensoría y ustedes, nuestros sus usuarios, para detectar inquietudes, reclamos y entregar otras informaciones que sirvan para mejorar el desempeño de nuestras funciones. Además, quiero que tengan claro que para nosotros ustedes siguen siendo nuestros clientes y vamos a llevar adelante actividades como ésta de manera permanente”.

También destacó la especialización que recibió el Defensor Local Jefe de Copiapó en la Academia Penitenciaria desarrollada recientemente en Santiago, que se inserta en un lineamiento de trabajo de la Defensoría con los beneficiarios condenados. Por lo mismo, instó a los internos a aclarar sus dudas, quienes se mostraron agradecidos por ser tomados en cuenta y solicitaron más espacios como este.

Palma y Navarro tomaron nota de cada comentario y pregunta realizada durante la jornada, las que serán analizadas y procesadas por ellos, para luego ser respondidos a cada interno en una próxima reunión. 

Al finalizar la actividad, los condenados recibieron material de difusión consistente en cartillas informativas de derechos y obligaciones, cuyo contenido establece los beneficios intrapenitenciarios más solicitados y sus requisitos, así como también una breve información sobre el derecho de eliminación de antecedentes penales.

Durante el juicio oral, la fiscalía acusó a los imputados Roney Monroy, Emilio Alvarado, J.F y J.F. -ambos hermanos y menores de edad-, por el robo con homicidio en contra de Camilo Ossandón, ocurrido la madrugada del 20 de noviembre de 2010. Ossandón participaba en una fiesta en la Compañía Alta y al originarse una riña huyó del lugar, siendo perseguido y alcanzado por un número indeterminado de sujetos que lo golpearon con pies, puños y elementos contundentes. Tras agonizar cinco días, la víctima falleció en el hospital de Coquimbo.

Luego de conocer las pruebas, los jueces Iván Corona, María Devoto y Nury Benavides resolvieron recalificar el delito de robo con homicidio y condenar a los acusados por homicidio calificado, hurto y lesiones menos graves a penas de entre 5 y 20 años.

Esto llevó a los defensores penales Paula Pérez, Bárbara Antivero y Juan Pablo Segovia a presentar recursos de nulidad, argumentando que el tribunal oral no instó a los intervinientes a debatir sobre la recalificación de los hechos por los que la fiscalía acusó a sus defendidos.

CÓDIGO PROCESAL PENAL
Precisamente, el argumento de la Corte de Apelaciones para anular el juicio especifica que los jueces del tribunal oral no cumplieron con el artículo 341 del Código Procesal Penal, según el cual la sentencia no pueda exceder el contenido de la acusación, no pudiéndose condenar por hechos y circunstancias no contenidos en ésta, y que en caso de hacerlo, derivará siempre y cuando se advierta a los intervinientes en la audiencia para debatir sobre los hechos.

Tras el fallo, la defensora penal Bárbara Antivero (foto) expresó su conformidad con la resolución de la Corte y destacó que éste da la razón a los defensores penales en que no fueron advertidos ni invitados a debatir por los jueces de tribunal oral para recalificar los hechos, “siendo finalmente los acusados condenados por tres delitos que no eran parte de la acusación de la fiscalía”.

El proyecto, financiado por el Fondo de Fortalecimiento de la Sociedad Civil del Ministerio Secretaría General de Gobierno, se está desarrollando en cuatro regiones del país y tiene por objetivo fortalecer a las organizaciones que trabajan en procesos de inclusión social para usuarios problemáticos de drogas y personas privadas de libertad. El objetivo es simple: tender a la  construcción conjunta de programas de acción y ejecución de políticas intrapenitenciarias.

A partir de ello y en atención al trabajo desarrollado por la Defensoría Regional a través de la Unidad de Apoyo a la Gestión de Defensa (UAGD), los coordinadores de la red invitaron a la sicóloga Golda Barrientos a exponer sobre los beneficios contemplados en la Ley 18.216, de cumplimiento alternativo de la pena.

Durante la exposición, inserta en el programa de las primeras jornadas de acercamiento entre las entidades que darán vida a la red, la sicóloga de la Defensoría Regional tomó contacto con las organizaciones que formarán parte de la red y, de paso, aclaró diversas dudas respecto de la aplicación de los beneficios.

PENAS ALTERNATIVAS
En este contexto, Bárbara González -coordinadora de la actividad y directora de la Fundación EFAD- explicó que “sólo entre 2000 y 2010 la población penal se duplicó,  haciendo que la situación de hacinamiento esté en situaciones críticas. Ello nos hace pensar que las penas alternativas han sido muy poco usadas por los distintos actores del sistema y, en la mayoría de los casos, se termina utilizando el encierro como el único mecanismo de control efectivo sobre las conductas delictuales de las personas procesadas”.

Para Bárbara González, muchas de las organizaciones que trabajan en inclusión social de los temas relacionados al uso de drogas y la delincuencia, se encuentran en una situación fragmentaria, con escasez de recursos económicos, carencia de conocimientos y modelos de trabajo.

“Justamente por ello requerimos la conformación de una red y contar con la experiencia de instituciones como la Defensoría y otras que puedan aportar apoyo técnico y profesional para alcanzar estructura organizativa, estrategia de desarrollo, gestión de recursos financieros y humanos para avanzar en temas de naturaleza penitenciaria”, aseguró.

La ceremonia oficial de conformación de la red tuvo lugar en el Instituto de Formación Católica del Arzobispado de Antofagasta (Infoca), ubicado en calle Sucre 631, y contó con la participación de un importante número de organizaciones. Ahora el trabajo se desarrollará a través de comisiones técnicas.

CONTROL DE DETENCIÓN
Durante la audiencia de control de detención, la Fiscalía relató que la víctima fue reducida por unos individuos, entre los que se encontraría el imputado, quienes -supuestamente- sin mayor motivo lo subieron a una camioneta en la que lo transportaron por la comuna de Dalcahue (en la Provincia de Chiloé). Todo esto, según el fiscal Jorge Raddatz, habría durado aproximadamente 40 minutos. 

En su momento, la defensa aclaró que este hecho se produjo en realidad a propósito de una riña que se gestó a la salida de la discoteca Kmazú de Dalcahue y que la víctima no fue secuestrada, sino que retenida en un vehículo mientras el imputado y sus amigos buscaban a los  sujetos que los habrían agredido, los cuales serían conocidos del denunciante.

El defensor Mora agregó que la supuesta víctima se bajó de la camioneta cuando un carabinero detuvo el vehículo para realizar un control rutinario de tránsito, pero no aprovechó dicha instancia para denunciar el supuesto secuestro, ni tampoco llamó a la policía al bajarse.

“No existió flagrancia en la detención del imputado, tal como argumentó la Fiscalía, porque la víctima  estuvo en posición de dar cuenta de los hechos a Carabineros al momento de bajarse del vehículo y no lo hizo. Sólo efectuó la denuncia horas después, en la Tenencia de Dalcahue”, dijo el defensor.

Añadió que durante el control de tránsito realizado por Carabineros, el imputado fue detenido por presentar una multa impaga, por lo que fue trasladado hasta el cuartel policial. Cuando se estaba constatando lesiones en el centro de salud fue nuevamente detenido (supuestamente por la denuncia por secuestro), aunque Carabineros no le informó el motivo de la aprehensión ni le leyó sus derechos, antecedente que fue tomado en cuenta por la magistrada para resolver la ilegalidad de la detención reclamada por la defensa.

LA RESOLUCIÓN 
Ante los argumentos expuestos durante la audiencia, la magistrada Islas decidió declarar ilegal la detención y negar la prisión preventiva que la Fiscalía había solicitado como medida cautelar contra el imputado.

Es más, la jueza desechó también el arresto domiciliario total que el Ministerio Público pidió en subsidio y sólo concedió como cautelares que el imputado no se acerque a la víctima ni se comunique con ella y que firme quincenalmente en el Tribunal de Garantía.

Esto, debido a que la magistrada consideró que no había antecedentes que justificaran la existencia del delito de secuestro en este caso, aunque planteó que se podría estar en presencia de un caso de  amenazas condicionales y lesiones leves.

Finalmente, se fijaron 90 días como plazo de investigación y se ordenó la libertad del detenido.

Guillermina Painebilu y Jessica Guzmán Painebilu, madre e hija, fueron violentamente detenidas por varios policías, tal como lo demostró un video grabado por otra hija de la mujer y que desde anoche fue profusamente difundido por medios electrónicos y redes sociales.

"APREMIOS ILEGÍTIMOS"
Esta mañana, ambas detenidas fueron llevadas a audiencia de control de detención, instancia en que fueron representadas por la defensora jefe de la Defensoría Penal Mapuche, María del Rosario Salamanca.

Acompañada por la jefa de Estudios de la Defensoría Regional de La Araucanía, Sandra Haro, la abogada Salamanca expuso las condiciones en que ambas mujeres fueron detenidas: “Recibieron apremios ilegítimos de parte de carabineros. Ellas tienen lesiones que están constatadas en el servicio de salud. La señora Guillermina tiene una contusión por objeto contundente en el antebrazo y en el cuello. Ellas no estaban cometiendo ningún delito, los carabineros están autorizados a detener en caso de flagrancia, pero el video demostró que eso no fue lo que ocurrió”.

La defensora pública solicitó al tribunal declarar ilegal la detención y para ello pidió que se exhibiera el video del procedimiento policial y que las imputadas entregaran su testimonio sobre los hechos. En las imágenes, se muestra a los carabineros golpeando con sus armas a madre e hija, mientras una de ellas llevaba a un bebé en sus brazos.

Una vez expuesto el video y tras la declaración de ambas imputadas, el fiscal a cargo de la causa decidió no formular cargos en su contra y poco después, el juez Gutiérrez no sólo declaró ilegal la detención, sino que además decidió oficiar al jefe de la Novena Zona Policial de Carabineros –general Iván Bezmalinovic-, para que inicie una investigación interna de los hechos, y denunciar lo ocurrido a la Fiscalía Militar, para que investigue los eventuales maltratos contra las detenidas.

SUJECIÓN A NORMAS
Cabe recordar que el pasado viernes 6 de enero, la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema confirmó un fallo previo de la Corte de Apelaciones de Temuco, que el 21 de diciembre pasado acogió -a su vez- un recurso de amparo constitucional interpuesto a favor del menor F.M.M., de 12 de edad, y otros integrantes de la comunidad mapuche Temucuicui, situada en la comuna de Ercilla, en la Novena Región.

En ese fallo original, la Corte de Temuco ordenó a Carabineros “efectuar los procedimientos policiales en dicho sector con estricta sujeción a la normativa constitucional y legal vigente, absteniéndose, en lo sucesivo, de afectar los derechos fundamentales de las personas amparadas, teniendo una especial consideración respecto de los menores de edad”.

El 9 de enero, ambos adolescentes -de 15 y 17 años, respectivamente- fueron sorprendidos por Carabineros mientras incendiaban pastizales situados en la franja pública de la orilla del camino que une Traiguén con Victoria, en la Novena Región, ocasión en la que lograron afectar una superficie de poco más de 600 metros cuadrados de maleza.

Desde ese momento hasta el mediodía de hoy, en que se efectuó el control de su detención, ambos quedaron en internación provisoria en el centro del Sename que funciona en Cholchol.

POSIBLE APELACIÓN
Junto con el arresto parcial y durante los dos meses fijados para la investigación de los hechos, los jóvenes deberán firmar mensualmente ante la Policía de Investigaciones (PDI) de Traiguén y además estarán sujetos a la vigilancia del Sename. A la salida del tribunal, ambos menores y sus madres se abrazaron, muy contentos de recuperar su libertad.

El defensor penal público Rodrigo Flores, encargado de representar a uno de los menores en la audiencia, explicó su rechazo a la aplicación de cualquier medida cautelar en este caso, por considerar que no existen antecedentes de participación respecto del adolescente, quien además no registra condenas anteriores.

“Aplicando las normas de la Ley 20.084 y la Convención de Derechos del Niño, nunca debió aplicarse una medida restrictiva de libertad como la que se decretó, por lo que estamos evaluando apelar de dicha resolución. Y en el caso improbable de que el menor sea condenado, creemos que nunca lo será a una sanción privativa de libertad”, explicó Flores.

En la audiencia de control de detención, el Ministerio Público solicitó la ampliación de ésta, argumentando que requerían de mayores antecedentes para formalizar a los menores, por lo que recién hoy se les dará a conocer por qué están siendo investigados.

Los adolescentes, de 15 y 17 años de edad, fueron defendidos por el abogado jefe de la Defensoría Local de Angol, Rodrigo Flores Ulloa, quien solicitó al tribunal declarar la ilegalidad de la detención, por no ajustarse al criterio de flagrancia. Pese a la oposición de la defensa, el tribunal dejó a los jóvenes privados de libertad.

“Nosotros explicamos que nos parecía excesivo mantener la detención. Nos opusimos a la legalidad, porque los adolescentes se dirigían a su domicilio en horas de la noche por un lugar de paso obligatorio”, explicó Flores.

Los menores, que no registran antecedentes penales anteriores y estudian en un liceo de la zona, se encuentran privados de libertad en un centro del Sename a la espera de su formalización.

El juicio, que se extendió por una semana, busca conocer la responsabilidad de Danny Dávalos en la muerte del abogado Raúl Santa María, de su esposa -y hermana del homicida- Rose Marie Dávalos y de la empleada del matrimonio, Isabel Méndez.

La defensa del acusado Dávalos Echeverría estuvo a cargo del defensor local de Curacaví, Rodrigo Velázquez (foto interior), quien afirmó al inicio del juicio que “los hechos de la acusación fiscal se encuentran dentro de una convención probatoria. Según esta convención, reconocemos los hechos y la participación de mi defendido en ellos, por lo que la cuestión central del juicio será establecer si el señor Dávalos es inimputable o no desde el punto de vista penal”, explicó.

IMPUTABILIDAD
A juicio de la fiscalía y querellante, Danny Dávalos es responsable e imputable del delito de homicidio simple en contra del matrimonio Santa María-Dávalos y de su empleada, en tanto la defensa dice que Dávalos Echeverria sufre de una esquizofrenia y paranoia que lo hacen inimputable o con una imputabilidad a lo menos disminuida.

El Tribunal Oral de Melipilla dará a conocer a las 11 horas su decisión en relación con la acusación fiscal, determinando así si Danny Dávalos es o no penalmente responsable de los delitos que se le acusan.

En efecto, si al ciudadano común que postea en las redes sociales le llama la atención que los llamados delincuentes de “cuello y corbata” entren por puertas laterales a los Tribunales de Justicia y cumplan penas extremadamente bajas y con beneficios -después de haberse metido, literalmente, a gran parte del país al bolsillo-, cuanto más no debiese impulsar un cambio y aceleramiento en nuestras autoridades para generar la modernización de nuestro sistema de tipificación penal.

En contrapunto, “robar una gallina” tiene asignada una pena a lo menos igual a la que arriesgan estos grandes emprendedores. También llama la atención de la opinión pública que por incendiar o tan sólo intentarlo, usando para ello algún elemento incendiario, se invoque la Ley Antiterrorista y se sancione por ello a 10 años o más de privación de libertad a personas de etnia mapuche, mientras que un extranjero tan solo arriesga una multa, si se comprueba que su accionar imprudente causó un incendio que destruyó miles y miles de hectáreas…

Algo está mal, o suena mal, y ello no es más que la mantención en nuestro país de un sistema de delitos y penas -derecho penal de fondo, le llaman los entendidos- claramente anacrónico, decimonónico o pasado de moda, si se quiere.

Por todo lo anterior es que parece contradictorio que si uno de los ejes centrales de todas las tendencias políticas -a la hora de presentar sus programas de gobierno- es el tema del delito y el fenómeno de la delincuencia, no se haya complementado la exitosa reforma procesal penal con una actualización del catálogo de delitos en nuestro país.

Es esta debilidad la que produce un sinfín de críticas al accionar de todos los operadores de la justicia criminal en Chile, algunas fundadas y otras -las más - claramente no, pero que en su conjunto debilitan la confianza de la ciudadanía en nuestras autoridades, lo cual debiese solucionarse.

Queda esta tarea pendiente para poder decir que nuestro sistema criminal ha terminado de ponerse a tono con la nueva era. Esperemos que no pase otro siglo para ello.

Por José Luis Craig Meneses,
Defensor Regional del Maule.

En primer término, la entrada en la escena de la persecución penal de los denominados delitos de cuello blanco, de carácter económico o vinculados  a desastres ambientales, cuyos autores utilizan ardides en el límite de lo lícito; distorsionan el mercado y afectan bienes jurídicos difusos.

Sobre ellos, urge la reformulación de categorías jurídicas, tipos penales y tipos de sanciones con el rigor técnico y dogmático que dicha normativa requiere y no al calor de las luces televisivas-electorales.

En segundo término, recordemos la polémica suscitada entre la autoridad del Ejecutivo con los órganos jurisdiccionales y de persecución penal. La sola situación nos trae de vuelta a las teorías clásicas de separación de poderes y funciones, y a la existencia  de  organismos con determinadas competencias. Todo ello, en el contexto de los roles que la propia Constitución ha definido.

Reducir el debate a no  sumarse a una especie de cruzada nacional en contra de la delincuencia o a favor de la seguridad ciudadana es  del todo errado, pues

desatiende los roles que la Constitución o la ley ha otorgado a cada órgano, ya sea   juzgando sobre la base del mérito de la prueba de cargo respecto de la comisión de un delito, ya sea sustentando la acción penal pública con las herramientas legales  adecuadas para cada caso en particular.

En términos generales, 2011 fue un año disonante desde la perspectiva jurídica. Sin embargo, a la hora de los desafíos para el mítico 2012, la Defensoría Penal Pública continuará avanzando en el cumplimento de su misión institucional de hacer efectivo el derecho a defensa de todo imputado y,  de paso, materializando las obligaciones internacionales en el ámbito de los derechos humanos del Estado de Chile.

Así las cosas, renovamos nuestro compromiso con una defensa técnica y altamente profesionalizada, lo que nos llevará a continuar creciendo y especializándonos en materias tales como la defensa adolescente, indígena, de género o penitenciaria, para así seguir prestando una defensa de calidad a toda persona imputada de un crimen, simple delito o falta. Ese es nuestro norte.

Por Roberto Vega Taucare,
Defensor Regional (S) de Antofagasta.

Ahora, con los antecedentes en mano y sin desconocer el gran número de personas que son detenidas cada año por conducir en estado de ebriedad, los invito a realizar el siguiente ejercicio. Planteémonos la siguiente situación:

• Si las infracciones a la Ley de Tránsito, específicamente aquellas por conducción en estado de ebriedad, son el segundo delito que se comete con mayor frecuencia en la región,
• Si estas cifras han sido una constante en el tiempo y además el alcohol es un flagelo que está instaurado en nuestra sociedad,
• Y si, a la vez, la sociedad recibe incentivos publicitarios para un inicio cada vez más temprano en su ingesta,

… La solución claramente no va por atacar la conducta final solamente. Es necesario hacer algo antes de que una persona ebria se siente al volante de un vehículo para conducirlo, poniéndose en riesgo primero ella misma y luego a toda la comunidad en su conjunto, ya que los factores que hemos enumerado -que en los hechos se presentan con tanta fuerza en nuestra región- no se acabarán si se llegara a aprobar por el Parlamento el proyecto que aumenta las sanciones por manejar en estado de ebriedad.

Sinceramente, creo que aumentar las penas generará un mayor número de personas sometidas a un proceso penal casi exclusivamente y, en lo fundamental, no tendría mayor influencia en lo importante, que es generar un cambio de actitud y mentalidad en los bebedores para abstenerse de conducir.

Como Defensoría Penal, consideramos que una campaña para evitar el consumo de alcohol al conducir, funcionaría prohibiendo su publicidad en la prensa, prohibiendo su venta a menores o en ciertos horarios nocturnos. Las panaderías, por ejemplo, no atienden en horarios nocturnos y los supermercados cierran máximo a las diez de la noche. ¿Por qué ha de resultar necesario que los expendios de alcohol tengan un horario extendido?

Otra medida sería realizar controles a la salida de los centros de diversión. La sola presencia de la policía en otros países actúa como elemento disuasivo en estas materias, así se ayudaría eficazmente a la disminución de las infracciones, pues no estamos por penalizar a nuestros conciudadanos. La labor en este campo es y debe ser prevenir la comisión de estos ilícitos, pues una vez cometidos las consecuencias en muchos casos son irreparables, por más sanción que se aplique al infractor.

Se deben considerar, además, mecanismos alternativos de detección, diagnóstico y tratamiento de los problemas de dependencia de este tipo de bebidas, considerando que el perfil de las personas que conducen en estado de ebriedad, según nuestros antecedentes, indican que sólo el 16,7 por ciento tenía antecedentes previos, mientras que el 83,8 por ciento contaba con una irreprochable conducta, lo que da a entender que no estamos defendiendo delincuentes, sino que personas que por primera vez incurren en este delito.

Es tan importante el tema de la educación en materia de consumo responsable de alcohol, porque la ebriedad no sólo está presente en materia de delitos de tránsito. También, y con consecuencias aún mayores, se encuentra en delitos en contra de las personas. Sin ir más lejos, la semana anterior supimos de un caso que involucró incluso a familiares.

Respecto de este último párrafo, cabe señalar que existe un estudio exploratorio descriptivo, realizado por la Defensoría Penal Pública, a 154 carpetas de investigación ingresadas en la Defensoría de casos de gran conmoción desde el punto de vista social, según el cual se pudo establecer que el 39 por ciento de los imputados se encontraba bajo la influencia del alcohol.

Por tanto, es importante hacer hincapié en que el problema que prevalece en la comisión de un delito -sea de conducción o contra las personas- es el alcohol, y es aquí donde se debe invertir en prevención, educación y en medidas que restrinjan su consumo más allá de lo conveniente.

Juan Carlos Rebolledo Pereira,
Defensor Regional de Aysén.

El tribunal, integrado por Gonzalo Garay (presidente) Ximena Saldivia y Cecilia Subiabre, consideró en su fallo que las pruebas presentadas por el Ministerio Público fueron “insuficientes para acreditar los hechos y las participaciones”.

Los comuneros Leonardo Lican Ñanco, Juan Pablo Lican Ñanco, Alexis Lican Ñanco, Marco Melinao Melinao, Cristian Leviano Melinao, Juan Bernardo Lican Melinao y Carlos Marin Marin fueron representados por los abogados de la Defensoría Penal Mapuche, dependiente de la Defensoría Regional de La Araucanía.

Uno de ellos, el defensor público Ricardo Cáceres, explicó que durante los tres días del juicio nunca pudo demostrarse quién sustrajo finalmente la madera: “Las pruebas presentadas por el Ministerio Público fueron fotografías de predios forestales, fotografías aéreas y varios testigos protegidos. La fiscalía primero trató de comprobar la sustracción de la madera y después la participación de nuestros representados. Sin embargo, no quedó claro quién la sustrajo, tal como lo indicó el tribunal”.

Cáceres dijo que todos los abogados de la Defensoría Penal Mapuche quedaron muy satisfechos con lo señalado por los jueces al término de los alegatos de clausura del juicio oral. “Los antecedentes de la investigación no ameritaban una acusación de esta envergadura y fue por esta razón que los comuneros no aceptaron ninguna salida alternativa antes del juicio oral, porque no tenían participación en los hechos”.

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA
Jaime López, abogado de la misma oficina especializada de la DPP, criticó específicamente la presunción de dominio que pretendió establecer la fiscalía a favor de la Forestal Mininco, pues el principal fundamento de la acusación señalaba que los comuneros mapuche tenían acopiada madera en sus casas, la que supuestamente pertenecía a la forestal y habría sido hurtada por ellos desde el fundo Poluco Pidenco.

“Lo sorprendente es que no hubo ninguna incautación, porque no se encontró ningún trozo de madera. Nos preguntamos cuál es el estándar que tiene la fiscalía para requerir por delito de hurto a las comunidades mapuche. Esto claramente se contrapone a la presunción de inocencia, donde se debe acreditar la participación de un individuo”, afirmó López.

El defensor público explicó que durante dos años la fiscalía mantuvo incautados cuatro vehículos y varias motosierras de los comuneros, lo que significó un perjuicio extra para ellos y sus familias. “La pregunta es quién va a responder por el daño causado al incautar estas herramientas de trabajo. Al parecer, hay un cuidado excesivo respecto del derecho de propiedad de unos y hay muy poco cuidado respecto al derecho de propiedad de otros”, concluyó.

DISCRIMINACIÓN
Para María del Rosario Salamanca, jefa de la Defensoría Penal Mapuche, queda claro que esta imputación fue absolutamente discriminatoria contra los comuneros mapuche, pues aquí el Ministerio Público “parte de la premisa de que toda madera que existe en las comunidades mapuche son hurtadas y pertenecen a alguna forestal”.

Agregó que en el caso del comunero que ella defendió, éste fue acusado de sustraer cien metros ruma que habrían estado apilados en su domicilio. “Sin embargo, no existe prueba alguna, incluso de dónde vive el imputado. ¿A qué otro ciudadano no mapuche se le lleva a juicio sin tener ningún tipo de prueba?”, preguntó.

El fallo se produjo a propósito de la apelación presentada por Carabineros tras el fallo inicial de la Corte de Temuco, que acogió el amparo y consignó una vulneración de derechos del menor al momento de su detención, ocurrida el pasado 8 de diciembre.

También ordenó a Carabineros “efectuar los procedimientos policiales en dicho sector con estricta sujeción a la normativa constitucional y legal vigente, absteniéndose, en lo sucesivo, de afectar los derechos fundamentales de las personas amparadas, teniendo una especial consideración respecto de los menores de edad”.

MENOR DETENIDO
Los hechos que motivaron tanto el recurso de amparo como el fallo de hoy ocurrieron durante la tarde del pasado 8 de diciembre, cuando un gran contingente de Carabineros ingresó a la comunidad mapuche Temucuicui, contexto en cual el menor “fue esposado y subido a un carro policial, medio en el cual fue conducido a la comisaría de Collipulli, permaneciendo en calidad de detenido por varias horas”, hasta ser dejado en libertad durante la madrugada del día siguiente, tal como lo reflejó el parte policial emitido en ese momento.

Todos estos antecedentes fueron explicados ayer a los ministros de la sala penal por el defensor público Claudio Fierro (fotos), abogado de la Unidad de Corte de la Defensoría Penal Pública, durante los alegatos en que Carabineros solicitó a la Corte revocar el fallo que acogió el amparo.

Consultado sobre la decisión de la sala penal, el abogado Fierro señaló que el fallo tiene una “relevancia especial” para generar un nuevo escenario de respeto riguroso a las garantías y derechos fundamentales de las comunidades indígenas, específicamente para la de Temucuicui.

“Esto, porque si bien la acción policial tiene respaldo legal en el contexto de investigaciones que realiza el Ministerio Público, tales procedimientos deben efectuarse dentro de un marco de legalidad y respeto a normas constitucionales y de derecho internacional como el Convenio 169 de la OIT”, agregó.

Conclusión relevante fue reconocer la deficiente calidad de los partes policiales, surgiendo el compromiso de implementar medidas para lograr que contengan los datos indispensables y necesarios para avanzar en una investigación.

Agrega que con estas medidas pretenden rebajar alrededor de 70 mil casos que son almacenados a la espera de reabrirlos si es que surgen nuevos datos, es decir cerca del 10 por ciento de los casos que hoy terminan por esa vía.

Como Defensor Regional comparto la necesidad de mejorar los procedimientos policiales, así podríamos contar con investigaciones más completas y reglas más claras de lo que un policía debe y no debe hacer, en especial si el parte policial se convertirá en la notitia criminis que iniciará un procedimiento donde, posiblemente, se restrinjan derechos de una persona.

Sin embargo, preocupa que el Ministerio Público asuma compromisos -traducidos en metas- que lo obliguen a disminuir este tipo de salidas. Ello puede afectar seriamente la objetividad con que los fiscales deben desarrollar sus investigaciones, viéndose forzados, eventualmente, a encontrar un “culpable”, aun cuando los antecedentes puedan ser insuficientes para esclarecer los hechos y, sobre todo, la persona del presunto autor, aunque las policías hayan realizado todos los esfuerzos para dar con su identificación.

Las metas de desempeño pretenden garantizar que los funcionarios cumplan sus funciones con eficiencia y eficacia, pero estos criterios gerenciales no pueden aplicarse a secas, pues ponen en peligro el adecuado funcionamiento de un Estado de derecho, en especial si se corre el riesgo de llevar a la justicia penal a personas que, por error, pudiesen sindicarse como presuntos autores de un delito “sólo para cumplir la meta”.

El principio de objetividad que obliga a los fiscales no es una imposición antojadiza, sino que es una garantía para que las investigaciones sean justas y racionales, permitiendo un primer filtro a la hora de continuar o no una investigación que, naturalmente, puede no contar con información suficiente.

Autoimponerse metas como la señalada puede convertirse en la espada de Damocles del Ministerio Público, que tanto ha defendido su independencia y objetividad para llevar adelante las políticas de persecución. Quizá las presiones han sido muchas. 

Por Alejandro Viada O.,
Defensor Regional de Coquimbo.

“La Defensoría ha atendido a 102 mil 939  causas en la Región de Los Lagos. De ellas, 31 mil 743 pertenecen a la provincia de Osorno, 50 mil 530 a la de Llanquihue, 19 mil 148 a la de Chiloé y mil 518 a la de Palena”, dijo el Defensor Regional.

Geisse agregó que “esta alta cantidad de imputados que han sido representados en sus causas debe ser tomada en cuenta cuando se señala peyorativamente que ejercemos como abogados de delincuentes. En general, las causas corresponden a delitos de baja complejidad, siendo las lesiones, los daños y los hurtos los que más se repiten históricamente. Además, casi la mitad de estas causas se resuelven con salidas alternativas, que no significan reconocimiento de culpabilidad por parte del imputado e implican un acuerdo con la víctima o una suspensión condicional del procedimiento”.

El directivo institucional explicó que, en general, no se ha percibido un aumento explosivo en el número de causas que se judicializan y que finalmente requieren de abogados defensores. Más bien, explicó que se observa un incremento normal y moderado durante los últimos tres años.

Por ejemplo, a nivel regional en 2009 ingresaron 17 mil 326 causas, mientras que en 2010 esa cifra llegó a 17 mil 849 causas y hasta el 30 de diciembre de año 2011 ingresaron 18 mil 606.

A nivel local, la provincia de Osorno tuvo un ingreso de 5 mil 122 causas en 2010, cifra que bajó a 5 mil 98 en 2011. En la provincia de Llanquihue ingresaron 9 mil 56 causas en 2010 y  9 mil 648 en 2011. En Chiloé en 2010 ingresaron 3 mil 354 causas, cifra que llegó a 3 mil 626 el año pasado. Por último, en la Provincia de Palena el año 2010 ingresaron 317 causas y en 2011 esa cifra bajó a 234.

ABSOLUCIONES
De las causas que llegan a juicio oral, un importante número termina con absoluciones. Por ejemplo, durante 2011 se dictaron 272 sentencias en juicios orales en la Región de Los Lagos, de las cuales 44 fueron absoluciones. Esto, sumado a las 37 sentencias absolutorias en los juicios simplificados llevados a cabo durante el mismo período y la gran cantidad de personas que fueron sobreseídas luego de que la Fiscalía decidiera no perseverar con las investigaciones en su contra.

“Esto hace necesario recordar a la comunidad que en nuestro país se presume que las personas investigadas por un delito son inocentes hasta que el Estado, a través del Ministerio Público y sus organismos auxiliares, logre probar lo contrario en un juicio público y contradictorio ante un tribunal y, posteriormente, éste determine, más allá de toda duda razonable, que es culpable de los hechos que se le imputan. Muchas de las personas que fueron absueltas debieron estar privadas de libertad (110 desde el año 2003 a la fecha) durante la investigación o fueron víctimas del castigo público al ser presentadas como delincuentes ante la comunidad”, advirtió el Defensor Regional.

ESPECIALIZACIÓN
Otro antecedente importante, orientado a la especialización y el mejoramiento de la calidad del servicio de defensa penal que presta la DPP, es que durante 2011 el 67 por ciento de las causas de imputados menores de edad fueron atendidas por defensores especializados en la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (LRPA).

Esto se suma a que un gran número de defensores penales públicos fueron capacitados en derecho penal penitenciario e indígena durante 2011. Según el Francisco Geisse, “la Defensoría está preocupada por especializar la defensa en diversos ámbitos, para asegurar una atención de calidad a los sectores más discriminados y así velar por el principio de igualdad ante la ley que ampara a las personas”.

Benavides explicó que a diferencia de lo que han señalado algunos  medios de comunicación, su cliente nunca ha confesado ser autor o haber tenido siquiera participación en los hechos que precipitaron el incendio, que ya ha consumido más de 12 mil hectáreas.

“Al momento de ser detenido, mi cliente hizo uso del derecho a guardar silencio que ampara a todas las personas en Chile. Además requirió la presencia de un abogado defensor, por lo que como defensora local de Puerto Natales me correspondió asistirlo legalmente”.

La abogada recalcó que es misión de la Defensoría Penal Pública prestar defensa penal de calidad a todas las personas imputadas de un delito que así lo requieran, sin importar el delito que se le impute, como tampoco la condición social, sexo, nacionalidad, religión o etnia a la que pertenezca la persona. 

En la audiencia de formalización de la investigación, efectuada en la tarde del pasado sábado 31 de diciembre en el Tribunal de Garantía de Puerto Natales, a Zinger se le imputó una falta penal contemplada en la Ley de Bosques, luego de lo cual recuperó su libertad, aunque quedó con las medidas cautelares de firma semanal y arraigo regional, fijándose además un plazo de investigación de 90 días.

Durante la presentación del nuevo sistema de iluminación, el Defensor Regional de Valparaíso, Eduardo Morales, destacó que “somos el único servicio público del país en desarrollar este plan piloto, que busca establecer acciones de mejoramiento en el uso eficiente de la energía. Nos sentimos orgullosos de ser pioneros y así poder contribuir al ahorro de energía, tomando en cuenta que se trata de un recurso escaso, dada la sequía que afecta a algunas zonas de la región y del país”.

La Directora Administrativa Regional, Susana Llanos, explicó que la iniciativa consistió en cambiar 120 luminarias de los tres pisos del edificio institucional por otras con el sistema led. “Como servicio público, estamos comprometidos en el uso eficiente de los recursos fiscales y, en particular, con adoptar medidas concretas de ahorro energético”.

La Agencia seleccionó a la Defensoría Regional de Valparaíso para iniciar el proyecto, por lo cual se suscribió un convenio de colaboración que permitió una intervención de 24 millones de pesos en el inmueble, de los cuales 6 millones fueron destinados por la agencia a instalar un sistema de monitoreo y 18 millones de pesos a obras de cambio de tecnología de iluminación led, con el objeto de disminuir el consumo energético y permitir la instalación de sistemas de medición y control para proyectos futuros.

La Empresa de Servicios Energético (Energy Services Companies, ESCO), estuvo a cargo de las obras. En el marco del proyecto, se hará una evaluación después de un año de funcionamiento, para comparar la línea base definida y certificar el ahorro de energía.

Susana Llanos destacó el trabajo de la Unidad de Infraestructura de la Defensoría Nacional para materializar este proyecto, en especial del arquitecto Jacques Mora y de los funcionarios de la Defensoría Regional de Valparaíso que participaron en la iniciativa.

SISTEMA LED
Los especialistas destacan los siguientes beneficios del sistema de iluminación LED.

-Ahorro en consumo de energía.

-No tiene efecto estroboscópico. Las personas que trabajan bajo esta luz se cansan menos y tienen mejor rendimiento.

-Su vida útil es de 50 mil horas, lo que se traduce en 5 años y 6 meses, funcionando 24 horas al día.

-Tiene un buen índice de rendimiento del color. Los objetos se ve con sus colores originales.

-Están libres de metales pesados como el mercurio que tienen las lámparas fluorescentes, ampolletas de ahorro y haluros.

-No emiten rayos ultravioleta o infrarrojos.

El Ministerio Público pretendía que el edil firmara mensualmente en la Fiscalía de Osorno y que se le prohibiera salir del país, pero -tras la oposición de la defensa- el juez de Garantía, Alex Franke, descartó la necesidad de la firma y sólo acogió el arraigo nacional, consignando que si el alcalde  lo necesita podrá ir al extranjero, solicitando previamente la respectiva autorización judicial.

Según el abogado defensor, la solicitud de firma mensual era exagerada y no estaba justificada, teniendo en cuenta el tipo de delito investigado y la pena asociada a él,  además de que el imputado posee un fuerte arraigo social, familiar y laboral en la comuna en la que ejerce como alcalde y no presenta antecedentes penales. 

LA DETENCIÓN
El alcalde fue detenido la mañana del martes 28 de diciembre, luego de que atropellara a una mujer mientras ella cruzaba por la esquina de las calles Matta y Bilbao, en Osorno. Una vez que se corroboró que la accidentada presentaba sólo lesiones leves, Carabineros de la Primera Comisaría de Osorno le comunicó al alcalde que estaba detenido por no tener la licencia profesional debida para manejar el furgón Hyundai H1 que conducía.

“Él podría haber sido citado a la Fiscalía, tal como ocurre con la mayoría de las personas que son investigadas por este tipo de delitos, pero fue detenido y al otro día fue llevado hasta el Juzgado de Garantía, para la audiencia de control de detención”, explicó el defensor público.
 
Rozas agregó que “a juicio de la defensa la medida fue exagerada, sin pensar en su figura de alcalde, sino que en la de cualquier persona investigada por este tipo de delito, que no presenta antecedentes penales, que tiene más de 70 años y presenta problemas de salud. Pensamos que era factible y se daban las condiciones para que haya sido citado a la audiencia”. 

Este planteamiento quedó plasmado en un recurso de amparo presentado por la defensa horas después de la detención del alcalde. El objetivo era lograr la libertad del imputado, para permitir el tratamiento y no agravar una enfermedad crónica que lo aqueja. Esta presentación fue rechazada, pero el juez de garantía ordenó que se le facilitaran los medicamentos y el acceso a atención médica en caso de que sea necesaria.

En la ocasión el directivo institucional recordó que entregar una defensa de calidad para toda persona imputada de un delito es la principal obligación que el Estado le confirió a la Defensoría Penal Pública, misión que recae en los abogados institucionales y colaboradores licitados.

En las comunas de San Bernardo, Paine, Calera de Tango y Buin, la defensa es realizada por tres defensores institucionales, dos abogados penales juveniles y 10 profesionales licitados o con convenios directos, con lo que la Defensoría Regional Metropolitana Sur asegura la atención a todo imputado de su jurisdicción que no cuente con un abogado de su confianza.

Pavlic recordó que entre otras situaciones, la Defensoría está abocada a ser el verdadero contrapeso de la Fiscalía en el proceso penal, toda vez que en ese contexto se deben esgrimir los antecedentes aportados por los imputados, buscando la pena justa o la absolución si esos argumentos así lo indicaran.

Radio San Bernardo es una emisora on line que, con programación diaria, entrega información y entretención a los vecinos de la comuna. En los próximos meses espera retomar la señal abierta, la cual desde el 102.9 FM pretende ser un canal de comunicación directa para los vecinos de San Bernardo.

Un año después de que se decretó el sometimiento de Eliana de la Vega al plan de intervención -en el marco de los conocidos Tribunales de Tratamiento de Drogas (TTD), tanto la defensa como la fiscalía y el propio magistrado a cargo le expresaron sus felicitaciones ante tan importante paso y destacaron que su voluntad le permitió avanzar en el camino de la rehabilitación.

La beneficiaria, quien en 2010 fue formalizada por el delito de lesiones en el contexto de violencia intrafamiliar (VIF), manifestaba un consumo problemático de pasta base de cocaína, problema que arrastraba desde que tenía 13 años, por lo cual fue internada en la comunidad terapéutica Cepas de Calama.

SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO
Ayer, en la audiencia  en que se decretó el sobreseimiento definitivo de la causa, tras el cumplimento de la condición asociada, intervino primero su delegada del programa, Cristina Muraña Bautista, quien explicó que el proceso de Eliana -como todos los relacionados con consumo problemático- presentó grandes desafíos, ya que “la drogo dependencia es  una enfermedad crónica, por lo cual tal vez nunca se pierdan los deseos de consumo. Pero ahora ella tiene el control de su voluntad y sabe que la droga no  la llevará a nada bueno”.

El defensor público a cargo del programa de TTD, José Mario Fuentealba, destacó luego la importancia de este egreso como un nuevo ejemplo de que, ante casos como el de Eliana, se puede alcanzar grandes logros en materia de prevención del delito.

“El proceso ha sido largo y no exento de dificultades. Ella ha debido alejarse de su familia y, sin embargo, ha demostrado gran fortaleza. Eso, sin duda alguna, nos demuestra que el trabajo conjunto de las instituciones y la correcta aplicación de los programas, garantiza resultados satisfactorios, especialmente cuando la comisión de delitos está asociada a drogas”, expresó.

Asimismo, el defensor comentó que “este tipo de experiencias debiesen replicarse respecto de delitos de mayor gravedad, como ciertos robos y micro tráfico de drogas. Además, se debería ampliar el número de casos, de forma tal que su aplicación no se limite a personas sin antecedentes penales, sino que también se pueda aplicar respecto de reincidentes, lo que supone una modificación legal”, concluyó Fuentalba.

El magistrado Carlos Muñoz, quien casualmente fue el juez que hace un año dirigió la formalización de Eliana, se sumó a las felicitaciones y destacó que “esta no es la misma Eliana de hace un año atrás. Acá llegaste sin expectativas y claramente con tu vida marcada por la droga. Ahora hay que felicitarte y agradecerte, ya que diario quienes trabajamos en esta área nos enfrentamos a situaciones vinculadas a la miseria humana y, sin embargo, este tipo de audiencias son muy bonitas y nos permiten pensar que estamos haciendo las cosas bien”, puntualizó.

Eliana es madre de dos niñas, de 13 y 10 años. Por lo mismo, manifestó que su decisión de rehabilitarse está en estrecha relación con el rol materno que está dispuesta a asumir para sacar adelante las pequeñas. “Agradezco, porque en la comunidad Cepas me he sentido bien y ahora tengo las ganas y la voluntad para recuperarme a mí misma, a mis hijas y mi relación familiar junto a mi esposo”, concluyó.

CÍRCULO VICIOSO
Eliana es un ejemplo a destacar. Tiene 29 años, pero conoció la droga a los 13, edad en que escapó de su casa y se fue a Iquique. No completó su educación básica, fue madre por primera vez a los 14 años y durante todo su embarazo continuó consumiendo.

Sin embargo, cuando nació su hija, dejó completamente la droga durante cinco años. En ese período tuvo una nueva hija y estuvo bien hasta que decidió probar nuevamente la experiencia y terminó involucrada completamente. De sus hijas debió hacerse cargo su madre, contexto en que la joven cumplió los 20 años completamente consumida por la droga, robando y delinquiendo para conseguirla.

Pese a que se casó con un hombre sin vicios, ella continuó drogándose hasta que en medio de una pelea llegaron las agresiones y terminó formalizada por violencia intrafamiliar. Sólo allí decidió tomar la posibilidad de rehabilitarse en el contexto del TTD y ayer vio cumplido un gran paso.

TRIBUNALES DE DROGAS
Los llamados Tribunales de Tratamiento de Drogas (TTD) nacieron en Chile a partir de un estudio que la Fundación Paz Ciudadana realizó en 2004 y que logró establecer que el 73 por ciento de los detenidos en flagrancia por delitos de mayor connotación social y Ley de Drogas había consumido al menos una droga ilegal en los días previos a la comisión del ilícito.

A partir de esta constatación, la fundación decidió aplicar en Chile este programa, que desde la década de los ‘90 en Estado s Unidos ha alcanzado un alto impacto en la disminución de la reincidencia en delitos relacionados con consumo de drogas.

Tras un periodo de aplicación progresiva, los TTD llegaron a la Región de Antofagasta en 2008, contabilizándose siete egresos a la fecha, de los cuales el de ayer fue el de la primera mujer en la zona.

Esa es la lógica de atención de la Defensoría Penal Pública a nivel nacional, pues se ha establecido como un servicio público al cual puede recurrir cualquier persona, sin considerar sus recursos, y una vez atendida, se determinará mediante un mecanismo único y universal si debe o no pagar por los servicios prestados.

En nuestro caso, el instrumento que utilizamos para determinar la gratuidad de la entrega del servicio de defensa es la Ficha de Protección Social, instrumento de nivel estatal conocido por todos, en aspectos tales como el acceso a la vivienda, por ejemplo.

Si bien, la ley enuncia que “toda persona imputada de delito tiene el derecho ‘irrenunciable’ a ser asistida por un abogado defensor proporcionado por el Estado”, este derecho gratuito solamente se aplica a favor del sector más vulnerable del país, pues para quienes cuenten con recursos económicos hay establecidos aranceles con los montos que deberán cancelar -total o parcialmente- por el servicio prestado.

Al momento del primer contacto que tenga el imputado con su abogado defensor, éste último deberá entregarle información clara sobre el cobro del arancel. Por lo tanto, le solicitará datos como nombre, RUT, dirección, teléfono, situación laboral y situación educacional, con el propósito de consultar el puntaje que registra en la Ficha de Protección Social.

En la región de Aysén, desde que comenzó la aplicación de la Ficha de Protección Social -considerando unas mil 745 causas terminadas- en materia de aranceles, unas  mil 686 personas quedaron exentas de pago por el hecho de contar con un puntaje menor a 16 mil 316  (tope máximo) y sólo 59 personas en principio quedaron sujetas a pago de arancel, sin perjuicio que 35 de éstas últimas luego fueron excluidas por otras razones, por ejemplo, que su causa terminó en una sola audiencia, que se encontraban cesantes, eran estudiantes, o que estaban o estuvieron en algún momento sujetos a prisión preventiva, entre otras razones.

Es decir, en la actualidad y sobre un universo de mil 745 causas, sólo 24 de ellas se encuentran en situación de pagar por servicios de defensa penal, sin perjuicio de que es posible que a su respecto, por no contar con ficha, exista alguna causal de exclusión. Respecto de aquellos que no posean FPS, la Defensoría les otorga un plazo de 120 días para que realicen el trámite completo de inscripción. 

A nivel nacional, el porcentaje de gratuidad en la entrega de este servicio supera el 95 por ciento, y es en este contexto que el Defensor Nacional, Georgy Schubert, destacó que uno de los objetivos de cobrar por los servicios de defensa penal es para incentivar a las personas que tengan los medios para pagar un abogado de ejercicio privado a acudan a ellos y no a la Defensoría. “De esta manera,  podemos atender las necesidades de las personas más pobres”, dijo.

Finalmente, es de esperar que los cambios que genere el Ministerio de Desarrollo Social a la Ficha de Protección Social en enero próximo nos permitan identificar y priorizar de mejor manera la población que realmente necesita los beneficios sociales, caracterizando de forma confiable la condición socio-económica del usuario y su familia.

Si necesita más información en torno a este y otros temas relacionados con los servicios de defensa penal, se puede acercar a nuestras oficinas ubicadas en Freire #274, fono (67) 240873, horario de atención de lunes a viernes, desde las 08:30a las 17:30 horas.

Esta ley tiene por finalidad regular la responsabilidad penal de todos los adolescentes por los delitos que cometan, el proceso de investigación y el establecimiento de dicha responsabilidad, la determinación de las sanciones a aplicar y la modalidad de cumplimiento de éstas.

Si bien la legislación rebajó la responsabilidad penal a los 14 años, su objetivo fue adecuarse a la etapa de desarrollo del adolescente. No nace como una respuesta para disminuir la delincuencia juvenil (que responde a fenómenos complejos y debe ser tratada en su origen más que en sus consecuencias), sino que surge para adecuarse a la  normativa internacional, que requiere tener un sistema especializado para los jóvenes infractores de la ley penal, reconociéndole derechos que antes no tenía y proveyendo una respuesta completa del sistema más adecuada.

Antes, el adolescente infractor era tratado simplemente como un adulto con una rebaja de pena. Ahora existe un juicio y un tratamiento que reconoce las particularidades de un joven adolescente en proceso de desarrollo, en el cual puede cambiar, y que al ser intervenido compromete su responsabilización y su adecuada reinserción social.

Por Claudio Gálvez Giordano,
Defensor Regional de Arica y Parinacota.

Durante el juicio oral, la fiscalía sostuvo que en febrero de 2010 y a través de interceptaciones telefónicas, la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones (PDI) de La Serena detectó una red que desde el norte transportaba droga hasta Ovalle.

A fines de julio de ese año, en dos operativos realizados en La Serena y Ovalle, respectivamente, los policías incautaron 49 kilos de pasta base y detuvieron a tres personas por el delito de tráfico ilícito de estupefacientes. En el caso especifico de Pozo, fue involucrado porque supuestamente debía efectuar procedimientos químicos para transformar o purificar la droga.

Sin embargo, su defensor público, Hugo Lagunas (foto interior), argumentó que tanto en el traslado como en el hallazgo de la droga, en las escuchas telefónicas y en las declaraciones de los funcionarios policiales hubo prueba alguna que acreditara notoriamente su participación. “Quedó claro que mi representado no participó en ninguna transacción, traslado, ni tampoco se le encontró droga en su poder”, recalcó el abogado.

Luego de conocer las pruebas testimoniales y periciales, los magistrados Eugenia Gallardo, Claudia Ortiz y Arturo Briceño resolvieron condenar a Pedro Ibacache y Claudio Anjel a las penas de 4 y  5 años y 1 día, respectivamente, al tiempo que absolvieron a Julián Pozo, quien permaneció privado de libertad desde el 30 de julio del 2010.

NO ERA EL “COCINERO”
En la sentencia, los jueces determinaron que pese a los dichos de los funcionarios policiales en cuanto a que Pozo actuaría como “cocinero” de la droga, eso constituye sólo una hipótesis, ya que no existió ninguna acción ni participación en la cadena del tráfico en que éste haya transportado, adquirido, poseído, guardado o portado sustancia alguna.

Además, establecieron que ni siquiera se comprobó que el acusado haya tenido conocimiento de la existencia de droga.

El defensor Lagunas comentó que durante el extenso período en que permaneció privado de libertad, Pozo fue visitado sólo en dos ocasiones por su hermana, quien viajó desde Tacna, aunque lamentablemente la precaria situación económica en que quedaron su señora e hijos les impidió venir a verlo.

“Vivió momentos de tristeza y soledad muy duros que le costó sobrellevar, sobre todo que desde un principio él me señaló que su detención era un error y que no tenía ninguna participación en esta red de tráfico”, aseguró Lagunas.

La presente tiene el objetivo de enfrentar el desconcierto que genera la carta al director publicada hoy en su diario, bajo la firma del doctor Jorge Soto Silva. Este profesional, en medio de un texto en que quiere criticar análisis jurídicos de personeros ajenos a nuestra institución, se permite afirmar que “la Defensoría defiende a delincuentes”.

Para claridad del doctor Soto y de otras personas que puedan tener la misma confusión, la misión de la Defensoría Penal Pública es: “Proporcionar defensa penal de alta calidad profesional a las personas que carezcan de abogado por cualquier circunstancia, velando por la igualdad ante la ley, por el debido proceso y actuando con profundo respeto por la dignidad humana de los representados”.

Para nosotros y para la sociedad chilena en general, son personas todos los seres humanos, transgredan la ley o no. Sólo los tribunales de la república tienen la potestad de discernir que algunos han quebrantado el respeto que todos debemos tener por el derecho, pero para llegar a eso debe seguirse un procedimiento en que hay un acusador y un defensor, quienes exhiben sus fundamentos jurídicos y pruebas para que los jueces diriman si hay responsabilidad o no en un ilícito. Eso da la garantía de un juicio justo.

Para abundar, podemos citar que en 2010 nos tocó atender en Tarapacá un total de 429 casos en juicios orales, de los cuales un 17 por ciento resultó en absoluciones. Esto quiere decir que defendimos, sólo en esa modalidad, a 429 casos de acusados de cometer delitos, en los cuales 342 personas fueron declaradas culpables y 87, personas también, fueron proclamadas inocentes por los tribunales.

Lo anterior prueba que nuestra labor no es defender delincuentes, sino que asegurarnos que los juicios en materia penal sean justos, para legitimar la persecución penal y proteger a nuestra sociedad.

Arturo Zegarra W.,
Defensor Regional de Tarapacá.

El trasfondo de esta causa indígena se relaciona con que el territorio que reclaman como ancestralmente suyo estas comunidades pertenece actualmente a la Forestal Las Vertientes. Precisamente en este escenario, en febrero pasado surgió una arista penal, cuando un grupo de familias ingresó al predio para realizar un nguillatún en un lugar considerado sagrado.

Esto derivó en un desalojo efectuado por Carabineros y en la formalización -en octubre de este año- de cinco miembros de la comunidad Reinahuel, por los delitos de hurto simple de una radio desde la casa de uno de los cuidadores del predio y por usurpación no violenta de tierras.

CRUCE DE INFORMACIÓN
Durante el encuentro efectuado en Trafún, el jefe regional de Estudios, Marco Montero; el defensor titular, Luis Soto; la defensora de Los Lagos Loreto Mondión y la encargada regional de la Unidad de Apoyo a la Gestión de Defensa (UAGD), Karin Schmidt, entregaron a los comuneros información sobre el estado de tramitación de la causa, los plazos de investigación, las diligencias pendientes y las condiciones de cumplimiento de las medidas cautelares, entre otros temas.

Paralelamente, un equipo de antropólogos dio cuenta de la investigación que desarrolla  para la reconstrucción histórico-cultural de las dos comunidades, trabajo que eventualmente se complementaría con el peritaje antropológico encargado por la defensa pública y que constituiría un insumo para enfrentar la acusación en curso, iniciada por la Fiscalía de Panguipulli contra algunos miembros de la comunidad. 

Además, desde la perspectiva de la reivindicación, el equipo jurídico y de comunicaciones del Observatorio Ciudadano de Temuco se refirió a la gestiones efectuadas con miras a la recuperación de tierras a través de Conadi, solicitud que debiera ingresar al sistema y sustentarse en gran parte por esta investigación histórico cultural en desarrollo.

Para los miembros de estas dos comunidades mapuche, la reunión permitió contar in situ con todos los organismos e instituciones que los asesoran y representan en distintas materias. Para éstas últimas, en tanto, el cruce de información útil resultó fundamental para sus respectivas tareas.

Desde la Defensoría, Marco Montero relevó el valor de este contacto directo y en terreno, “lo que permite incorporar elementos culturales que enriquecen la prestación de defensa en este caso”, para luego destacar que este encuentro “responde a la preocupación e interés de la Defensoría Penal por brindar una defensa especializada y de calidad a los grupos más vulnerables de nuestra sociedad”.

PRÓXIMO NGUILLATÚN
Una de las inquietudes planteadas por ambas comunidades fue la necesidad de realizar -en febrero próximo- un nuevo nguillatún en el mismo sitio sagrado situado dentro del predio en conflicto. Como respuesta, la defensa se comprometió a realizar gestiones con el tribunal de garantía, a fin de que dicho ceremonial no se considere un incumplimiento de una resolución judicial vigente. 

Al término del trewún (reunión), el lonco Manuel Reinahuel agradeció en mapudungun el apoyo prestado por los inkachefes (abogados defensores) que concurrieron a su comunidad y expresó su confianza en la labor que la Defensoría ha realizado, invitando cordialmente a sus profesionales a participar en el próximo nguillatún de febrero.

La mujer viajaba desde Madrid a Santiago en un avión de la línea aérea Iberia. Durante el viaje habría tenido un altercado con las azafatas y el comandante del avión, debido a que ella
–de acuerdo a su versión- reclamaba permanentemente por la mala atención, lo que terminó subiendo los ánimos cuando la periodista ocupó un baño de la clase business, mientras que ella viajaba en clase turista.

La fiscalía la formalizó por el delito de amenazas y de lesiones leves en contra del comandante de la aeronave, además de unos puntapiés que habría propinado a un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI).
 
La audiencia terminó con una suspensión condicional del procedimiento, por lo que la periodista deberá cumplir por un año con las medidas solicitadas por el ministerio público: prohibición de acercarse a la víctima, entregar una donación de 50 mil pesos a Fundación Las Rosas y fijar domicilio.

Carolina Zúñiga optó por esta salida alternativa renunciando a su derecho de tener un juicio público y contradictorio, principalmente porque ella se encuentra radicada en España junto a su esposo y sus dos hijos y sólo viene a Chile a visitar a su familia.

LA DEFENSA 
La ex animadora contó con defensa penal pública, siendo representada por el abogado Cristian Mardones de la Defensoría Regional Metropolitana Norte.

A la salida de la audiencia el defensor respondió las consultas de la prensa, en su mayoría periodistas de programas de farándula que se encontraban apostados en distintos puntos del centro de justicia.

“Este caso hay que entenderlo en términos humanos, pues según el relato de mi representada, ella viajaba desde Madrid, en un viaje de 15 horas, con un problema lumbar -pues viene a Chile a operarse-, acompañada de sus hijos de cuatro años y un año de edad; y ella reclamó por la poca o nula ayuda y atención recibida por parte de la tripulación, lo que comenzó a generar un clima de tensión que terminó con mi representada imputada y detenida”, sostuvo el defensor.

El abogado indicó que según lo relatado por su representada, ella nunca tuvo la intención de agredir al personal de la aeronave y que sólo marcó distancia entre ellos cuando comenzaron a rodearla indicándole que se sentara y ella estaba con sus hijo más pequeño en brazos y llorando. Respecto de los supuestos puntapiés lanzados en contra de un funcionario de la PDI, ella lo niega completamente.

Lo que sí relató es que al momento de quedar detenida, una oficial de la PDI comenzó a burlarse de ella por los ya conocidos episodios de confusión que tuvo la ex animadora en los concursos de belleza en que participó en Chile.

Lo primero a tener presente si una persona es detenida es que, ahora con rango constitucional y con carácter de irrenunciable, tenemos derecho a contar con un abogado defensor. Esto se traduce en que si no se dispone de uno en forma particular y de confianza, nuestra institución, la Defensoría Penal Pública, le proveerá uno.

Es decir, cualquier ciudadano que se encuentre privado de su libertad tiene derecho a que, para seguir adelante con el procedimiento de detención, por ejemplo decidiendo declarar, que se ingrese a su casa, o entregando evidencia a las policías, le consulte a un defensor sobre la conveniencia o no de actuar de esa manera, ya que no tiene obligación alguna de auto inculparse.

Lo segundo es que la persona que detiene le debe informar las razones o motivos que se tienen para decretar su privación de libertad, y que se le exhiba la orden de detención, en su caso. Esto es relevante, ya que la policía debe actuar con un fundamento, y éste debe ser comunicado al detenido en forma inmediatamente coetánea a la detención.

Otro derecho relevante es el que comúnmente se conoce como la “llamada”, que no es otra cosa que el detenido puede exigir al encargado de guardia que informe, en su presencia, al familiar o la persona que él designe que ha sido detenido y el lugar donde se encuentra.

Por otra parte, el detenido tiene derecho a ser visitado por sus parientes y a comunicarse con ellos por otros medios, así como también a entrevistarse privadamente con su defensor en el cuartel policial.

Por último y, en la base de todo lo que se viene mencionando, está la obligación del funcionario respectivo de informar de sus derechos al detenido tan pronto como se decida dejar detenido a una persona. Es decir, no en el cuartel o al día siguiente, al salir camino al tribunal. Por otro lado, conveniente sería que los funcionarios informaran de sus derechos en voz alta a cada persona detenida, para salvar el problema de analfabetismo y, además, entregar copia escrita de la cartilla de derechos.

Es importante destacar que todo este procedimiento de detención no puede, en caso alguno, durar más allá de 24 horas (salvas algunas raras excepciones), sin que la persona sea puesta a disposición de un juez de garantía, que controle la legalidad y mérito de la detención practicada por la policía, en una audiencia denominada Control de la Detención, en la que el detenido estará acompañado de su defensor.

Ojalá no sea necesario recordar estas palabras, pero nadie, absolutamente nadie está libre de ser imputado de algún delito y, por ello, necesitar que se respeten y se hagan respetar estos sencillos pero tranquilizadores derechos.

Por José Luis Craig Meneses,
Defensor Regional del Maule.

En este marco, las políticas de seguridad ciudadana han tendido principalmente a la represión del delito, basándose en que la sanción a imponer sea la más severa posible, sin tener en consideración que la gran mayoría de los delitos son cometidos por personas reincidentes (80 por ciento), y de eso no escapan los adolescentes.

Muy por el contrario, quizá la cifra sea más alta, pero si vamos al fondo del asunto, a la raíz del delito visto como un fenómeno social con diversos factores que pueden dar lugar a su comisión, las políticas públicas existentes y que tienen como objetivo atacarlos han sido escasas y -a todas luces- poco efectivas.

Ahora bien, el 18 de junio de 2007 entró en vigencia la Ley 20.084, que estableció un sistema de responsabilidad penal de los adolecentes infractores de la ley penal. De esta forma se estableció un sistema penal especial, basado en el pleno reconocimiento de la capacidad penal y los derechos procesales de los adolescentes infractores de la ley y, al mismo tiempo, de las particularidades de su desarrollo, manifestadas en normas que están orientadas a su protección integral.

Eso es en el papel, por cuanto a más de cuatro años de su entrada en vigencia, existe aún y existirán por mucho tiempo desafíos para la consolidación de un sistema especializado de adolescentes infractores, que efectivamente procure a la plena  integración social de los mismos a través de políticas públicas que responsabilicen al adolescente.

Pero también debe procurarse su reinserción social (en atención a que el mayor porcentaje del de los delitos cometidos por los adolescentes son en contra de derechos patrimoniales), invirtiendo recursos no sólo en sancionar el delito, sino que más bien con una mirada holística, a fin de revertir las desigualdades sociales, baja escolarización o simplemente la falta de oportunidades que muchas veces llevan al adolescente a su comisión o reincidencia en el mismo.

Por Agustín Campillay Robledo,
defensor penal juvenil de la Defensoría Regional de Antofagasta.

Según Enrique Velásquez (foto interior), el defensor penal que llevó la causa, el escenario de sus representados es mucho más favorable ahora, ya que “se cumplió con la pretensión de la defensa, que sostuvo desde un comienzo que si bien no se discutiría la participación de los acusados en un hecho ilícito, éste no podía ser calificado de robo con violencia, sino como robo de especies que se sitúan en bienes nacionales de uso público. Siempre se alegó también la inexistencia del delito de porte y tenencia ilegal de arma de fuego respecto de uno de ellos”.

En cuanto a las pruebas presentadas en juicio, el defensor manifestó que “no fueron suficientes para acreditar la existencia del arma de fuego y, como consecuencia de ello, tampoco el porte, tenencia y su eventual utilización, razones por las cuales los magistrados no acogieron la tesis del Ministerio Público y el querellante. El tribunal no tuvo por acreditado actos de violencia, antes, durante o después de la sustracción de los salmones”.

Según Velásquez, no tiene claridad sobre la pena que recibirá cada uno de sus defendidos y menos certeza de que todos vayan a ser objetos de algún tipo de beneficio.

MEDIDAS CAUTELARES
Al momento del juicio oral, los siete acusados estaban con medidas cautelares de arresto domiciliario parcial, arraigo en sus respectivas comunas y prohibición de acercarse a dependencias de la empresa afectada. Tales medidas se suspendieron para que pudieran trasladarse a esta capital regional por el juicio, cuyo veredicto se comunicó hoy.

Así, y mientras la sentencia -que se dictará en los próximos días- no quede a firme, se impusieron a todos los imputados las medidas cautelares de arraigo nacional y firma quincenal en Carabineros.

Claudio Ruiz, dueño de la lancha “Estrella Polar” y único acusado de porte ilegal de arma de fuego, dijo tener confianza en que todo terminará en buen puerto, ya que nunca tuvieron dudas de decir la verdad.

“Previo al juicio conversamos con el defensor y él siempre nos pidió que dijéramos las cosas como sucedieron. A fin de cuentas, no somos culpables de lo que se nos acusa, pero sí culpables de un delito menor que nunca desconocimos”, aseguró. Ruiz destacó como “excelente” el trato recibido de parte de Enrique Velásquez, a quien calificó como “una excelente persona y excelente defensor”.

La lectura de la sentencia en esta causa quedó fijada para las 15 horas del próximo 28 de diciembre, en la misma sala  del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Coyhaique.

Comunicarles, por ejemplo, que la Defensoría se ha visto tocada por la ida de nuestro Defensor Local de la comuna de Cochrane, Andrés Benavides, quien emprenderá un nuevo proyecto de vida en la zona central de nuestro país. Sólo nos queda revertir este hecho, reorganizando nuestra gente y enviando un defensor de la región a cubrir ese puesto, con el propósito que para el próximo año esté permanentemente en esa localidad.
 
También señalar, como un hito importante durante este año, el inicio de un nuevo proyecto penitenciario, donde se orientaron cursos de perfeccionamiento en derechos de menores y derechos indígenas para todos los defensores, como forma de estar mejor capacitados para enfrentar causas de adolescentes y de indígenas que se puedan presentar en la región.

En cuanto a las proyecciones para este 2012, señalar que se presentan desafíos que pasan por seguir mejorando la calidad de la prestación que otorgamos a  nuestros usuarios, sea en materia de defensa de adultos, de jóvenes, en materia penitenciaria e indígena.

En este contexto, seguiremos con las visitas de presos y las visitas extendidas. Continuaremos ejecutando acciones que fortalezcan los convenios con otros entes públicos y privados que, directa o indirectamente, se relacionan con la problemática penal. De la misma forma, mantendremos la cooperación con el Ministerio Público, de manera de poder seguir defendiendo los derechos de los imputados.

También considero que se debe consolidar el programa de difusión de derechos, pues a pesar del tiempo transcurrido, aún nos encontramos con muchas personas que desconocen incluso la existencia de la institución y más aún sus derechos y la forma de desenvolverse frente a una citación policial o del tribunal.

Finalmente, considerando la evolución de las cifras, creemos que el próximo año existirá un aumento de un 10 a un 15 por ciento de los ingresos de causas en comparación al año pasado, ya sea en delitos por conducción en estado de ebriedad, lesiones menos graves, causas por violencia intrafamiliar y hurtos de pequeño monto.

En relación a lo anterior, sólo me queda aconsejarles que en estas fiestas de fin de año traten de cuidarse y, sobre todo, tener precaución con el consumo excesivo de alcohol, ya que desde nuestra perspectiva muchos de los delitos en materia de violencia intrafamiliar se producen en virtud del consumo excesivo de éste, lo mismo que delitos asociados a una conducción en estado de ebriedad.

Finalmente, agregar que las conversaciones que se llevan a cabo en torno a una mesa con alcohol se posterguen para otro día, a fin de que no ocurran problemas más grandes, que sean más difíciles de revertir.

También están el Defensor Nacional, Georgy Schubert; el fiscal nacional, Sabas Chahuán; el contralor general de la República, Ramiro Mendoza; el presidente del Tribunal Constitucional, Raúl Bertelsen, y la intendenta metropolitana, Cecilia Pérez, entre otros. Todos reciben el tradicional kippáh que los judíos calzan sobre sus cabezas para ceremonias de este tipo.

Es el inicio de la festividad religiosa judía de la Janucá (Hanookah o “Fiesta de las Luces”), que por segundo año consecutivo se celebró oficialmente en el Palacio de La Moneda, convocando no sólo a autoridades e invitados de todos los poderes del Estado, sino a muchos representantes de la colectividad judía en Chile, incluyendo al presidente de su Comunidad, Shai Agosin.

La Janucá se celebra durante ocho días y conmemora la derrota de los helenos a manos de los macabeos, lo que permitió la recuperación de la independencia judía y del templo de Jerusalén en el siglo II a.C.

Tal como lo explicaron durante la ceremonia, la tradición judía recuerda este hito como un milagro, pues el candelabro del templo pudo encenderse durante ocho días consecutivos con una exigua cantidad de aceite, que sólo alcanzaba para una jornada. Por ello, esta festividad supone encender, en forma progresiva, un candelabro de nueve brazos llamado januquiá, cada uno de los cuales recuerda un día de la festividad, más el brazo guía.

En el contexto de la ceremonia hubo dos discursos centrales, uno a cargo de Shai Agosín -quien destacó “la actual revolución mundial en defensa de los derechos y en contra de la inequidad”- y otro en manos del ministro Larroulet, quien destacó la importancia que tiene para el gobierno que La Moneda acoja distintas expresiones religiosas, por lo que anunció que además de los capellanes católicos y evangélicos que ya existen en Palacio, próximamente se sumará un rabino judío a ese grupo.

DEDICATORIAS
Aprovechando la simbología de cada uno de los días de esta festividad, cada vela es encendida por invitados representativos más un rabinop. Así, la primera vela, dedicada a los gobernantes de Chile, es encendida por los ministros Hinzpeter, Chadwick y Larroulet. La segunda, que dedica esperanza a todas las personas que sufren oscuridad, indigencia o enfermedad, es encedida por Lily Pérez y Gabriel Silber.

Un grupo de rabinos enciende la tercera vela, dedicada a destacar el valor de la diversidad en Chile, mientras que representantes de las fuerzas armadas encienden la vela dedicada a los docentes de Chile. La quinta vela, que simboliza un compromiso por construir un mundo mejor, es encendida por Sabas Chahuán, Raúl Bertelsen y Ramiro Mendoza.

El sexto testimonio es encendido por un grupo integrado por un capellán, un obispo y un rabino y se dedica a los religiosos de todas las congregaciones, para que la luz los inspire a promover la unión y la fraternidad. La séptima vela, encendida por los embajadores en Chile de Estados Unidos, Reino Unido e Israel, se dedica a quienes persiguen ideales o defienden valores. La última vela, finalmente, es encendida por la intendenta junto a representantes de la comunidad judía, para homenajear a las familias y a las mujeres de Chile.

A pesar de las constantes críticas al sistema y la escasa confianza que algunos manifiestan respecto de la reinserción de jóvenes infractores de ley, lo cierto es que se pueden encontrar ejemplos positivos; adolescentes que asumieron el desafío de salir adelante.

En este intento, encontraron un aliado fundamental, la Asociación Cristiana de Jóvenes (ACJ o YMCA, en inglés), que a través de los programas de intervención ambulatoria les brindó la posibilidad de nivelar sus estudios y ser capacitados en oficios de gran demanda en la región.

La libertad asistida especial es un tipo de sanción-penal,  aplicada sólo a los adolescentes en el marco  de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente,  y cuyo cumplimiento se dirige al desarrollo  de un plan de intervención asociado a un control de su conducta, la reanudación o nivelación de  la escolaridad, que puede  ir asociada a la rehabilitación por consumo abusivo de alcohol y drogas. Camino que no siempre es fácil, en atención a las circunstancias de cada joven, muchas veces carentes de respaldo familiar y social.

Para apoyarlos, cuentan con el trabajo irrestricto de los llamados delegados de libertad asistida, quienes operan en los programas de la YMCA y se abocan a respaldarlos a través de un férreo control y gestionándoles las mejores opciones para su reinserción.

Así es como anualmente se generan a través del Sence y la Secretaria Regional Ministerial de Educación las plazas para que los jóvenes infractores se reincorporen y mantengan en el sistema educacional, sea mediante la nivelación como mediante becas de capacitación en el ámbito de obtención habilidades para enfrentar el difícil mundo laboral.

Este año ingresaron 24 jóvenes a los distintos programas, algunos fueron egresando durante el periodo y otros -el grueso del grupo- obtuvieron recientemente sus certificados. En una emotiva ceremonia, fueron pasando uno a uno y, junto a sus familias, vieron cumplidos sus sueños. Ahora podrán optar a trabajos remunerados y vincularse en entornos de crecimiento laboral.

Asimismo, en la hora de los balances, cada uno de los delegados destacó a aquellos usuarios que demostraron en todo momento su firme decisión de superarse y alcanzar el gran desafío de la plena reinserción. En la ceremonia fueron premiados y alentados para seguir adelante.

RESULTADO SATISFACTORIO
A juicio de la directora del programa de libertad asistida espacial de Antofagasta, Teresa Rojas Torres, este año ha sido especialmente satisfactorio el resultado obtenido en el proceso de escolarización y capacitación de jóvenes infractores, por cuanto “por una parte, se duplico el número de ingresos al sistema escolar y , por otra, el porcentaje de egresos fue altísimo, lo que nos permite tener confianza y reconocer que los esfuerzos de los delegados está surtiendo efecto. Nuestros jóvenes están aprovechando las oportunidades que se les brindan y eso es un gran avance”, destacó.

En sus distintas intervenciones, los delegados de la YMCA reconocieron el esfuerzo de los jóvenes, quienes a su vez agradecieron infinitamente la oportunidad. “Aquí encontramos una opción real de reinsertarnos. En muchas partes se nos cierran las puertas por cometer errores y acá, en cambio, nos brindaron una oportunidad para cambiar, somos tratados como personas y eso nos permite confiar en el futuro”, señaló uno de los usuarios.

A claras luces, se cierra un año de satisfacciones para la YMCA pero, principalmente, estos 24 jóvenes dan fe de que se puede avanzar en la reinserción social, dejando de lado aquellas cifras negativas que hablan de un escaso porcentaje de adolescentes dispuestos a cambiar su vida luego de haber pasado por el sistema de justicia penal.

Asimismo, la Defensoría Penal Pública, a través de su Defensor Regional (S), Roberto Vega Taucare, destacó los logros obtenidos por estos jóvenes, pues “anima la  firme convicción de  que los procesos de rehabilitación en libertad deben ser el eje de la reinserción social de los adolescentes, como claramente se ha demostrado por estos 24 jóvenes, sus familias y sus delegados”.

La actividad fue encabezada por el Defensor Regional (S)de Antofagasta, Roberto Vega Taucare, quien junto a la jefa de Estudios, Loreto Flores Tapia, viajaron hasta la localidad de Chiu-Chiu, donde los esperaban los integrantes del consejo directivo de “Alto el Loa”, agrupación que representa a una veintena de comunidades.

Allí, en el llamado predio experimental Chacras Viejas -ubicado en el camino a Chiu-Chiu-, Vega expuso sobre los desafíos de la defensa especializada y, tal como se hizo con la ADI “Atacama la grande”, les explicó el marco general en que se desarrollará la atención de imputados -adolescentes o adultos-, poniéndose el más alto nivel de atención en los aspectos relacionados con la cosmovisión indígena.

Durante su exposición, Roberto Vega aseguró que el interés de la Defensoría en esta materia apunta a procurar una vinculación efectiva con el mundo indígena, para lo cual se cuenta con la asesoría y el trabajo de una facilitadora intercultural especializada.
 
“Nosotros comprendemos la relevancia de establecer vínculos de confianza entre el mundo indígena y la defensa, por lo cual contar con el apoyo de las distintas Áreas de Desarrollo Indígena es dar un paso muy importante para nuestra misión. De allí que agradecemos la posibilidad de ser escuchados por los consejeros”, destacó.

Al igual como ocurrió con los dirigentes de la otra macrozona, al finalizar la exposición del Defensor Regional los representantes comunitarios mostraron una muy buena acogida hacia los objetivos de esta defensa penal especializada, lo que se expresó en un acuerdo adoptado por el consejo de esta ADI, que permitirá crear una mesa de trabajo conjunto con la Defensoría Regional.

En un fallo decidor, y que sienta un importante precedente a favor de la seguridad de los niños y niñas que pertenecen a comunidades mapuches en la Región de La Araucanía, la  Corte sostiene que “la detención del menor FMM, vulnera las normas de la Convención Internacional de Derechos del Niños, especialmente lo dispuesto en sus artículos 6.2 y 16.1, disposiciones que imponen a los Estados partes la obligación de garantizar la “supervivencia y desarrollo de los niños” y evitar “injerencias arbitrarias o ilegales en su familia y domicilio”, situación que precisamente ha ocurrido en este caso, resultando evidente que ello vulnera la libertad personal y seguridad individual del menor de edad y que motiva acoger el recurso de amparo.

Por último, la Corte de Apelaciones de Temuco al acoger el recurso de amparo, “cuestionó la necesidad de tales incursiones y de la racionalidad de los medios empleados para llevarlas a cabo”.

El recurso acogido por los Ministros Presidente Leopoldo Llanos Sagristá, Fiscal Judicial Tatiana Román Beltramin y el Abogado Integrante Ricardo Fonseca Gottschalk, señalan textualmente que en relación al recurso presentado por el defensor penal mapuche Jaime López, “la Prefectura de Carabineros Malleco deberá efectuar los procedimiento policiales en dicho sector con estricta sujeción a la normativa constitucional y legal vigente, absteniéndose, en lo sucesivo, de afectar los derechos fundamentales de las personas amparadas, teniendo una especial consideración respecto de los menores de edad”.

Recordó que el 16 de diciembre de 2002 se puso en marcha en la región uno de los cambios estructurales más importantes que ha tenido la justicia chilena, la reforma procesal penal, la que bajo el slogan “Una nueva justicia para Chile” se institucionalizó con la idea de mejorar el anterior sistema y  entregar a los ciudadanos una justicia que resolviera sus conflictos sociales de forma eficiente, transparente, imparcial y accesible, resguardando tanto los derechos de las víctimas como los de los imputados.

Hasta antes de su aplicación, tanto la investigación como la acusación y la sentencia de un caso criminal estaba en manos de una sola persona, el juez del Crimen. Hoy, bajo este nuevo sistema procesal penal, la responsabilidad de dar respuestas prontas a los conflictos penales y asegurar las garantías individuales de las personas recae en instituciones que nacieron bajo el alero de esta reforma.

Surgieron entonces los juzgados de garantía, los tribunales de juicio oral en lo penal, el Ministerio Público -como organismo persecutor de los delitos- y la Defensoría Penal Pública, institución destinada a prestar defensa  penal de calidad a toda persona que lo requiera.

Pasados nueve años -dijo Rebolledo- “hemos visto crecer este proyecto en la región. Actualmente la Defensoría Regional de Aysén tiene presencia física en Coyhaique, a través de la Defensoría Regional y la Defensoría Local, como asimismo en las comunas de Aysén, Cisnes, Chile Chico y Cochrane, a través de las defensorías locales respectivas”.

En cuanto a su dotación de recursos humanos, la Defensoría Regional de Aysén cuenta con directivos, defensores locales, administrativos y auxiliares (26 en total), a quienes se agregó este año el apoyo de dos abogados licitados, quienes han asumido parte de la carga de trabajo de Coyhaique y Puerto Aysén.

HITOS RELEVANTES
Según datos del sistema informático de la Defensoría Nacional, desde el primer día y hasta la fecha se han atendido 119 mil 247 personas imputadas en 16 mil 55 causas en la región.

Los delitos de mayor ocurrencia son las lesiones menos graves (aquellas que producen enfermedad o incapacidad para el trabajo por un tiempo menor a 30 días), así como aquellas producidas en contexto de violencia intrafamiliar (VIF). En segundo lugar se ubican las infracciones a la Ley de Tránsito (conducir en estado de ebriedad), en tercero otros delitos contra la propiedad (hurtos de escaso valor) y, finalmente pero con una muy baja ocurrencia, los delitos de mayor impacto social, como homicidios, delitos sexuales y robos.

En particular, cabe destacar que la mayoría de la población de imputados de la región está compuesta por hombres y sólo un 12 por ciento corresponde a mujeres, las que usualmente no son investigadas por delitos graves y sólo excepcionalmente se les investiga por delitos graves que supongan prisión preventiva y posteriormente cumplimiento de penas privativas en el sistema cerrado. Esta realidad se refleja en los centros penitenciarios de Coyhaique y Chile Chico, los únicos que cuentan con sección femenina, con una población que no supera las cinco internas en total.

De modo complementario al trabajo que realizan los defensores locales en sus jurisdicciones, permanentemente se visitan durante el año localidades tan alejadas como Villa O’Higgins, Lago Verde y Caleta Tortel, con el fin de prestar asistencia jurídica a sus residentes, además de realizar difusión de derechos a adolescentes y adultos, para que sepan qué hacer en caso de enfrentarse con el sistema penal. De modo preventivo, además, se comenta la negativa experiencia que supone para toda persona cometer delitos y estar encerrado.

VIDEOCONFERENCIA
Según Rebolledo, desde el 2007 las oficinas de la Defensoría Penal en Coyhaique funcionan también como dependencia en la que se constituye el tribunal de garantía. Esto gracias al sistema de video conferencia, “que nos permite realizar audiencias de garantía a larga distancia en situaciones donde el imputado no puede estar de manera presencial en la zona. Esta herramienta nos ha permitido, entre otros beneficios, agilizar el proceso y evitar de esta forma gastos de traslado de los imputados, de por sí cuantiosos dada la situación geográfica de nuestra región”, explicó.

El Defensor Regional aclaro, además, que parte del trabajo de la Defensoría consiste en visitar a los imputados en prisión preventiva, con el objeto de informarles el estado de sus causas, su situación procesal y resolver sus dudas e inquietudes, de acuerdo con los requerimientos que le haga su defensor.

También se realizan visitas a los condenados, con el fin de asesorarlos en relación a los derechos que los asisten durante el tiempo de cumplimiento de condena y ayudarlos a obtener beneficios intrapenitenciarios, entre otros temas.

“El beneficio de contar con un abogado defensor durante todo el procedimiento penitenciario hasta la completa ejecución de la condena constituye una diferencia esencial comparada con el antiguo sistema, que no contemplaba asesoría jurídica para los condenados”, aclaró Rebolledo.

CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES
El directivo destacó también la permanente búsqueda de relaciones de cooperación con otros entes públicos y privados que se relacionan directa o indirectamente con la problemática penal. Así, durante 2010 se apoyó la ejecución del programa “Abriendo Caminos”, del Mideplan, que brinda apoyo psicosocial a hijos e hijas de personas privadas de libertad.

“Asimismo, en Puerto Aysén instauramos una ‘mesa de trabajo por la reinserción social de las personas privadas de libertad’, que integran la municipalidad, la Gobernación de Aysén,  el Serplac,  el Consejo de la Cultura, Gendarmería y la Defensoría Regional de Aysén. El objetivo es analizar la situación de las personas privadas de libertad y buscar alternativas para su reinserción y el apoyo de sus familias”.

Sobre este mismo tema, también durante 2010 se firmó un convenio de cooperación tripartito de colaboración con el Consejo Regional de la Cultura y las Artes y Gendarmería, para poder ejecutar acciones conjuntas tendientes a elaborar programas o actividades culturales que contribuyan a crear espacios de expresión artística y a facilitar el acceso a las manifestaciones culturales para quienes se encuentren privados de libertad en los recintos penitenciarios de la región.

“También fuimos pioneros en idear y apoyar la instalación en Coyhaique de una sala de venta de productos elaborados por los internos que fuese accesible al público, de manera de favorecer la venta de estos productos y ayudar económicamente a los internos y sus familias. A partir de la disposición de Gendarmería, a fines del año pasado se creó este local de venta, que hoy funciona en calle Simpson, al llegar a Avenida Ogana”, dijo Rebolledo.

PROYECCIONES 2012
Respecto de las proyecciones para el año próximo, el Defensor Regional aseguró que “se presentan desafíos que pasan por seguir mejorando la calidad de la prestación que otorgamos a  nuestros usuarios, sea en materia de defensa de adultos o jóvenes y en materia penitenciaria e indígena”.

Según Rebolledo se debe consolidar el programa de difusión de derechos, “pues a pesar del tiempo transcurrido, aún nos encontramos con muchas personas que desconocen incluso la existencia de la institución y -más aún- sus derechos y la forma de desenvolverse frente a una citación policial o del tribunal”.

“Siempre será bueno continuar con las actividades que proporcionen una mayor y mejor coordinación con el Ministerio Público y los tribunales de justicia, en pos de una mejor defensa y ejercicio de los derechos de los imputados, obviamente desde nuestra perspectiva, pues de modo alguno puede entenderse que la búsqueda de acuerdos con los otros intervinientes pase por olvidar que nuestro centro y razón de ser es el imputado”.

Finalmente y como desafío, Juan Carlos Rebolledo mencionó la idea de generar las acciones que sean necesarias para renovar la mística y el empuje con el que se ingresa a trabajar en la Defensoría, “sabiendo que se trata de una actividad en que estamos en contacto con personas carenciadas, vulnerables, que tienen en muchos casos sólo al defensor como apoyo a su verdad y a su interés de que se haga justicia en su caso concreto”.

Afortunadamente, el interés de Gendarmería por este tema y las excelentes relaciones interinstitucionales permitieron que varios oficiales y profesionales civiles de esa entidad (asistentes sociales y sicólogos) se sumaran a la actividad, participando no sólo como asistentes a la capacitación, sino incluso como expositores en varios de los módulos previstos.

Claudia Castelletti, jefa (S) del Departamento de Estudios de la Defensoría, valoró la realización de esta actividad por tres razones fundamentales: “Primero, esta academia marca el inicio de la extensión del programa de defensa penitenciaria de la DPP. Segundo, en ella participan defensores, jefes regionales de Estudios y funcionarios de Gendarmería. Y tercero, los representantes de Gendarmería también actúan como expositores en distintos módulos”.

EJECUCIÓN DE PENAS
La abogada Alicia Salinero, coordinadora institucional de defensa penitenciaria, explicó que en general, todos los módulos de esta capacitación -realizada en el Centro de Justicia de Santiago- se orientaron a temáticas relacionadas con la ejecución de penas, con la participación de los alcaides de las unidades penales donde operará el modelo de defensa penitenciaria e incluso de algunos directores regionales de Gendarmería.

“Los ejes fueron temas de derecho internacional de derechos humanos, de derecho administrativo y de normativa especial penitenciaria, incluyendo libertades condicionales, rebaja de condena e indultos, entre otros temas”, aclaró Salinero.

Así, hubo ponencias sobre “normativa y garantías internacionales en materia penitenciaria”, “incorporación del derecho internacional de derechos humanos al derecho interno chileno”, “acciones de amparo y protección” o “traslado de condenados al extranjero”, entre otros temas.

Entre los expositores –internos y externos- destacaron Claudio Nash, Eduardo Cordero, Christian Alveal (oficial de Gendarmería) y Fernando Mardones, jefe de la Unidad de Corte de la Defensoría, entre varios otros.

El pasado viernes, los participantes en la academia recibieron la visita del Defensor Nacional, Georgy Schubert (ver fotos), quien destacó la importancia de este proceso de desarrollo institucional, cuya licitación para la Región Metropolitana comenzó en agosto pasado y contempló la incorporación de once abogados, siete asistentes sociales y cuatro asistentes para la cobertura de defensa en el Centro Penitenciario Femenino (CPF) de Santiago, los recintos de Colina I y II y el Centro de Detención Preventiva (CDP) Santiago Sur, respectivamente.

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN
Dentro de la planificación de esta academia se incluyeron dos jornadas -ayer y hoy- con contenidos destinados sólo a funcionarios de la Defensoría. En la de ayer, aparte de una exposición sobre el Sistema Informático de Gestión de Defensa Penal (SIGDP) y otras sobre los informes sicosociales, se expuso a los participantes el tema de la difusión de derechos, componente que será muy importante dentro de la labor del nuevo equipo penitenciario, porque finalmente “tiene que ver con lograr una comunicación efectiva con grupos vulnerables como los condenados y sus familias”, dice Alicia Salinero.

Para hoy, la programación considera un taller de comunicación durante todo el día, a cargo de expertos de la Fundación Paréntesis, con el objetivo de reforzar en el nuevo equipo penitenciario habilidades en temas de comunicación y entrevista con personas que cumplen condena. Los módulos del taller estarán a cargo de los sicólogos Paulo Egenau -director ejecutivo de la fundación-, Germán González y Rodrigo Fuentealba.

La Defensoría Regional estuvo representada por Golda Barrientos, sicóloga de la Unidad de Defensa Penal Juvenil (UDPJ); Isabel Vargas, secretaria del Defensor Regional (S), y los defensores Agustin Campillay y Karin Rivas, quienes debieron cumplir turno para atender las numerosas consultas de los transeúntes.

Paralelamente, el Centro de Estudios y Trabajos (CET) de Gendarmería expuso los  productos elaborados por sus internos, los que fueron muy bien recibidos por los visitantes, todos tallados en madera de gran calidad, con un valor accesible y caracterizados por su originalidad.